Ni uno solo de los 43 artículos del Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 da respuesta a la situación de los temporeros africanos [2] [2] A fecha de revisión de este texto, la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, en el que se contempla un programa de colaboración financiera específica extraordinaria para los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios existen asentamientos chabolistas de personas inmigrantes. Estas medidas aún no se han implementado. Para saber más: [https://www.eldiario.es/andalucia/Junta-insostenible-situacion-asentamientos-inmigrantes_0_1016999129.html#click=https://t.co/SRi0lAHzg4]. [3] Según los datos de Gestha Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda [ http://www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=566 ]. [4] A fecha de revisión de este texto, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que establece en su art. 30 un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de empleadas domésticas. Es una medida excepcional a causa de la crisis sanitaria. Las trabajadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social y forman parte de la economía sumergida no se beneficiarán de esta prestación. [5] Informe analítico y propositivo de la Federación de Servicios de CCOO Andalucía en relación a las Políticas turísticas, julio de 2018. [6] En el momento de la revisión de este texto, el Gobierno ha anunciado que está elaborando una propuesta de ingreso mínimo vital que se prevé poner en funcionamiento en mayo de 2020, estando aún a debate su regulación.
. El Real Decreto garantiza una prestación por desempleo a todos los trabajadores que se vean afectados por la suspensión de contratos de trabajo (ERTE) debido a la crisis sanitaria, pero y ¿los trabajadores y trabajadoras que no tengan un contrato de trabajo que puedan suspender?
En España la economía sumergida representa el 25 por 100 del PIB [3] [3] Según los datos de Gestha Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda [ http://www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=566 ]. [4] A fecha de revisión de este texto, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que establece en su art. 30 un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de empleadas domésticas. Es una medida excepcional a causa de la crisis sanitaria. Las trabajadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social y forman parte de la economía sumergida no se beneficiarán de esta prestación. [5] Informe analítico y propositivo de la Federación de Servicios de CCOO Andalucía en relación a las Políticas turísticas, julio de 2018. [6] En el momento de la revisión de este texto, el Gobierno ha anunciado que está elaborando una propuesta de ingreso mínimo vital que se prevé poner en funcionamiento en mayo de 2020, estando aún a debate su regulación.
. La economía sumergida de un país es difícil de medir, ya que precisamente se nutre de actividades que escapan a los controles estadísticos. También sabemos que estas cifras representan realidades muy diferentes, desde los pagos en negro de transacciones inmobiliarias hasta los trabajos sin contrato en sectores como la hostelería o el de las tareas domésticas. Son estas personas trabajadoras de sectores sumergidos y precarizados las que padecerán el impacto de la crisis económica originada por la pandemia con escasas o nulas ayudas públicas para afrontarla. Las personas más pobres se empobrecerán más.
Las trabajadoras del servicio doméstico y las cuidadoras son uno de los colectivos más desfavorecidos por la normativa laboral y cuya situación se ve más agravada en el actual contexto. El trabajo doméstico está regulado por un régimen especial de la Seguridad Social que reconoce menos derechos que el general. Así, las trabajadoras domésticas no tienen reconocida prestación por desempleo, y ahora, cuando pierdan el empleo a causa del COVID-19, tampoco cobrarán el paro [4] [4] A fecha de revisión de este texto, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que establece en su art. 30 un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de empleadas domésticas. Es una medida excepcional a causa de la crisis sanitaria. Las trabajadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social y forman parte de la economía sumergida no se beneficiarán de esta prestación. [5] Informe analítico y propositivo de la Federación de Servicios de CCOO Andalucía en relación a las Políticas turísticas, julio de 2018. [6] En el momento de la revisión de este texto, el Gobierno ha anunciado que está elaborando una propuesta de ingreso mínimo vital que se prevé poner en funcionamiento en mayo de 2020, estando aún a debate su regulación.
. A esto hay que sumar el porcentaje que no tiene alta en la Seguridad Social, las que trabajan en negro, que dependerán de la «buena voluntad» de la parte empleadora para mantener su puesto. Por otro lado, el trabajo de cuidados ha sido históricamente invisibilizado y precarizado y, por tanto, realizado por las personas con menor capacidad de elección, las más pobres. En la actualidad, son las mujeres inmigrantes sin permiso de trabajo las que se ven abocadas al trabajo doméstico en condiciones de mayor precariedad. Ninguna medida contra el COVID-19 suavizará el impacto de la crisis en la vida de estas mujeres. De nuevo se evidencia que este sistema económico no puede reconocer el trabajo de cuidados porque su propia existencia lo pondría en evidencia. Se levantaría el telón y se descubriría el secreto: que la producción no se mantiene si no existen cuidadoras, y que repartir con ellas la riqueza que su trabajo genera supondría una nueva distribución de la economía que impediría las ingentes cantidades de acumulación de capital en manos de los más ricos. Esta crisis lo pone una vez más de manifiesto.
No son las únicas. El fraude y la precariedad en el sector de la hostelería son generalizados en Andalucía, con un 52,4 por 100 de temporalidad y un 36 por 100 de parcialidad [5] [5] Informe analítico y propositivo de la Federación de Servicios de CCOO Andalucía en relación a las Políticas turísticas, julio de 2018. [6] En el momento de la revisión de este texto, el Gobierno ha anunciado que está elaborando una propuesta de ingreso mínimo vital que se prevé poner en funcionamiento en mayo de 2020, estando aún a debate su regulación.
. Más allá de las estadísticas, lo que vemos en nuestros pueblos y ciudades como norma general son incumplimientos de los convenios respecto a salarios y descanso, y fraudes en la Seguridad Social –darse de alta 4 horas y trabajar 12 es la norma–. Los trabajadores y trabajadoras de la hostelería que se vean afectados por un ERTE durante la crisis sanitaria recibirán un 70 por 100 de su salario, pero normalmente su salario en nómina no coincide con el real por causa del fraude generalizado, por lo que un ERTE supondrá que muchas de estas personas cobrarán ínfimas prestaciones durante la crisis sanitaria. Sería innumerable la casuística de desamparo en la hostelería si sumamos la situación de contratación fraudulenta de los repartidores de comida a domicilio, las camareras de piso de los hoteles que se han acogido al descuelgue del convenio para pagar menos salarios, o directamente el trabajo sin alta en la Seguridad Social. Donde resido, mucha gente vive con los 30 € que gana poniendo copas las noches que trabaja sin contrato en un bar.
Aún más invisibles y, por tanto, con menor amparo ante la embestida de la crisis son los vendedores ambulantes. La venta ambulante, la recogida de chatarra, la venta de fruta o el top-manta son los recursos económicos de supervivencia para las personas que conforman las bolsas de desempleo estructural que el sistema genera, personas gitanas e inmigrantes en su mayoría. La imposibilidad de llevar a cabo estas actividades económicas de supervivencia está generando mayores dinámicas de exclusión de estos grupos.
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