Humberto Rojas Pinilla - Teoría y práctica del análisis de conflictos ambientales complejos

El caso de la informalidad urbana como conflicto por uso del suelo es recurrente en los países del Sur, hecho que se ha extendido por sus proverbiales características de pobreza, inequidad y segregación socioespacial, por lo cual es previsible que se mantenga y permanezca irresuelto en el tiempo sin transformarse.

Por otra parte, las fallas y fragmentaciones de los dispositivos de poder cumplen una función importante en los conflictos, en virtud de su heterogeneidad o del enfrentamiento entre las lógicas inherentes a sus objetivos. Por ejemplo, los dispositivos de seguridad buscan proveer de un mínimo de bienestar a la población: techo, alimentos, empleo, etc., mientras que la lógica neoliberal establece otras lógicas de provisión de bienestar por la vía de subsidios focalizados y el mercado, lo que puede generar conflictos.

Los estudios sobre intratabilidad de la escuela norteamericana han reseñado cómo la contradicción presente en un conflicto es a menudo aprovechada por los actores menos poderosos para poner sobre la arena de debate temas de mayor relevancia ( high stake distributional issues ) (Lewicki et al ., 2003). Es decir, involucran elementos estructurales, como, por ejemplo, exigir un cambio en la lógica u orientación de los dispositivos de poder en los que, por lo general, el costo del arreglo es mayor al de mantenerse en la disputa, lo que incide en el aumento de su duración y ocasiona que los intentos de transformación no tengan éxito. Es claro que los dilemas presentes en las contradicciones —especialmente en las formas de resolverlas— fijan precedentes, como es el caso de las sentencias de las cortes constitucionales y los fallos del Consejo de Estado, que surgen precisamente de conflictos, movimientos, resistencias y acciones colectivas que buscan el cambio social.

El nivel meso de análisis tiene que ver, específicamente, con el examen de las maneras como las prácticas de la gubernamentalidad, a través de ciertos saberes y dispositivos —jurídicos, disciplinarios o de seguridad—, han intervenido a la población y el territorio de Bogotá mediante unas estrategias (iniciativas, normas, procedimientos, planes, políticas y programas) que, por una parte, buscan regular no solo la ocupación del suelo urbano, sino también los procesos de normalización de los barrios informales y la consecuente provisión de recursos claves para la supervivencia (educación, salud, infraestructura de servicios, transporte, equipamientos, etc.) desde una clara perspectiva biopolítica, pero, por otra parte, también han generado una compleja gama de contradicciones, que se evidencian en los patrones de ocupación y configuración no planificada del territorio de la ciudad y el conjunto de dinámicas problemáticas que han emergido alrededor de la gestión del suelo desde la aclimatación 38de instrumentos de ordenamiento a comienzos del siglo XX , como, por ejemplo, el city planning , producto del urbanismo como saber hegemónico.

Las intervenciones urbanísticas puestas en marcha a lo largo de los siglos XX y XXI en Bogotá se han dirigido a normar y regular la ocupación del territorio, el crecimiento de la ciudad y el acceso al suelo, mediante la incorporación de categorías como, por ejemplo, de suelo urbano, suelo rural y conservación; sin embargo, han ido construyendo un habitus que mantiene y reproduce sus propias características duales (formal-informal), el cual, a pesar de algunos logros, es funcional al sistema socioeconómico extractivo, excluyente, segregacionista, depredador de la naturaleza, corrupto y clientelista colombiano; las sinergias entre estas lógicas de actuación de la gubernamentalidad y las dinámicas sociales han conspirado para generar fuertes presiones sobre la expansión urbana no planificada (Aprile, 1992; Aunta-Peña, 2009; Pécaut, 2001; Torres-Tovar, 2005, 2007).

A continuación, se profundizará en la noción de gubernamentalidad como tecnología de poder y en el papel que desempeña, ya sea para prevenir el conflicto, transformarlo o elevar los rasgos de intratabilidad al involucrar, a través de sus dispositivos jurídicos y de seguridad, nuevos actores, normas, competencias y funciones.

La intratabilidad y las prácticas de la gubernamentalidad

La noción de gubernamentalidad formulada por Michel Foucault fue definida y redefinida durante sus clases dictadas en el Collège de France entre 1978 y 1979. 39Según este autor, este concepto remite al

conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber, la economía política y como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad. (Foucault, 1999, p. 195, citado por Castro-Gómez, 2010, p. 61)

Como tecnología de poder, la gubernamentalidad emergió en Europa entre los siglos XVII y XVIII, fruto de la transformación de las concepciones sobre cómo gobernar el territorio: los preceptos, las percepciones, los fines, los objetos y los actores de gobierno necesarios para producir riqueza. Responde a las preguntas: ¿por qué medios?, ¿a quiénes? y, principalmente, ¿para qué gobernar? (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 1989, 2006). De acuerdo con Quijano (2000), la gubernamentalidad actúa como dispositivo del capitalismo y la colonialidad, funcional a la idea de gobierno y a la razón de Estado , la ratio guvernatoria , que atraviesa la tríada colonialidad-capitalismomodernidad, en la medida en que los cambios en la racionalidad de gobierno y de creación de riqueza para el Estado sentaron las bases y condiciones de posibilidad para la acumulación y la producción capitalista moderna basada en la colonialidad.

El Estado como “peripecia” de la gubernamentalidad debe, desde una lógica de Estado, soberana, liberal o neoliberal, regular las relaciones entre la población y los recursos del territorio, por lo cual, mediante sus mecanismos jurídicos, policivos, disciplinarios y de seguridad, conforma unidades administrativas de gobierno, fija límites, regula la entrada y la salida de personas, bienes y recursos, impone normas de comercio y control social y aplica sanciones y penas, entre otras funciones dirigidas a la utilización óptima de los recursos y el mantenimiento y mejoramiento de las riquezas de la nación. Desde su lógica, se debe propender por un uso “eficiente” de todos los recursos.

La población y los recursos, desde la lógica de la razón de Estado, deben ser utilizados como “una máquina” para producir riquezas, mercancías, bienes e incluso un tipo particular de sujetos: sanos, calificados y dóciles. No obstante, ella no actúa de la misma manera en el grueso de las sociedades. En las sociedades poscoloniales los aparatos estatales cuentan con fuertes limitaciones para actuar eficazmente bajo estos principios. Sus dispositivos de poder entrelazan distintas lógicas que, por estar enraizadas en un origen colonial, incorporan en sus dispositivos de gobierno tecnologías soberanas y pastorales que privilegian el control del territorio, con el fin de extraer recursos, apropiarse de los bienes, riquezas y, eventualmente, la vida de los sujetos, así como también lógicas de Estado, liberales y neoliberales (Castro-Gómez, 2010; Acemoglu y Robinson, 2012).

Estos acoplamientos en las lógicas de los dispositivos de gobierno en el Sur han conformado un habitus cimentado no solo en un escaso respeto por la vida de los “lugareños, locales o nativos”, sino también en la imposición de saberes, disciplinas y lógicas que propician la emergencia de conflictos. Como anotaba Azar, la mayoría de los Estados donde se manifiestan los conflictos intratables tienden a caracterizarse “por su incompetencia, parroquial fragilidad, gobierno autoritario e incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos”, a lo que se adiciona el uso de métodos represivos para manejar el conflicto, la poca capacidad del sistema político, la ausencia de participación y la tradición burocrática, centralizada y jerárquica, heredada de las administraciones coloniales (Azar, 1990, p. 10).