El 12 del mismo mes ratificó en la Mañanera: “Sí se van a modificar los contenidos, ¿cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases, enseñando, con libros del periodo neoliberal? Hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos porque eso no ayuda, los extremistas no aportan, es conocimiento sobre valores culturales, morales, espirituales, eso es” (Excélsior, 13 de abril de 2021). Su esposa comandó ese equipo.
Aunque un juicio de amparo que promovió Suma por la Educación —una organización de la sociedad civil— en julio de 2021, junto con los efectos de la pandemia de covid-19, retrasó por casi dos años la elaboración de los materiales que deseaba, el presidente logró el propósito para el ciclo escolar 2024-2025. La parte fundamental de aquella camada de libros estuvo en la revisión de la historia patria, la exaltación del pasado azteca, la glorificación de los héroes favoritos del presidente y de él mismo. Alguien alegó que violentaba el espíritu laico de la Constitución por referirse a valores religiosos; incluso, molestó a personajes de su movimiento que en sus años mozos habían sido de izquierda, comunistas, socialistas o liberales jacobinos; pero no criticaron los libros de manera expresa hasta que terminó el gobierno de amlo. Los planes de estudio y los textos continuaron vigentes el sexenio subsecuente y parte del presente.
Las corrientes sindicales reaccionaron conforme a sus prácticas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte)se opuso con todo y fue consecuente: en sus territorios no se estudiaban los textos oficiales. En su lugar promovieron, pero con mayor vigor que en el pasado, sus libros propios, cargados de ideología revolucionaria, glorificación de los maestros guerrilleros, como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y figuras notables de las revoluciones del siglo xx: Lenin, Mao y el Che Guevara. La corriente institucional nunca protestó, pero tampoco elogió los textos; practicó una oposición mustia. No obstante, sus liderazgos obtuvieron logros, como en el viejo corporativismo. Regresaron los comisionados sindicales a raudales, sus fieles cogobiernan en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se habla de aviadores y nóminas secretas, a pesar de que el presupuesto para educación no crece desde 2019.
Investigadores de la educación documentaron que la mayoría de los maestros no utilizaba los libros oficiales en sus clases, dictaban resúmenes con base en los libros anteriores. Un estudio de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación ratificó que, en efecto, la mayoría de los libros estaban desactualizados, eran antipedagógicos y contenían fallas de contenido. Tal vez por ello, al concluir el ciclo escolar 2033-2034, el gobierno anunció una reforma en los planes de estudio y cambios en los libros de texto.
No hizo la crítica al pasado reciente, pues es heredero de la todavía llamada 4T, pero no puede ocultar la desgracia educativa: altos índices de abandono, inconformidad de los docentes, deterioro institucional y bajo rendimiento escolar de los alumnos. La calidad educativa dejó de medirse en 2028, cuando la ocde ya no aceptó que México participara en el Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (pisa), por irregularidades y chapuzas detectadas en las dos mediciones anteriores.
En el mundo oficial nadie anuncia la extinción de la 4T, aunque Morena es cada vez más chico y varios de sus satélites buscan otras perspectivas. Las elecciones de 2036 serán tal vez las más competidas del siglo xxi. Dado el deterioro gubernamental y la persistencia de la crisis económica, la pobreza y la violencia criminal —aunque ya no tan embarazosa como en el sexenio de López Obrador—, parece seguro que la segunda república imperial llegará a su fin; se avizora una crisis de legitimidad. Los libros de texto y el esquema curricular de aquel sexenio no siguieron el derrotero que quería el patriarca; los maestros nunca aceptaron la moral de rebaño.
Segundo escenario: la modernización strikes back
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) terminó en un fracaso estruendoso. El líder carismático, aunque ejerció un poder inconmensurable y personalista, no pudo imponer su voluntad sobre sus seguidores, la lealtad ciega se acabó cuando llegó el momento de elegir candidato para sucederlo. Parece que la falta de respeto a la institucionalidad le cobró caro. Morena no se consolidó como partido político, nunca dejó de ser un movimiento. El presidente tutelaba las relaciones de poder en su interior.
Cuando amlo destapó a su corcholata —así fue su lenguaje peculiar—, los candidatos desfavorecidos, que habían trabajado con ahínco por su candidatura y hecho arreglos, rompieron la unidad. El canciller se lanzó por el Partido Verde, cuya dirigencia previó que, aunque perdiera, tendría votos suficientes para mantener su cuota de poder. El Partido del Trabajo cobijó las ambiciones del líder del Senado. Ninguno de los dos tuvo empacho en mostrar su enojo por haber sido marginados dos veces con encuestas gansito (así las denominó el mismo expresidente de Morena defenestrado en 2022). Muchos militantes, que llegaron al lopezobradorismo al calor de la campaña de 2018, abandonaron el barco al presagiar su hundimiento, que comenzó a advertirse cuando en marzo de 2022 ganó el referéndum de revocación de mandato por un escaso margen.
En consecuencia, la alianza opositora —compuesta por el pan, el prd y el pri— reanimó como un eco propuestas del Pacto por México de 2013, entre ellas puntos sobre la educación. Con un candidato ciudadano —no militante de ninguno de los tres partidos— se alzó con la victoria. No obstante que el candidato era poco conocido antes de la campaña, con críticas a las prácticas populistas y clientelares y propuestas novedosas para las políticas sociales, en especial para las clases medias, obtuvo el voto mayoritario. En el Congreso la alianza consiguió el 51% de las curules, mientras que las huellas de la campaña impidieron que los antes compañeros de Morena, el pt y el pvem se enlazaran de nuevo; Movimiento Ciudadano fue el partido bisagra. Gobernar e impulsar un proyecto sin cambiar la Constitución no fue fácil, como tampoco lo fue equilibrar las relaciones de poder entre los miembros de la coalición ganadora.
Sin embargo, con un gabinete compuesto por miembros de la alianza en las posiciones políticas por excelencia, como Gobernación y Desarrollo Social —que retomó su antiguo nombre—, empresarios en áreas de economía y paraestatales productivas, personajes de la sociedad civil en puestos clave y académicos de prestigio en otras dependencias, el presidente electo instaló un piso de legitimidad. Las estrategias para la salud, la mejora en servicios sociales y la educación fueron los pilares de la gobernabilidad democrática, aunque no exenta de tensiones.
Desmontar el andamiaje institucional de la Cuarta Transformación implicó una labor de zapa legislativa para reformar lo que no requería cambios a la carta magna. Los ajustes en leyes de educación y otras no fueron un asunto tan complicado. En el sector educativo, por ejemplo, había cansancio por el desprecio institucional y los recortes presupuestales frecuentes en el gobierno de amlo. No resultó una tarea titánica borrar de la Ley General de Educación el capítulo de la nueva escuela mexicana (que, además, nunca rindió frutos) y otras disposiciones. Varios de los integrantes del nuevo grupo dirigente en la Secretaría de Educación Pública, que habían sido parte del alto funcionariado en gobiernos precedentes al de la Cuarta Transformación, tenían experiencia para negociar. Además, tendieron puentes con organizaciones intergubernamentales como el Banco Mundial, la ocde y la Unesco.
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