Juan Carlos Núñez Bustillos - México y la 4T contradicciones y límites (Análisis plural)

El gobierno federal desplegó a cerca de cuatro mil miembros de las fuerzas armadas para cuidar los ductos, además de aeronaves. En varias ocasiones se anunció que el abasto se regularizaría en los próximos días, sin que esto ocurriera. En las gasolineras algunos automovilistas hacían filas de más de 24 horas. Mientras, en los puertos de Tuxpan, Pajaritos y Veracruz alrededor de 20 buques cargados de combustibles no podían desembarcarlo porque las terminales estaban llenas.

El 11 de enero la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga ofreció ayuda al gobierno federal para trasportar por tierra los hidrocarburos. El gobierno aceptó la propuesta y anunció que destinaría a más de ocho mil efectivos para cuidar las pipas. Al día siguiente López Obrador insistió en que no daría marcha atrás con las medidas. “¿Quieren jugar a las vencidas? No van a poder con la voluntad del pueblo [...] a ver quién se cansa primero”. (4)

El 13 de enero ciudadanos se manifestaron en la Ciudad de México y Guadalajara para exigir la normalización del abasto. Ese mismo día pobladores de Santa Ana Ahuehuepan, Hidalgo, retuvieron y golpearon a tres soldados que participaban en una operación contra el robo de combustible. Un día después la Secretaría de Hacienda informó que más de 10 mil millones de pesos se lavaron en operaciones relacionadas con el tráfico de combustibles en los dos últimos años, pero que la cifra podría alcanzar los 45 mil millones. A mediados del mes se comenzó a distribuir el combustible en pipas. La información sobre apertura y cierre de ductos era imprecisa cuando no contradictoria.

El 18 de enero explotó en Tlahuelilpan, Hidalgo, un ducto de Pemex que era “ordeñado” por más de un centenar de personas. Ese día las autoridades informaron que el estallido provocó la muerte a 21 personas. Otras 71 resultaron heridas y había 53 desaparecidas. Con los días, el número de víctimas aumentó. Para finales de marzo el número de fallecidos sumaba 135.

El 21 de enero el gobierno federal anunció que gastaría 85 millones de dólares a la compra de pipas en Estados Unidos. Más de seis mil personas solicitaron empleo como conductores. Al día siguiente el presidente informó que destinaría 3,857 millones de pesos en un programa cuyo propósito es reducir el robo de hidrocarburos en 91 municipios. Ese mismo día las autoridades anunciaron que de nueva cuenta los delincuentes perforaron los oleoductos Tuxpan–Atzcapotzalco y Salamanca–Guadalajara.

El 25 de enero pobladores de Cuautlacingo, Estado de México, se enfrentaron a militares que trataban de controlar seis tomas clandestinas. En diversos puntos del país las autoridades descubrieron variados modos de robar combustible: desde ductos hechizos y túneles hasta barcos.

El 4 de marzo una operación para tratar de detener a José Antonio Yépez, presunto líder de los “huachicoleros”, generó enfrentamientos en Santa Rosa de Lima, Guanajuato. Durante dos días los delincuentes cerraron carreteras del municipio de Villagrán. Las fuerzas policiales no lograron capturarlo. El abasto de combustibles se regularizó poco a poco y para el mes de marzo se podía comprar sin problema.

3. LA REFINERÍA DE DOS BOCAS

El 13 de marzo López Obrador desmintió al subsecretario de Hacienda, quien había declarado que no había recursos para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Dijo que las bases se darían a conocer la siguiente semana. El 19 de marzo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció que el gobierno federal invitó a participar en el concurso a empresas de Estados Unidos, Francia, Italia y Australia.

El 9 de mayo el presidente anunció que el proceso se declaró desierto porque las empresas invitadas propusieron plazos y costos más altos de los establecidos por el gobierno mexicano que eran de tres años y ocho mil millones de dólares, respectivamente. Por esa razón anunció que la obra sería hecha por Pemex y la Secretaría de Energía. Prometió que la construcción comenzaría el 2 de junio y terminaría en mayo de 2022, pero para el fin del semestre las obras todavía no comenzaban.

4. PEMEX

Los indicadores de Pemex revelaron que en enero la empresa registró su nivel de producción más bajo en 30 años. El 3 de mayo el gobierno federal anunció medidas de austeridad en todo el gobierno para apoyar con esos recursos a la empresa. Diez días después se dio a conocer un acuerdo entre la petrolera y las instituciones financieras J.P. Morgan, Mizuho y HSBC por ocho mil millones de dólares, de los cuales 2,500 serán para refinanciar la deuda de la empresa y los otros 5,500 se destinarán a la renovación de dos líneas de crédito. Pese a ello, el 6 de junio la financiera Fitch Ratings bajó la calificación de Pemex y también de la Comisión Federal de Electricidad. Con ello se sumó a las calificadoras Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, quienes quitaron a la empresa mexicana el grado de solvencia crediticia. El 12 de abril el gobierno federal había anunciado una “línea de salvamento” para Pemex por cien mil millones de pesos del fondo de estabilización de ingresos públicos.

5. GUARDIA NACIONAL

El 28 de febrero la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Guardia Nacional. Los legisladores acordaron que tendrá un mando civil y que estará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque permite la participación de militares en tareas de seguridad pública durante cinco años. La nueva corporación estará formada por elementos de las policías militar, naval y federal que conservarán sus rangos, pero que podrán ser enjuiciados por autoridades civiles en caso de que cometan algún abuso. De manera gradual se incorporarán elementos que provengan del ámbito civil.

La guardia, propuesta por el presidente, deberá coordinarse con las policías municipales y estatales que continuarán operando. 463 legisladores de todos los partidos votaron a favor de la propuesta y solamente la diputada independiente Ana Lucía Riojas lo hizo en contra.

La creación de la nueva corporación suscitó intensos debates a lo largo del semestre pues mientras el presidente y su partido impulsaban que la corporación tuviera un mayor tinte militar, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos advertían sobre el riesgo de militarizar la seguridad pública.

El 10 de enero Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, aseguró que luego de escuchar a los ciudadanos el presidente decidió que la guardia tuviera un mando civil. El 17 de enero la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que así lo establecía. López Obrador reaccionó:

Tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y de la definición con claridad sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, eso tiene que quedar claro y había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó ayer. No estoy satisfecho. (5)

Cinco días después el Senado comenzó la discusión. En comisiones, los legisladores de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT) aprobaron un mando civil–militar sin limitaciones de temporalidad para la participación del Ejército. El 18 de febrero los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) abandonaron la sesión pues, señalaron, se pretendía someter a votación el dictamen sin discusión. En los siguientes días los legisladores acordaron que las Fuerzas Armadas participarían por cinco años en tareas de seguridad pública y sustituyeron un estado mayor militar por una coordinación interinstitucional. Para el 14 de marzo la iniciativa había sido aprobada también por los congresos de los estados.