Varios autores - Sujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz - Libro 1

Para operar, el Frente Alto Ariari realizó alianzas con miembros de las Fuerzas Militares, en especial de la Brigada 7. Alias Chatarro y alias Julián se reunieron en una finca ubicada en el corregimiento de Pueblo Sánchez, en El Dorado, con miembros del Batallón XXI Vargas, entre ellos el coronel Héctor Alejandro Cabuya, un capitán de apellido Rivera y tres oficiales más. En esa reunión, alias Chatarro les presentó a alias Julián a los oficiales y, a partir de ese momento, paramilitares y militares construyeron una estrecha relación que […] les permitió meses después planear operaciones conjuntas (CNMH-UARIV, 2015, p. 108).

La desconfianza hacia la institucionalidad y la cultura política en suspenso

A nivel socio político, el municipio ha sido víctima de la violencia no solo de grupos al margen de la ley, sino también de integrantes de la fuerza pública. Esto, junto con la ausencia de protección en los tiempos más crueles del conflicto, las falsas expectativas y las promesas políticas incumplidas, generó cierta distancia y desconfianza de sectores de la comunidad doradina hacia la institucionalidad estatal (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).

Tal fue la ausencia de protección efectiva y el trastorno de la vida cotidiana que, en los peores años del conflicto, fueron los grupos armados quienes impusieron el control social a la comunidad. Fueron múltiples maneras en las que se expresó, entre otras: en la imposición de normas de convivencia y movilidad, en las prohibiciones para recibir visitas y en la imposición de prácticas de silencio y de aceptación (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).

En este mismo sentido, la cultura política del municipio se vio afectada por varias dinámicas, tales como la restricción que impone el régimen de terror, el control por parte de los actores armados en los procesos electorales, la coacción o imposición de candidatos, los obstáculos al ejercicio libre del voto y la cooptación de la institucionalidad por parte de grupos de extrema derecha (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).

Sobre esto apareció la siguiente noticia:

Los paramilitares se convirtieron en la chequera de varias campañas políticas, en “la escolta” de algunos candidatos y en el actor que intimidó a la población para forzar los votos en Villavicencio, Guamal, El Dorado, El Castillo y Granada. De ganar las elecciones, el político se comprometía a entregar el 10 por ciento de la contratación, así como tres cargos en la Alcaldía para que las AUC controlaran las finanzas del municipio ( Verdad Abierta , 2015b).

Más aún, los vínculos entre los paramilitares y las autoridades locales también fueron documentados: “En El Dorado […] los mismos paramilitares confesaron que contaban con la complicidad del entonces alcalde Euser Rondón (1998-2000), a quien apoyaron” ( Verdad Abierta , citado por Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 6). Esto refiere las relaciones entre políticos y paramilitares en el Meta.

Verdad Abierta (2010) colocaba en uno de sus encabezados lo siguiente: “Euser Rondón, el puente entre los ‘paras’ y políticos del Meta”. Algunas de las reuniones entre políticos y paramilitares se realizaron justo en las fincas Casas Roja y Azul, cuya extensión fue aumentando con las tierras que los Centauros iban despojando ( Verdad Abierta , 2015a, “El Dorado al que se hizo alias ‘Don Mario’”).

Las deudas con el deber de memoria

Esta deuda con la verdad es otro hecho propio de la dimensión política del municipio. Si bien es cierto que existen diversas iniciativas comunitarias u organizativas en El Dorado que en el pasado reciente acompañaron procesos relacionados con el desminado del territorio, con el Premio Nacional de Paz o con la restitución de tierras, en épocas más recientes, el acento está en promover proyectos de desarrollo y comercialización de productos e infraestructura y bienes materiales. El municipio se ha destacado por ser uno de los primeros en el país en lograr el desminado de sus territorios o en ser parte de un proceso de paz con municipios vecinos con quienes históricamente han existido fuertes conflictos.

Pero realmente es poco lo que en materia de derecho a la verdad y el deber de la memoria se adelanta. Algunos estudios constatan el poco reconocimiento que tienen algunas iniciativas sociales de memoria, de reparación y construcción de paz en el municipio (OIM, 2015). Esto lo constatamos en el trabajo de campo, por ejemplo, en la ausencia de reconocimiento a las iniciativas del grupo de tejedores y tejedoras por la paz, al trabajo de la Mesa de Víctimas. Se rescata el trabajo adelantado por las Juntas de Acción Comunal del municipio, pese al abandono y poco reconocimiento que tienen por parte de la administración local (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).

Otros investigadores que anduvieron el territorio afirman que en los testimonios sobre la historia política de las veredas se encuentran muchos silencios, miedos y daños, pues realmente –como ya lo hemos mencionado– el conflicto los involucró directa o indirectamente con alguno de los grupos al margen de la ley. Por tal razón, pareciera ocurrir que reconstruir la memoria histórica del municipio no es prioridad tampoco hoy, después del proceso de retorno de 2010, del laboratorio de paz, del proceso de desminado, del proceso de restitución de tierras y del proceso de reparación colectiva que desde 2013 viene andando. Como lo sostiene Gutiérrez (2011), mucha información se calla y se evade por temor. De otro lado, como lo señala también Gutiérrez (2011):

El uso que hacen los entrevistados de la memoria para abordar el tema de la historia política del municipio, destaca una posición política muy neutral porque la mayoría de la población de las veredas históricamente ha estado involucrada directa o indirectamente con alguno de los grupos al margen de la ley. Estos silencios dan pistas para comprender por qué la gente siente temor de recordar y evita posiciones comprometedoras (p.74).

Los efectos sobre el proyecto de vida campesino

Algunos autores, como el CNMH, hablan de la descampesinización como razón de la guerra. Señalan que las lógicas propias de la violencia estructural junto con las derivadas del conflicto armado en la región y el papel asumido por el Estado se constituyen en razones que sirvieron de impulso a los repertorios de violencia, que muestra efectos lesivos en contra del proyecto de vida campesino en todo el alto Ariari, y en El Dorado en particular. En todo caso, lo ocurrido allí muestra lo que el CNMH entiende como un proceso de “descampesinización”. Es decir, en esta región se hicieron presentes una serie de “prácticas que tienen como finalidad la marginalización negativa de la vida campesina y que producen un daño significativo” (CNMH-UARIV, 2015, p. 31).

En palabras del CNMH, se trata de una forma particular de violencia centrada en el campo y en la forma de vida campesina. Una forma de violencia que hace del campesino el sujeto víctima central del conflicto armado, víctima de la violencia material y simbólica de un tipo de proyecto político y económico dominante amparado por el Estado. Una forma de violencia propia de un modelo de desarrollo que margina negativamente a los campesinos del Estado (CNMH-UARIV, 2015). Finalmente, sobre estos paradigmas se agenció una “transformación forzada de la forma de vida de la población rural, vía violaciones a los derechos humanos… estigmatización…, ataques indiscriminados y victimizantes” (CNMH-UARIV, 2015, p. 32).

HECHOS DE VIOLENCIA, DAÑOS E IMPACTOS QUE JALONAN EL PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA

El Dorado forma parte de uno de los ocho (8) procesos de reparación colectiva que actualmente se adelantan con comunidades campesinas en el departamento del Meta. El avance ha sido significativo, pues allí la Ruta Integral de Reparación Colectiva –RIRC–, que arrancó en el año 2013, en la actualidad se encuentra en la fase de ejecución y el proceso está próximo a finalizar.