Varios autores - Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano - competencias, instrumentos de planificación y desafíos

Ahora bien, al igual que como señalábamos con el caso de las dinámicas territoriales del poder derivadas del conflicto armado, la periferia colombiana y el olvido estatal de estas zonas han conducido a otro tipo de dinámicas territoriales y al surgimiento de poderes de facto que tienen origen en otro factor: el económico. Nos referimos a que estas zonas, las cuales debido a su carácter periférico y a la falta de presencia del Estado cuentan con grandes reservas de recursos naturales, han empezado a ser penetradas por empresas multinacionales que pretenden la explotación de dichos recursos en razón de la apertura económica.

Ante la ausencia del poder estatal, estas empresas multinacionales que arriban al territorio periférico inexplorado por el Estado imponen nuevas dinámicas sociales y culturales mediante las cuales establecen su poderío económico. Como hemos visto, los municipios y los territorios indígenas que se encuentran en estos lugares suelen adolecer de una falta sustancial de recursos físicos y económicos para la garantía de los mínimos esenciales del ser humano (de acuerdo con el paradigma mayoritario de la población), los cuales pasan a ser suplidos por estos actores económicos. Jimena Sierra ha resaltado que en contextos campesinos y mineros como los de Marmato, las empresas multinacionales que desean explotar los recursos en el territorio utilizan diferentes estrategias económicas para moldear el consentimiento de las comunidades en su favor 114. De manera similar ha ocurrido en el caso de Cosigo y Tobie Mining, en donde la multinacional “sobornó” a algunos miembros de la comunidad indígena para que desestimaran la consulta previa que se había realizado para la constitución del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis 115.

Al respecto conviene señalar que, si bien para Margarita Serje esto es producto de una estrategia consciente por parte del Estado, y es una manifestación de la apertura económica; a nuestro juicio se trata de una realidad que es desconocida e ignorada por el propio ordenamiento territorial previsto en el ordenamiento jurídico 116.

Con relación a los fenómenos de la desterritorialización y la glocalización , es posible evidenciar que el ordenamiento territorial colombiano aún no se ha preparado para ellos, limitándose a reconocer algunas competencias mínimas en materia de relaciones internacionales y cooperación en los casos de los municipios fronterizos como Cúcuta 117. No obstante, diferentes municipios y ciudades del país han empezado a insertarse dentro de las dinámicas globales, y con ello han empezado a desfigurar las fronteras territoriales internas y externas que el derecho les impone. Luis Eslava ha trabajado sobre la forma en que el derecho internacional opera cotidianamente en Bogotá, en particular en lo que respecta a los barrios constituidos ilegalmente en la periferia de la ciudad 118.

Como hemos visto recurriendo a algunos ejemplos, el ordenamiento territorial colombiano desarrollado por el legislador presenta, en esencia, una estructura tradicionalista del territorio. En esa medida, lo aborda desde la perspectiva del poder y su ordenación, favoreciendo en esa medida principalmente criterios económicos, demográficos y políticos. A la vez que también incluye algunas disposiciones que intentan dinamizar dicho concepto por medio del reconocimiento de la necesidad de reevaluar, modificar o alterar el ordenamiento territorial.

Pese a lo anterior, como lo ha destacado Liliana Estupiñán, el desarrollo legislativo del ordenamiento territorial ha dejado de lado gran parte de los objetivos e ideales que los constituyentes diseñaron al aprobar la Constitución de 1991 [119]. En ese sentido, y al haber quedado en manos del legislador el verdadero desarrollo del territorio y de las entidades territoriales, la realidad colombiana muestra que no se está ante una concepción holística e integradora del territorio como la que hemos propuesto en la segunda parte de este documento.

En términos generales, la tradición jurídica occidental propone una definición del territorio (y, en consecuencia, de su ordenación) que se caracteriza por limitarse a definir las cuestiones que le interesan solo al derecho. Esta concepción es resultado, principalmente, de la forma en que la comunidad internacional opera en la modernidad en virtud del reconocimiento de los principios de integridad territorial y soberanía territorial fijados con ocasión de la Paz de Westfalia y de sus eventos sucesivos.

No obstante lo anterior, la realidad nacional e internacional ha cambiado sustancialmente con el paso de los años. En ese sentido, han surgido diferentes preocupaciones y diferentes teorías que reivindican la importancia de estudiar y comprender los conceptos a partir de una lectura interdisciplinar. Esto quiere decir que, entre otras cosas, el derecho no puede ser estudiado y construido solo desde la disciplina jurídica, sino que debe utilizar también herramientas de las demás ciencias sociales, entre ellas la historia, la sociología, la geografía y la antropología.

A partir de esta nueva propuesta metodológica, los conceptos de territorio y de ordenamiento territorial requieren de un nuevo estudio que reconozca una multiplicidad de fenómenos y situaciones que son para él relevantes. En este escrito nos hemos limitado a identificar y a explicar apenas cinco cuestiones que consideramos que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de hablar sobre el territorio y su ordenación. En concreto, hemos explicado la importancia de comprender nuestro pasado colonial, de utilizar la historia para la comprensión de los conceptos y de las relaciones sociales, de reconocer las dinámicas sociales y el componente social del territorio, de ver también las implicaciones de las características físicas y naturales del espacio y, por último, de reconocer también las dinámicas actuales del poder no estatal.

Como ejercicio analítico y pedagógico, hemos hecho una revisión general del ordenamiento territorial colombiano para determinar si puede o no ser objeto de las críticas que la doctrina ha formulado a la concepción tradicional del territorio y del ordenamiento territorial. A partir de ello hemos evidenciado nuestro ordenamiento jurídico no ha sido desarrollado con suficiencia por parte del legislador, y que en parte esto ha llevado a que siga siendo un ordenamiento estático que no reconoce lo que ocurre en él y a su alrededor. En ese sentido, es posible afirmar que en cierta medida nuestro ordenamiento territorial es un ordenamiento impuesto, por haber sido construido a partir de estándares europeos; sesgado históricamente, en la medida en que desconoce la historia prehispánica e invisibiliza a los pueblos indígenas; descontextualizado, por cuanto ignora las dinámicas sociales propias de la realidad del territorio; miope, al pasar por alto las características físicas y geográficas de cada territorio, y anacrónico, en cuanto mantiene la noción tradicional de soberanía nacional del poder público, lo que conduce a un fuerte impacto en los derechos de las personas y de los territorios.

“Historia e historiografía del derecho internacional: entrevista a Antony Anghie, Martti Koskenniemi y Anne Orford”, en Derecho internacional: investigación, estudio y enseñanza , t. 1, Historia(s) del derecho internacional , PAOLA ANDREA ACOSTA ALVARADO, LAURA BETANCUR RESTREPO y ENRIQUE PRIETO-RÍOS (eds.), Bogotá, Universidad del Rosario, 2020.

ABRAMOVICH, VÍCTOR. “Poderes regulatorios estatales en el pluralismo jurídico global”, en Global Campus Human Rights Journal , vol. 1, 2017, pp. 141-164.

ACOSTA ALVARADO, PAOLA ANDREA y DANIEL RIVAS-RAMÍREZ. “A milestone in environmental and future generations’ rights protection: recent legal developments before the Colombian Supreme Court”, en Journal of Environmental Law , vol. 30, n.º 3, 2018, pp. 519-526. DOI: 10.1093/jel/eqy024.