Javier Alfredo Molina Roa - Reconocimiento de la naturaleza y de sus componentes como sujetos de derechos

Categorizar o no a la naturaleza como sujeto de derecho sin tener en cuenta la estructura de funcionamiento del Estado colombiano, así como los cambios que deberían introducirse en el ámbito legislativo, incluso constitucional, no garantizan que el aparente cambio de paradigma generado con las recientes decisiones judiciales contribuya a una verdadera protección del medio ambiente y, por ende, de los seres humanos que pertenecen y dependen de la naturaleza.

De ahí que las decisiones judiciales no deberían convertirse en escenario de reflexión sino en instrumentos de cumplimiento y de garantía de derechos. Por eso, el camino que se ha iniciado al utilizar las sentencias judiciales para introducir de forma inesperada cambios profundos en la estructura del ordenamiento jurídico e institucional del país no parece ser la mejor vía, sino que, por el contrario, se corre un alto riesgo de perpetuar la desconfianza que pesa sobre el sistema judicial por la falta de credibilidad y los altos índices de incumplimiento.

Además, es necesario hacer un alto en el camino y redimensionar el uso de los principios del derecho ambiental que han servido de base argumentativa para muchas decisiones judiciales que han justificado la adopción de medidas que no parecen ser congruentes con la conceptualización y finalidad de dichos mandatos axiológicos. Para el caso, se debe analizar el uso del principio de precaución invocado en varias decisiones judiciales en las que se categoriza el medio ambiente como sujeto de derecho, a fin de no incurrir en confusiones conceptuales como la presentada en la Sentencia T-622 de 2016 que no diferencia entre riesgo y daño. Lo anterior es esencial porque del principio seleccionado dependen las órdenes impartidas y, en últimas, la efectividad de las sentencias.

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