Felipe Larraín - Cómo vivir bien 100 años

7 La “imprevisión” es un concepto que combina falencias como miopía y sesgos del comportamiento.

8 Que los proveedores de servicios sean empresas privadas (como las AFP o las C. S. de Vida) u organismos estatales (como el Instituto de Previsión Social, IPS) no incide en el carácter público del mandato ni en la propiedad privada del trabajador sobre los derechos a pensión. Por eso, no es correcto clasificar a las pensiones como “privadas” o “estatales” según el organismo que provee el servicio.

9 Los tres programas son la “pensión básica solidaria”, el “aporte previsional solidario” (APS) y el “subsidio de pensión mínima” para los afiliados al sistema antiguo (administrados por el IPS). El retiro del APS es gradual, a una tasa de solo 30%. Se llega al costo fiscal de 1,2% sumando 0,7% por la PBS y APS, a una estimación de los subsidios de pensión mínima del sistema antiguo, por 0,5%. Brasil parece ser el segundo país de América Latina que más gasta en pensiones no contributivas, pues su “pensión rural” cuesta 0,6% de su PIB.

10 Ver capítulo 6 en Valdés, S. (2002), Mercados y Políticas de Pensiones, Ediciones UC. Si la fórmula indicara una pensión de monto único para todos sería equivalente a una pensión no contributiva financiada por un impuesto afectado sobre las remuneraciones cubiertas. Eso sería más regresivo e ineficiente que los impuestos generales, pues estos también gravan las rentas del capital y requieren una tasa más baja.

11 Ver capítulos 8, 9, 10 y 11 Valdés, S. (2002), Mercados y Políticas de Pensiones , Ediciones UC.

12 Ver capítulos 12, 13 y 14 en Valdés, S. (2002) Mercados y Políticas de Pensiones , Ediciones UC.

13 El nombre “reparto” ha sido fuente de confusiones, pues hay autores que erróneamente lo han presentado como sinónimo de “redistribución”. Por ejemplo, P. Antolín indicó que “reparto” equivale a “redistribución” en la primera lámina de su presentación ante la Comisión Bravo (3 de septiembre de 2014). Ese mismo autor reconoce más adelante que reparto equivale a “pensiones pagadas con contribuciones corrientes” (PPCC), lo cual contradice esa primera lámina.

14 El reparto también es compatible con varias fórmulas previstas de ajuste a los distintos tipos de riesgo o incertidumbre agregada (otra dimensión de diseño). Por ejemplo, es compatible con la “cuasicontribución definida” usada en Polonia y Suecia.

15 Si el gobierno se conformara con perder toda aquella parte del empleo que los empleadores pueden eliminar con facilidad, la elasticidad de la demanda por trabajo que subsiste sería menor, al menos en un rango, y las alzas de impuestos al trabajo forzarían a esa parte del factor capital (que no emigró) a conformarse con rentabilidades subnormales. Eso ocurre solo una vez que el empleo cubierto local ha caído significativamente, y ha aumentado el empleo de baja calidad sin cobertura de seguridad social. Pero eso no es todo: aún en este caso, esa rentabilidad subnormal del capital reduce el ahorro privado y la acumulación de capital productivo. A lo largo de las décadas, eso reduce los salarios y el empleo cubierto local en relación con lo que se habría alcanzado con menos impuesto. Este efecto fue cuantificado para la economía chilena por Schmidt-Hebbel (1997), encontrando daños importantes.

16 Gruber, J. (1997), “The incidence of payroll taxation: evidence from Chile”, Journal of Labor Economics , vol. 15, N° 3, Part 2, July, p. S72-S101.

17 Nada de esto impide transformar cotizaciones de cargo del empleador en cotizaciones de cargo de trabajador y viceversa, de modo neutral, es decir, sin efecto sobre el costo empresa ni sobre el salario líquido (ver fórmulas de equivalencia en capítulo 5.3 de Valdés [2002]).

18 El excedente es “transitorio” en el sentido de que solo dura por los primeros 40 años contados desde que se suma el plan de reparto, o desde que se reduce el grado de capitalización de un plan de pensiones que continúa.

CAPÍTULO 3

Decisiones del adulto mayor al cumplir la edad legal de pensión

JUAN BRAVO M.

Un momento muy esperado en la vida de muchos trabajadores es aquel en que, tras una larga vida de trabajo, llega la hora de retirarse y disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, para gozar del máximo bienestar posible en esta etapa de la vida es esencial contar con ingresos suficientes para mantener un estilo de vida relativamente similar al que se tenía durante la vida laboral activa. Si la falta de recursos para mantener un determinado nivel de vida lleva a un ajuste abrupto en las posibilidades de consumo en la vejez puede generar un grave daño a la salud emocional y física de los adultos mayores, afectando negativamente su bienestar. En consecuencia, un equilibrio adecuado entre salud física, emocional y bienestar material requiere realizar una planificación anticipada de esta etapa de la vida.

En este capítulo se discuten las opciones que se le plantean al adulto mayor al momento de cumplir la edad legal de pensión, con el objetivo de que pueda tomar las decisiones más convenientes en términos financieros y con toda la información disponible. También se discuten las opciones laborales del segmento de adultos mayores que ha cumplido la edad legal de pensión para verificar en qué grado es posible para este grupo de la población tomar acciones que les permitan mejorar su nivel de ingresos.

Edad de pensión y de jubilación de los chilenos: ¿por qué difieren?

En la discusión pública suelen utilizarse indistintamente los conceptos de jubilación y pensión como si fuesen lo mismo. Esto es un error garrafal, que confunde a la ciudadanía, lo cual resulta altamente pernicioso en un contexto en donde existe alta asimetría de información y falta de educación previsional. No es extraño ver que en los sitios web de las propias AFP –que no deberían cometer esta clase de errores– se confundan ambos conceptos.

La edad de pensión corresponde a la edad en la cual el trabajador comienza a recibir los beneficios de su ahorro, esto es, a cobrar su pensión. El artículo 3 del Decreto Ley 3.500 establece que tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres. En este capítulo nos referiremos a estos umbrales como la edad legal de pensión. Como se aprecia, la ley solo establece una edad mínima para ejercer el derecho a pensionarse, pero no obliga a hacerlo precisamente en ese momento. Al cumplir la edad legal de pensión la persona tiene la posibilidad de ejercer este derecho en cualquier momento que lo desee.

Por su parte, la edad de jubilación corresponde a la edad en que el trabajador se retira en forma definitiva de la fuerza laboral, y en consecuencia, deja de participar en el mercado laboral. De este modo, las edades de pensión y de jubilación pueden coincidir, pero no necesariamente lo hacen, ya que hay personas que pueden seguir participando en la fuerza laboral a pesar de estar recibiendo una pensión. Ello, porque como ya se mencionó antes, la ley no obliga a las mujeres a cobrar su pensión a los 60 años y a los hombres a los 65, solo le permite ejercer este derecho a partir de entonces. Al mismo tiempo, la ley en ninguna parte obliga a jubilarse al cumplir la edad legal de pensión. Es por ello, que una persona puede perfectamente seguir trabajando y cobrar su pensión, con lo cual no sería catalogada como jubilada, pero sí como pensionada.

Ambas edades juegan un rol clave en los ingresos del adulto mayor durante la vejez. La edad de jubilación determina el momento en que la persona deja de percibir un ingreso laboral y, por ende, debe sostenerse mediante otras fuentes de ingreso, ya sea una pensión, las rentas de alguna propiedad en caso de tenerla, etc. Por otra parte, la edad de pensión marca el momento en que se empiezan a utilizar los ahorros previsionales acumulados. Mientras más temprano sea, menor será el monto mensual de la pensión.