• Consolidación de una red integrada de áreas de conservación marina efectivamente protegidas en Patagonia chilena.El singular carácter archipelágico de la Patagonia chilena representa un desafío para la protección y conservación de los maritorios y las interfaces terrestres-marinas-dulceacuícolas, que difiere de las fórmulas de gestión en la mayoría de las áreas protegidas de Chile. En la Patagonia chilena, la conservación marina presenta aún muy serios déficits en términos de planes de manejo, monitoreo, seguimiento, fiscalización, financiamiento y comunicación hacia los ciudadanos. Actualmente, la gran mayoría de estas áreas marinas lo son solo en el papel y algunas de ellas aún conviven con actividades de acuicultura en su interior o están abiertas a las pesquerías artesanales y de mediana escala. En forma urgente se requiere pasar a la acción de conservación proactiva, tomando en cuenta los cambios ambientales globales que enfrenta la Patagonia chilena (Marquet et al., 2021). Además, se requieren nuevas aproximaciones metodológicas, como por ejemplo, el desarrollo de mapas de alta resolución (marinos y terrestres) de almacenamiento de carbono, en conjunto con mapas de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, para identificar y proteger áreas con los mayores co-beneficios (Soto-Navarro et al., 2020). Se hace urgente estudiar y proponer una red de áreas marinas de conservación más integral y representativa que la actual, que por un lado diferencie, y por otro aúne la Patagonia norte, central y sur. La futura red de áreas patagónicas marinas de conservación debe contemplar el desafío, no solo de cubrir y representar adecuadamente los diferentes ecosistemas, sino que, además, compatibilizar con las actividades productivas actuales y futuras considerando las aspiraciones y derechos de los pueblos originarios.
Es una prioridad incorporar en los planes de manejo la porción del borde costeromarino de cada una de las unidades Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) que contienen áreas legalmente reconocidas dentro de sus perímetros (Tecklin et al., 2021). Además, se propone el desarrollo de un protocolo y procedimientos legales para reconocer el carácter de áreas marinas protegidas de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios y de las Áreas de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, cuando sus titulares así lo soliciten, y generar un sistema de apoyo estatal para tales gestiones, incluyendo la preparación e implementación de los planes de manejo y administración.
• Diseño y ejecución de sistemas estandarizados de monitoreo de biodiversidad y estado de conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos.Se propone diseñar y aplicar, en conjunto con los encargados de las áreas protegidas, un sistema de monitoreo de largo plazo, y bajo costo, con una red mínima de 40 sitios de seguimiento distribuidos en los diferentes ecosistemas terrestres, ambientes dulceacuícolas, maritorio y criósfera. Se estima necesario incorporar en estas actividades de monitoreo ambiental a los múltiples usuarios de la biodiversidad y de los ecosistemas, especialmente los relacionados con acuicultura, pesca, turismo, transporte, extracción de recursos, minería, y otros (Nahuelhual et al., 2021). Los sistemas de monitoreo a largo plazo del estado de los ecosistemas más frágiles o valiosos ( e.g. , turberas, bosques intactos) son fundamentales debido a que proyectos tales como: la construcción del Puente de Chacao, la pavimentación de la carretera Austral, la ruta que conectará el territorio continental con la bahía Yendegaia, así como los permisos de exploración y explotación minera, conllevan graves incertidumbres para el futuro de la conservación de estos ecosistemas.
• Políticas de conservación inspiradas en la construcción de capacidades.Es esencial generar políticas y mecanismos de integración de las comunidades locales y visitantes en la Patagonia chilena, a través de un programa de información, capacitación, integración y co-responsabilidad para una conservación efectiva y sostenida (National Research Council, 2002). Es urgente aumentar la incorporación de las comunidades locales en la planificación, gestión, implementación y cuidado de las áreas protegidas. Debido a la escasez de recursos y necesidades de capacitación, cautelar el patrimonio natural solo con personal de los parques y otras áreas protegidas es improbable a corto y mediano plazo. La gestión debe ser reformulada, con programas de capacitación, y con financiamiento para un horizonte de una década, incentivando la participación ciudadana coordinada (ciencia ciudadana, ver Hermoso et al., 2020). La construcción de capacidades debe estar asentada en especial en un conocimiento profundo del valor del territorio, patrimonios natural y cultural, y cómo éstos contribuyen al crecimiento sustentable de las economías locales, el bienestar humano y la sustentabilidad de la biósfera. Estas políticas deben potenciar el conocimiento integrando a los ciudadanos de todos los orígenes y promover la unificación de valores y comportamientos, bajo una ética de administración socioambiental (stewardship) colectiva y responsable de los ecosistemas y sus recursos (Bennett et al., 2018; National Research Council, 2008; Noble et al., 2003).
• Incentivos a la colaboración binacional Chile-Argentina en conservación de la Patagonia.La Patagonia como un todo, con sus vertientes oriental y occidental, sobresale a nivel mundial por sus numerosos ambientes remotos sujetos a reducidos impactos antrópicos (Jones et al. 2018). Este territorio y maritorio están hoy expuestos a diferentes fuerzas de cambio global acelerado (climático, oceanográfico, pesquero, acuicultura, invasiones de especies exóticas, turismo, sobrepesca), que pueden afectar diferencialmente sus vertientes oriental y occidental. La colaboración, entre entidades académicas y gubernamentales chilenas y argentinas, pueblos originarios y ONG en la Patagonia es clave para generar y difundir nuevos conocimientos, promover el monitoreo de los ecosistemas y motivar acciones conjuntas de conservación. A modo de ejemplo, en 2018 en el extremo sur de Chile, se decretó el establecimiento de una de las mayores áreas oceánicas de conservación: el Parque Marino Diego Ramírez-Paso Drake, con 140.200 km 2, que se complementa con la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos (48.000 km 2). Ambas áreas son adyacentes en Argentina con el Parque Marino Yaganes, con 68.843 km 2. En este caso particular, la gestión de conservación coordinada Chile-Argentina es indispensable.
• Creación y financiamiento de un Centro Interdisciplinario de Conservación de la Patagonia chilena.Una de las necesidades más importantes en investigación y planificación de la conservación patagónica es incrementar el conocimiento interdisciplinario sobre los principales ecosistemas, sus necesidades de conservación y sus relaciones con el bienestar humano. Para romper con los esquemas de investigación y conservación fragmentarios y competitivos, proponemos apoyar la investigación interdisciplinaria que integre ciencia, sociedad y conocimientos tradicionales ancestrales, estableciendo así un puente entre los actores estatales, centros académicos regionales, pueblos originarios, privados y ONG. Con esta finalidad recomendamos la creación de un “Centro Interdisciplinario de Conservación de la Patagonia chilena” que cuente con personal e infraestructura propia y que se complemente con la colaboración de instituciones y otros centros regionales de frontera en investigación en ciencias naturales, sociales y humanísticas. Dicho centro debería generar líneas de investigación propias y potenciar los nexos entre las ciencias desarrolladas por diferentes entidades instaladas en la Patagonia chilena. Uno de los ejes importantes de acción de este centro sería implementar la visión de conservación patagónica mar-tierra-sociedad desarrollada en este capítulo. Los objetivos del centro deberían apuntar a: la investigación básica y aplicada con altos estándares, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, revisión de los planes de manejo, monitoreos sistemáticos en y fuera de las áreas protegidas, capacitación profesional de guardaparques, educación escolar y la implementación de programas de ciencia ciudadana (Hermoso et al., 2020).
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