Jorge Eliécer Guerra Vélez - La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991

Las recientes crisis económicas y el desorden ambiental han renovado el interés por leer algunos precursores de la izquierda. Incluso al espectro de Marx se le ve deambular en las librerías, las disertaciones, las propuestas de algunos dirigentes y organizaciones políticas. En Colombia, sin embargo, esa búsqueda de referentes ideológicos no es tan asidua, a veces disimulada en las lecturas íntimas o en discusiones privativas de pequeñas formaciones que prefieren no ser luego tildadas de revolucionarias u obsoletas. Lo que explica por qué los referentes neomarxistas o de otras corrientes son cada vez menos perceptibles en el depósito teórico de las organizaciones de la izquierda legal y reformista, aun si de esa orfandad son también damnificadas sus pares en el mundo. Lejos queda este trabajo de suplir un tal vacío, empero tiene como tributo develar algunas de las ideas que antiguas y novedosas se presentan al servicio del pensamiento de este campo político-ideológico en el país. A ciencia cierta el intitulado de este libro generará repulsión entre ciertos grupos sociales y políticos; por fortuna se tiene la esperanza de que habrá próximos o extraños al campo de la izquierda que se esforzarán en leerlo, para disponer de mayores elementos en el momento de argumentar sea en su favor o en su contra. A los que con cizaña soplan a quienes realizamos estudios en Francia que aquí las discusiones con connotaciones de izquierda, la movilización y las huelgas son un deporte nacional, no queda sino replicarles que esas prácticas evidencian tanto un grado de modernidad y de conciencia política como la mayoría de edad de un país que acepta las oposiciones contradictorias y les da tratamiento mediante el debate abierto y democrático. Y a propósito, ¿por qué no emular en nuestro propio país algunos de esos hábitos, adaptarlos o superarlos incluso? De seguro nuestra democracia imperfecta de inmediato se revitalizaría.

1Pizarro Leongómez, Eduardo. Colombia: ¿Renovación o colapso del sistema de partidos? p. 109. En Manuel Alcántara y Juan Ibeas (eds.), Colombia ante los retos del siglo xxi. Desarrollo, democracia y paz (pp. 99-126). España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.

2Ibid.

3No ha habido dictaduras, pero las tasas de homicidios de los últimos cinco decenios superan las cifras de muertes que suelen adjudicárseles a las dictaduras. Las cifras del Informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no son alentadoras, en el 2014 este daba cuenta de más de doce mil muertes (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis. Datos para la Vida. Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia. Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 2014). A diferencia de las cifras que expone la Policía y que se valen solo del acta de defunción o levantamiento de cadáveres, en este estudio se tienen en cuenta a quienes mueren días después de ser víctimas de una agresión o accidente.

4Ver Torres Giraldo, Ignacio. Los inconformes. Historia de la rebeldía de las masas en Colombia. Bogotá: Margen Izquierdo, 1972, vol. 4, p. 8.

Primera parte

La Constitución de 1991, cigoñal de una fallida alternativa de izquierda

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Acuerdos de paz en medio de la confrontación bélica

Dos situaciones marcan el cierre de los ochenta: la desmovilización y transformación de algunas guerrillas en organizaciones partidistas y la llamada guerra al narcotráfico a partir del gobierno Virgilio Barco (1986-1990). Esta segunda situación abre un periodo de violencia que afecta a toda una nación cautivada, y en parte con su propia anuencia, por las ansias del dinero a cualquier costo y el cinismo de esa “pequeña casta oligárquica [que] ha dominado históricamente la política colombiana”,1 a la que con categórica puntualidad se refiriera David Bushnell. Como era de esperarse, los únicos beneficiados serían los señores de la guerra sucia. La introspección de este segmento de la fatalidad colombiana, cuya fascinación hala a nacionales y foráneos, resulta bien difícil dado que pululan las argumentaciones acerca de las causas estructurales o coyunturales que engendraron esa situación conflictiva. De hacerlo se corre el riesgo de abrir la caja de Pandora. Sin hacer gala de una novedad, aquí se ha escogido el grifo de la recapitulación de esos procesos de reinserción a la vida civil de algunas guerrillas. Son muchas las ocasiones en las que estas y el Estado se sentaron en la mesa buscando ponerles fin a sus diferencias; y cuando las negociaciones no funcionaron, la arremetida fue aún peor, llevándose por delante vidas y esperanzas, al tiempo que avivaban la confrontación hasta ­épocas recientes. Si la paz ha estado siempre en el horizonte común, cada bando la ha concebido diferentemente. Casi replicando en la distinción que de una paz negativa y otra positiva hicieran Bobbio y Matteucci, es la primera la que más añora todo Gobierno cuando solo desea la simple ausencia de la guerra, mientras que la segunda es la de las organizaciones del tipo guerrilla, para las cuales el fin de las hostilidades debe ir acompañado del reconocimiento a las demandas que las llevaron a alzarse en armas.2

El Movimiento 19 de Abril, su ascendencia en la Colombia de la década del ochenta

Al finalizar los años setenta y comenzar los ochenta, el Movimiento 19 de Abril (m-19) fue el grupo guerrillero con mayor retumbo, debido a la envergadura de sus acciones contra el establecimiento y a su capacidad para obtener simpatías entre las clases populares. Un decenio más tarde, en el marco de unas nuevas negociaciones de paz este grupo va a acaparar de nuevo toda la atención; por un lado, por las simpatías que recogía entre una porción de la clase media en las principales aglomeraciones urbanas, claramente próxima al mundo académico y la cultura; por el otro lado, por ser el primero en decirle adiós a la guerra. Al respecto explicaba Jaime Zuluaga Nieto: “no era la guerrilla más numerosa, ni la más fuerte militarmente. Pero, sin duda alguna, era la que había abierto el camino de la recuperación de la política para el movimiento insurgente y la que más había contribuido a romper su carácter marginal”.3 Y algo más, la decisión del m-19 se acompañaba de la expectativa de una nueva alternativa política que quebraría el bipartidismo, lo cual no habían logrado otros procesos previos de izquierda ni otros ajenos a ella.

La negociación final con el m-19 tuvo lugar en el caserío de Santo Domingo, Cauca, principal centro de sus operaciones. Tras una última “conferencia” o serie de diez encuentros el 5 de octubre de 1989, el turno le correspondió al Gobierno, a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y a algunos emisarios de diferentes instituciones políticas y sociales, quienes firmaron el 2 de noviembre el que llamaron Pacto Político por la Paz y la Democracia.4 Este pacto luego va a materializarse el 9 de marzo de 1990 con el desarme en la población de Caloto (también en el Cauca). Refiriéndose a este acontecimiento, Jaime Rafael Nieto encontraba una importancia en dos sentidos:

Histórico, pues con la desmovilización del m-19 era la primera vez que una guerrilla surgida en el contexto del Frente Nacional, y cuya estrategia se orientaba a derrocar al Estado, renunciaba a la continuidad de la guerra como estrategia de lucha por el poder y aceptaba incorporarse a las instituciones básicas del régimen político, convirtiéndose en movimiento político legal. Sin embargo, la mayor importancia se revelaba en el contexto inmediato de la política nacional. Con la dejación de las armas y la desmovilización de sus destacamentos, el m-19 lograba capitalizar a su favor el sentimiento nacional por la paz y, en buena medida, encarnarlo, en un momento en el que la violencia polivalente y múltiple se exacerbaba.5