Varios autores - Sujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz - Libro 1

EL DORADO, PRÁCTICAS DE VIOLENCIA, AMBIGÜEDADES SOCIOPOLÍTICAS Y DEBER DE REPARACIÓN

En este apartado queremos hablar del contexto sociopolítico. Es decir, hablar de la presencia y relación histórica entre diversos actores que en el municipio se disputan el control del territorio y la tenencia de la tierra. Hablar del ejercicio del poder y la resistencia entre lógicas dominantes y el proyecto de vida campesino. Hablar de las dinámicas del conflicto y de sus efectos en las formas de organización y resistencia de la comunidad. Miremos entonces estos elementos que dan cuenta de la dimensión sociopolítica y que hemos organizado en los siguientes temas: las raíces bipartidistas y su relación con los orígenes de la violencia; el proceso de regionalización ideológica; el ingreso y control del territorio por el zar de las esmeraldas; el programa de laboratorio de paz y la política de seguridad democrática; la ambigüedad en la relación comunidad-actores armados; la desconfianza hacia la institucionalidad y la cultura política en suspenso; las deudas con el deber de memoria; y, finalmente, los efectos sobre el proyecto de vida campesina. Miremos cada uno de ellos.

Las raíces bipartidistas, los actores armados y la violencia en la región

El primer hecho está relacionado con la historia del departamento y del municipio, estrechamente vinculada con la colonización de los Llanos Orientales y con la violencia bipartidista de la década de 1950. Esta historia ha tenido y tiene repercusiones con respecto a la historia política del municipio. Justamente lo señalan así sus propios pobladores. La primera consecuencia que observamos se expresa en la recurrente tensión e incluso confrontación entre la dinámica abiertamente conservadora de la zona urbana del municipio y las dinámicas de algunas veredas (San Pedro y Caño Amarillo) y otros municipios señalados de ser áreas de influjo guerrillero.

Aunado a esto, encontramos la segunda consecuencia: la presencia y accionar de los actores armados, y con ello una crítica situación de los derechos humanos y la infracción del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es parte de la radiografía y la vida de El Dorado. Múltiples autores coinciden en señalar que la disputa por la tenencia de la tierra es la primera causa del desarraigo y que los actores armados obtienen ventajas estratégicas, tácticas u operativas sobre los territorios bajo su control, ya sea por la ocupación o por la acción estratégica que ejercen desde las regiones ocupadas ( Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016). Desde hace más de 35 años la guerrilla, y cerca de 20 años los paramilitares, hacen presencia en la región.

La guerrilla de las Farc hizo su aparición en la zona a comienzos de la década de los ochenta, a través del Frente 31, y a partir de 1991, a través del Frente 26. La principal tarea fue la de retomar el control del corredor de movilidad que conduce al páramo de Sumapaz, a través del cañón del río Guape Norte y que comunica los departamentos de Meta, Huila y Cundinamarca. En 1983, a pesar de que la fuerza pública instaló una base militar en el casco urbano de El Dorado, la actuación de los grupos paramilitares fue pública y abierta. Al año siguiente del surgimiento de la Unión Patriótica (UP) en 1985, este partido logró resultados electorales importantes en las alcaldías de El Castillo, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y Vistahermosa ( Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016).

Más adelante encontramos también que:

Para las Farc, el Meta ha sido un importante centro de toma de decisiones políticas, un lugar de concentración del Estado Mayor del Bloque Oriental Embo- y del Secretariado, un epicentro de crecimiento de sus frentes y de sus finanzas y un territorio clave para la comunicación del centro del país con el oriente y las fronteras nacionales ( ACNUR, s. f., p. 8).

En efecto, la violencia en el Alto Ariari ha sido uno de los rasgos más distintivos de la radiografía del conflicto en nuestro país. Heredera de la intolerancia del bipartidismo, se recrudece “hacia los años 80, de la mano de la militarización de la región y bajo el amparo del Batallón 21 Vargas con sede en Granada y de la Séptima Brigada”, dando paso a la conformación o irrupción de varios grupos de autodefensas (AUC), algunas enviadas desde Urabá y otras organizadas en El Dorado, que se dedicaron a cazar a los comunistas y a sus aliados (López, 2004, citado por Gutiérrez, 2011, p. 13) y que entran a disputarse entre ellas y con las Farc el dominio de los corredores estratégicos y, en la región, las zonas más aptas para el cultivo, procesamiento y transporte de la coca ( ACNUR, s.f.). Como lo mencionamos antes, su presencia también ha obligado a las comunidades al pago de rentas (extorsiones) a ambos grupos armados. En otros casos la población ha sido cooptada.

En esta línea encontramos el hecho relacionado con la creación, hacia 1987, del grupo de autodefensas campesinas El Dorado: “En el año 87, en ese entonces, empezó a armarse la gente en el pueblo a defender. Ellos eran campesinos y empezaron a cuidar el pueblo, a armarse prácticamente para cuidar el pueblo” (Gutiérrez, 2011). Según Verdad Abierta , este grupo se encontraba a cargo de alias Libertador (2012).

Según lo refiere el estudio sobre restitución de tierras de la Universidad Nacional y De Justicia (2016), es hacia 1992 cuando El Dorado logra la categoría de municipio, situación que desencadenó una oleada de violencia, motivada al parecer por los intereses territoriales, políticos y económicos que estaban detrás de esa nueva categoría. Además, se acentuaron los vínculos entre los grupos paramilitares con las autoridades locales y la población en general, algunos con relaciones de parentesco con comandantes reconocidos en la región ( Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 5).

La dinámica de la guerra atraviesa durante varios años la vida del municipio. En medio de este panorama, se generaron múltiples hechos de violencia por parte de paramilitares y guerrilla. Durante los períodos 1997-1999 y 2002-2005, El Castillo y El Dorado presentaron una tendencia de homicidios superior a los promedios departamentales, la que coincide, además, con la estrategia de exterminio ordenada contra la Unión Patriótica (UP) en el país. A finales de la década de 1990, en el marco de la negociación con el Gobierno, las Farc realizaron varias acciones contra pobladores de El Dorado y mantuvieron una actividad organizada en condiciones militares y logísticas aceptables. Asimismo, aprovecharon la cercanía con la “zona de despeje”. En forma paralela, se dio la llegada de la Casa Castaño al Meta (masacre de Mapiripán en julio de 1997) y, posteriormente, el ingreso del grupo paramilitar coincidió con la alcaldía de Euser Rondón (1998-2000), “líder” local con afinidad a Carranza, quien autorizó la entrada. El paso de autodefensas locales a Frente Ariari se justificó en razón de la existencia de los diálogos entre la guerrilla y el Gobierno, y se configuró en una estrategia militar para rodear la zona, controlar los ejes centrales del departamento y asegurar la expansión paramilitar y la injerencia política e institucional ( Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 6).

Tanto la vigencia como la finalización de la Zona de Distensión incidieron en el teatro de la guerra que experimentaba la región. Según ACNUR (s. f.), mientras existió esta zona (1998-2002) se produjo una reorganización en el accionar de los actores armados: por un lado, las autodefensas se expandieron y acrecentaron sus dominios hasta crear anillos en varios municipios del departamento para rodear a las Farc, mientras que, por otro lado, esta guerrilla aprovechó la desmilitarización de la región y, en confrontación con las autodefensas, entró a disputar varios territorios y a fortalecer sus finanzas con el incremento de los cultivos de coca en la Serranía de la Macarena y en Vistahermosa.