Más adelante, con la finalización de la Zona de Distensión se produjo el despliegue de tropas de la Fuerza Pública para recuperar la zona. La guerrilla buscó mantener su dominio político en algunas zonas y se consolidó en la región la presencia del proyecto paramilitar. Esta reorganización de los actores armados afectó directamente al municipio, pues “se produjeron muertes como consecuencia de los enfrentamientos entre estas dos agrupaciones ilegales y homicidios contra las bases sociales del bando contrario” ( ACNUR, s.f., p. 6).
EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN IDEOLÓGICA
Otra de las particularidades históricas que ha caracterizado la región, a causa de la violencia inicialmente bipartidista, han sido las diferencias y rivalidades ideológicas que han existido entre la población campesina de El Dorado y la de El Castillo, pero también la ocurrida en el interior del municipio entre los que viven en las veredas rurales (Caño Amarillo, San Pedro y Alto Cumaral) –de quienes se afirma que “han tenido contacto con grupos ilegales de guerrillas liberales”– y los habitantes de la cabecera municipal (El Dorado), quienes desde su fundación crearon grupos ilegales conservadores (paramilitares) para proteger el territorio” (Gutiérrez, 2011).
El municipio de El Dorado históricamente ha recibido la connotación de ser de ultraderecha y ha permanecido en conflicto directo con el municipio de El Castillo y otros municipios aledaños con presencia de las Farc (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014). El CNMH sostiene que esta es otra de las cuestiones que demarca la vida en la región y el municipio, que permite o anula oportunidades de relación entre sus pobladores e incluso define fronteras y líneas imaginarias o reales de relación entre municipios. Se trata de un “proceso de regionalización ideológica”. Es decir, es una práctica forjada históricamente en muchas zonas rurales de nuestra Colombia mediante la cual se clasifica o califica negativamente a los pueblos como “pueblos de guerrilla” o “pueblos de paras”, “pueblos de izquierda” o “pueblos conservadores”.
Con esto, los actores armados (legales o ilegales) pretenden legitimar las atrocidades cometidas hacia la población civil; es decir, pretenden con ello justificar lo injustificable: sus acciones violatorias a los derechos humanos y sus infracciones al derecho internacional humanitario (CNMH-UARIV, 2015). Una noticia de 2004, publicada en El Tiempo , muestra los excesos de esta regionalización ideológica ocasionada en la población:
En 1984, un grupo de profesores de El Dorado (Meta) fue invitado a un partido de fútbol amistoso en El Castillo, a 23 kilómetros de allí por una vía sin asfalto, pero bien apisonada. El partido iba cero a cero, cuando una turba con machetes y piedras los obligó a devolverse de inmediato a su pueblo. En pantaloneta y guayos, los maestros corrieron por sus vidas. El odio que llegaron a acumular entre sí los habitantes de estos dos caseríos vecinos del Alto Ariari, por razones políticas, no tiene antecedentes en el país posterior al Frente Nacional ( El Tiempo , 2004).
La figura de Víctor Carranza, las economías ilegales del narcotráfico y su poder en la región
Este hecho está relacionado con el ingreso a la región del narcotráfico y, en particular, de Víctor Carranza. Indudablemente, la llegada de Víctor Carranza a la zona engrasa la estructura paramilitar forjada en el pueblo. Como lo sostiene uno de los doradinos:
Después cogieron más fuercita porque como vino este señor […] que tenía fincas [y] propiedades por acá. Un tal Carranza. Tenía muchas propiedades por acá y para evitar que lo robaran o le hicieran algo […] le prestó mucho apoyo a la gente y así. Los armó prácticamente […] No había a quién reclamarle a diferencia de las AUC que ya son grupos más organizados (entrevista 15 en Gutiérrez, 2011, p. 33).
Más aún, Reyes (2009, citado por Gutiérrez, 2011) sostiene que la relación entre el esmeraldero Carranza y los grupos de autodefensas en la región está estrechamente relacionada con la creación de El Dorado como municipio: “Hizo que una pequeña región se convirtiera en el municipio de El Dorado [y] se conformaron autodefensas privadas para cuidar el territorio” (p.33). Diversas fuentes de información sostienen que en las audiencias adelantadas con alias Don Mario, este dijo al Fiscal de Justicia y Paz que el ingreso del Bloque Centauros al municipio debió contar con el permiso de Carranza:
Yo estuve en una reunión, cuando se fueron a meter las autodefensas al Dorado, los del Bloque Centauros, y estuve en una reunión con ganaderos de Cubarral y del Dorado para pedir consentimiento y lo primero que dijeron Pereque y Eusser era que tenían que pedirle permiso a Víctor Carranza y fueron hasta las minas a pedirle permiso para que dejara meter al grupo de Centauros y autorizó y autorizó entregar unas armas (alias don Mario en audiencia, citado por Noticias Uno, 2010).
Finalmente, en el año 2009, el exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias don Mario , también señaló que Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, respaldó a dos dirigentes políticos que llegaron a la alcaldía del municipio de El Dorado, Meta, y a la gobernación del departamento (Caracol Radio, 2009).
El Dorado, un laboratorio de paz bajo la política de seguridad democrática
Debido a los estragos de la guerra, en el municipio se han adelantado diversas iniciativas de paz, entre ellos el programa “Laboratorios de Paz”, implementado en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe. Precisamente, Gutiérrez (2011) sostiene que debido a las particularidades de El Dorado allí se han adelantado diversos programas, iniciativas y “Laboratorios de Paz”, restitución de tierras y reparación colectiva.
Algunos medios de comunicación señalaron que los nexos políticos con el gobierno central y el local, aunado a otras variables tales como las condiciones de tierra fértil, las cortas distancias y la presencia de “otros intereses que no son tan claros” contribuyeron a mostrar procesos exitosos de desarrollo que respaldaban las políticas implementadas por el gobierno del presidente Uribe, como el “exitoso” retorno de la población desplazada a las veredas de Caño Amarillo y San Pedro, en el Dorado, Meta, que contó con un evidente respaldo por parte de dicho gobierno: “Cansados de ser espectadores y actores de una guerra que no les pertenecía, en 1998 los pobladores de los municipios de El Dorado y El Castillo (Meta) decidieron buscar un espacio de reconciliación para dar y recibir perdón y recordar sin odio” (Romero Castro, 2002).
La experiencia de la Asociación de Municipios del Alto Ariari (AMA), que congregó, entre otros municipios, a El Dorado, El Castillo y posteriormente a El Guamal, Lejanías, San Martín, Fuentedeoro y Cubarral, y que ganó el Premio Nacional de Paz 2002 entre 132 postulados, fue otra iniciativa. La disminución de muertes violentas en la carretera El Castillo-El Dorado y en Lejanías, durante los cuatro años luego de su inicio, junto con la formación de líderes campesinos que promovieran acuerdos de convivencia, justicia y democracia, y algunos proyectos de infraestructura conjunta entre los municipios, fueron algunos de sus resultados, tal como lo refirieron algunos pobladores en el trabajo de campo adelantado.
La ambigüedad de las relaciones entre autoridades locales, comunidad y los actores armados
A nivel sociopolítico, la regionalización ideológica ha tenido otras implicaciones, una de ellas la ambigüedad de las relaciones entre comunidad y actores armados. Un rasgo fundamental de este contexto local ha sido el creciente proceso de paramilitarización que, según algunas fuentes consultadas, ha estado respaldado, desde su inicio, por el gobierno central y las fuerzas armadas (López, 2004, citado por Gutiérrez, 2011, p. 13). Como lo constatan varios autores, en el municipio se presentaron alianzas entre miembros de las fuerzas militares y los paramilitares. Esto ha sido otra constante en el territorio del Ariari:
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