Francisco Gutiérrez Sanín - Violencias que persisten

Aquí se sitúa, por ejemplo, la experiencia del tránsito de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) hacia un proceso democratizador en el que finalmente se crean condiciones para la vigencia de un capitalismo gansteril que tenía ya las condiciones para favorecer la inserción internacional como contexto en que se sustentó la vigencia económica de diversas zonas de Rusia. El tipo de violencia que se exacerba en estos contextos se acerca aún más al perfil típico de la violencia política (junto con la criminal), y, por tanto, las diferenciaciones como compartimentos estancos de ambos tipos de violencia no tienen lugar. Federico Varese aborda este punto en relación con la democratización y el auge de la criminalidad 53.

A continuación se enuncian las principales motivaciones de uso de la violencia que se reconocen y que configuran elementos que se interrelacionan estrechamente.

• Tipos de violencia en escenarios de posacuerdos.

– Violencia política: se ejerce con la pretensión de modificar la distribución del poder político en la sociedad y busca a la vez su preservación o modificación en las relaciones políticas en el nivel macro.

– Violencia económica: muy asociada con las actividades criminales.

– Violencia social: producto de las tensiones en las relaciones sociales y la lucha por la influencia en una comunidad u organización. La violencia es usada para obtener un poder de control social. Se busca alterar estructuras de poder en el control territorial, social y comunitario. También, se manifiesta en su ejercicio por parte de actores jóvenes tradicionalmente excluidos junto con sus familias. Su expresión incluye la violencia en las mismas familias 54.

Como puede observarse y a manera de ejemplo, la violencia económica que se ejerce por razón de actividades criminales se traduce a su vez en la búsqueda simultánea de un control social. Las rutas de narcotráfico, los sitios de acopio, la presencia de laboratorios, los puntos de embarque, generalmente demandan ejercicio de la violencia de protección que afecta gravemente a las comunidades. En el caso colombiano, la obsesión dominante en múltiples círculos dentro y fuera del poder institucional de reducir el narcotráfico a la presencia de cultivos de uso ilícito impide una observación compleja de las diversas variables que se expresan en el contexto de economías criminales.

• Perpetradores.

– A escala internacional: presiones y decisiones (y no solo intervenciones) de carácter internacional generan una responsabilidad en hechos de violencia, sobre todo de instancias de seguridad estatal. En el caso colombiano, el marco bilateral con Estados Unidos, que tiende a narcotizar la agenda y a presionar la criminalización de los productores, genera resultados negativos para su vida y los derechos humanos.

– A escala estatal: incluye tanto las continuidades que se derivan de los nexos entre agentes del Estado y economías criminales (prestación de la seguridad para los servicios de las economías ilegales), como la violencia que se ejerce, por ejemplo, en nombre de la guerra contra las drogas, esgrimiendo el imperio de la ley. La presión por reducir áreas de coca mediante la erradicación forzosa ha conducido a escenarios de confrontación entre productores y Fuerza Pública, aun cuando se han firmado previamente acuerdos colectivos de sustitución. El desenlace más crítico se produjo el 5 de octubre de 2017, cuando fueron asesinados oficialmente seis campesinos en la vereda El Tandil, del corregimiento Llorente, en el municipio de Tumaco 55.

– A escala comunitaria: todas las estructuras dirigidas a ejercer un control con el uso de la fuerza en los ámbitos locales y regionales. El neoparamilitarismo, las bandas criminales, las estructuras armadas que reclaman un perfil político en el que se conjuga una mezcla de violencia política con criminalidad, se inscriben en este contexto.

– A escala individual: la persistencia de odios con acciones individuales (venganzas), violencias que se exacerban generalmente con el uso de alcohol.

Como se observa, la lectura sobre la violencia en posacuerdos debe ser holística, reconocer que existen múltiples propósitos por parte de sus perpetradores; además, que opera a diferentes escalas y tiene diversos impactos en muchas esferas de manera simultánea. Los perpetradores poseen en general una alta capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes. Incluso los cambios de escenarios que van de la guerra a la paz propician condiciones para el ejercicio de la violencia. Todos estos diversos actores y escenarios deben ser reconocidos y, por tanto, diferenciarse de pretensiones unívocas en la caracterización sobre el uso de la violencia. Por su magnitud e impactos en Colombia, el asesinato sistemático de líderes sociales y de excombatientes de las FARC expresa el carácter emblemático del ejercicio de la violencia en los posacuerdos.

Seguridad en los posacuerdos en Colombia

Entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en la que se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP) y el 20 de julio de 2019, 627 personas líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados 56. Su distribución anual se expone en la tabla 5.

De las 627 víctimas, 92 eran mujeres y 535 eran hombres; 142 eran indígenas, 55 eran afrodescendientes y 245 eran campesinos, ambientalistas, comunales o impulsores del PNIS. El conocimiento de las motivaciones, así como los perpetradores, principalmente los autores intelectuales, ha sido muy limitado; hasta ahora, la información se basa en establecer correlaciones, principalmente en cuanto a contextos, sin que en ellas se establezcan con claridad relaciones de causalidad. Así mismo, algunas entidades, tanto públicas como no gubernamentales, se han dedicado a señalar aspectos parciales de la serie de homicidios, y en otros casos, agresiones en contra de líderes sociales y de derechos humanos. Aún con esos limitantes, se pueden observar algunas tendencias de lo que está ocurriendo.

Tabla 5. Asesinato de líderes sociales entre el 24 de noviembre de 2016 y el 20 de julio de 2019

Fuente: Indepaz-Marcha Patriótica, “Informe de líderes y defensores de DD. HH. asesinados”, 26 de julio de 2019.

En primer lugar, la Procuraduría señala que los homicidios de personas relacionadas con el proceso de restitución de tierras comportan aproximadamente un 17 % del total de asesinatos de líderes sociales 57. Es un porcentaje alarmante si se tiene en cuenta que no incluye las muertes de los defensores de derechos territoriales (DDT) de otros procesos relacionados con conflictos agrarios que no pueden ser tramitados mediante el proceso especial de restitución de tierras, pero que han determinado la historia de violencia en el campo colombiano. El 20 % pertenecían a comunidades cubiertas por algunas órdenes judiciales de protección colectiva, y es aún más preocupante que, del total de DDT étnicos asesinados, el 75 % eran miembros de comunidades que al momento de los homicidios ya tenían ordenadas medidas de protección. Chocó, Córdoba y Nariño son los departamentos que lideran los homicidios en este tipo de escenario 58.

En segundo lugar, personas (campesinos, etnias, comunales) relacionadas con PNIS representan entre un 8 % (Comisión Colombiana de Juristas) 59y 10 % (Indepaz, Marcha Patriótica) 60.

En tercer lugar, y según el Observatorio de Violencia Social y Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), del total de acciones o hechos violentos que atentan contra los derechos de estos grupos sociales (amenazas, secuestro, desaparición, atentados y asesinatos), el liderazgo comunal (69 %) y el social (55 %) son los que agrupan el mayor número de asesinatos. Los líderes políticos sufren más amenazas en relación con todos los hechos violentos; el asesinato es del 15 % 61.