José Guillermo Castro Ayala - Derecho civil constitucional

6 María Paula Vargas estudia la concepción del derecho de retracto y hace énfasis en que la multiplicidad de definiciones sobre este tema genera inconvenientes que inciden en la defensa y el correcto ejercicio de este derecho. De esta manera, su trabajo aporta claridad conceptual respecto de otras figuras jurídicas del derecho de consumo que, jurisprudencial y doctrinalmente, usualmente suelen ser confundidas con el retracto, en orden a esbozar una posible redefinición del derecho de retracto.

7 Lizeth Pineda Vargas parte de la problemática respecto al precio de los alimentos en Colombia, en concreto, el hecho de que dichos precios aumentan justificándose a partir de una serie de circunstancias o eventos que permiten mantener esta alza a lo largo del tiempo. A partir de este hecho, la autora analiza la naturaleza de las contingencias más comunes y su incidencia en el aumento del precio de los alimentos, para determinar qué papel juegan las políticas gubernamentales en la regulación y analizar la efectividad de esas medidas para la satisfacción del derecho a la alimentación de los consumidores.

8 Juan Sebastián Cortés Espitia analiza el desarrollo histórico y jurídico de las luchas por el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano. Esta problemática es fruto de la posesión ancestral en la que se desconocen valores propios de las prácticas liberales y de las dinámicas capitalistas que reivindican el derecho a la propiedad privada y, por el contrario, se reconocen dinámicas históricas y funciones alternativas, de subsistencia y justicia social como en su momento reconoció el maestro Valencia Zea.

9 Pablo Alfredo Pineda analiza los distintos modelos de familia, como institución nuclear y fundamental de la sociedad, a fin de entender cuál es el principal elemento que permite recoger e identificar al grupo familiar. Para este fin, el autor expone múltiples modelos no convencionales y contemporáneos de familia, analiza el rol que han de desempeñar sus integrantes y muestra que, más allá de las disposiciones normativas, el principal elemento aglutinador es el afectivo anudado a la voluntad responsable de establecer una familia.

10 Diego Hernando Arévalo Martínez parte de la controversial y problemática intervención de la justicia constitucional en los contratos de seguro, contratos regidos, en principio, bajo las normas del derecho privado. De esta manera, el autor trata de dilucidar cómo el precedente constitucional afecta la figura jurídica del contrato de seguro al crear nuevas reglas para las partes contratantes. A través del análisis jurisprudencial, en materia de acciones de tutela y del rol de la Corte Constitucional en los conflictos del derecho de seguros, se plantea una incómoda tensión entre seguridad jurídica y la garantía de los derechos fundamentales (en especial, los derechos sociales) de la población.

11 El profesor Joaquín Emilio Acosta Rodríguez presenta un estudio que parte de la influencia del fenómeno de la globalización, tanto en su vertiente jurídica como económica, en el derecho de contratos, lo cual implica porosidad en las fronteras (primero geopolíticas, pero también conceptuales). Desde los procesos de integración económica hasta la universalización de los derechos humanos, se ha enriquecido el paisaje jurídico del régimen contractual. Por lo anterior, hoy en día, es necesario hablar de un “derecho transnacional de contratos” que explica los nuevos y —ahora— constantes cambios en la modernización y unificación (a nivel estatal, supraestatal y mundial) del núcleo duro del derecho privado: las obligaciones y los contratos. ¿Se trata acaso de la adaptación del derecho a nuevas realidades y demandas sociales o de la instrumentalización del derecho por parte de la economía y el libre mercado?

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David Andrés Rodríguez Reyes

Sebastián González Rodríguez

Pasar la página de un conflicto armado o de un régimen autoritario implica un gran esfuerzo institucional para transitar de un régimen de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, de injusticia y opresión, a un Estado justo, pacífico y democrático que garantice la vigencia de todos los derechos humanos. En ese sentido, la labor que los tribunales constitucionales pueden desempeñar en la construcción de un posconflicto es importante y, de hecho, el éxito de esta labor no solo compete a quienes suscriben un acuerdo o pacto político para poner fin a las hostilidades de las partes en conflicto, sino que esta tarea va mucho más allá e involucra a toda la sociedad en general.

Sin embargo, no todos los ciudadanos tienen el capital jurídico y político (Bourdieu, 2000) para influir en las decisiones de las altas esferas del poder que deciden sobre la implementación y el desarrollo normativo del posconflicto. En este contexto, los tribunales constitucionales no tienen un rol estático durante el posconflicto, sino que, por el contrario, pueden —y deben— intervenir activamente en su construcción. La labor de estos tribunales se magnifica si se tiene en cuenta que lograr el tránsito a la paz y la vigencia de un orden justo y democrático pasa necesariamente por garantizar, respetar y hacer justiciables todos los derechos humanos.