Esta desarticulación causa diversas dificultades en la oferta del mango como la fluctuación del precio en el mercado, lo que le resta competitividad; por otro lado, la falta de cumplimiento de estándares de calidad, la estacionalidad del producto, la poca asesoría técnica del sector y los precios competitivos del mercado externo no permiten a las UAF realizar una gestión eficiente de la comercialización, lo cual induce a una baja competitividad del mango, que implica un menor nivel de SA interna. Por tanto, para la dimensión de disponibilidad de la SA (FAO, 2006) es fundamental organizar las UAF por medio de asociaciones productivas que disminuyan el riesgo tanto en la cosecha como en la poscosecha, y les permita ser más atractivas en el mercado financiero a la hora de tomar un crédito, abriendo camino hacia una inclusión financiera y social.
Con el fin de promover el cumplimiento del derecho fundamental de la alimentación, se ve la necesidad de realizar una innovación social (innovación institucional e innovación organizacional) en las reglas de juego de la gestión económica de las UAF a través de un microanálisis de la cadena productiva del mango y las cadenas de valor que la componen (Castellanos, Villarraga, Austate y Rojas, 2001), ya que “unas reglas equivocadas dan lugar a una economía menos eficiente y una sociedad más dividida” (Stiglitz, 2012, p. 333).
Por otra parte, esta innovación afecta de manera positiva la comercialización de alimentos, ya que las UAF son el sustento básico dentro de la dimensión de disponibilidad de la SA en Colombia (FAO, 2013). Esta reestructuración en las reglas de juego debe tener en cuenta la organización de las cadenas productivas del sector hortifrutícola, al diseñar modelos asociativos con base en las alianzas público-privadas (APP) que permitan brindar más garantías para la inclusión financiera, y, de este modo, se podrá responder a la crisis alimentaria internacional pronosticada para el 2050 (Cano, 2013).
Este cambio institucional también implica un impacto social y económico a través de la generación de empleo, el cubrimiento de necesidades básicas y la inclusión de las UAF manguíferas de Cundinamarca, ya que en este departamento se concentra más del 60 % de la producción nacional de mango y se produce durante más de diez meses al año. Asimismo, las frutas como el mango son fuente importante de nutrientes gracias a sus propiedades que permiten usos medicinales, nutritivos, terapéuticos y funcionales (Asohofrucol y Corpoica, 2013).
Objetivos
Objetivo general
Analizar las reglas de juego en la cadena productiva del mango que permitan fortalecer la seguridad alimentaria, en términos de inclusión financiera e innovación social.
• Identificar los incentivos para la comercialización en las reglas de juego de la cadena productiva de los fruticultores de mango en Cundinamarca.
• Describir mediante una matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) los elementos positivos y negativos de las reglas de juego en cada eslabón para determinar los fallos de la cadena.
• En cuanto a la innovación, diseñar una cadena productiva institucional para el mango en Cundinamarca como herramienta que permita una innovación empresarial y social al incluir las normas legales en el eslabonamiento.
• En referencia con el emprendimiento, proponer estrategias que mejoren el acceso al mercado por parte de las UAF, de tal manera que su implementación pueda ser susceptible de transferencia en el mercado del conocimiento.
Esta investigación se realizará sobre un marco neoinstitucional, teniendo en cuenta el manejo de teorías y conceptos de las diferentes escuelas de pensamiento económico. Desde el punto de vista de Coase (1937), los contratos son los mecanismos de interacción para la cadena productiva, donde se mencionan acuerdos productivos como las alianzas entre entidades públicas y privadas para mejorar el desarrollo de las actividades económicas. Por consiguiente, las APP deben ser acordes con el sistema de la cadena en cuanto a la inclusión financiera y social de la UAF.
En relación con las cadenas productivas, Williamson (1992) aclara que no solo son una relación entre los contratos, sino una integración sistémica entre estos y algún tipo de operación, sea productiva o de servicios. Por consiguiente, las UAF se deben asociar fortaleciendo el eslabonamiento para ganar competitividad en el mercado frente a firmas grandes, gracias a un aumento en la producción, generando un mayor valor agregado y disminuyendo sus costos de transacción dentro de la cadena productiva.
En cuanto a la cadena de valor, Porter (1985) la describe como un proceso que deben hacer las organizaciones dedicadas a la producción de un producto o servicio determinado, donde es necesario la identificación de los eslabones principales como lo son los productores, el consumidor final y los que están en medio de estos (como los distribuidores mayoristas y minoristas, entre otros), con el fin de sistematizar dicha producción a través de subsistemas que funcionan por medio de insumos, procesos de transformación y entregas finales. Una vez lograda esta sistematización, se puede obtener un costeo por actividades más eficiente que permite alcanzar unos beneficios más altos en términos de competitividad.
En Colombia, desde los años noventa, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha implementado el tema de organizaciones de cadena, las cuales se pueden organizar regional o nacionalmente en torno a uno o varios productos por el convenio que realizan los diferentes eslabones de la cadena (Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, 2009); pero, en la realidad, no se ha logrado una inclusión de los pequeños productores al sector formal por varias razones. En primer lugar, los procedimientos para acceso a servicios financieros son excesivamente extensos y lentos, y crédito que se demora es cosecha que se pierde. Por otro lado, la visión de empresa de estos pequeños productores es “asistencialista”, es decir, la creación de empresa es fuerte gracias a la necesidad de satisfacer necesidades inmediatas, pero no se visualiza el largo plazo, por tanto, este emprendimiento es efímero.
Adicionalmente, los recursos destinados a la investigación y el desarrollo rural son bajos o escasos, y para empeorar el panorama, las políticas de comercio internacional como los tratados de libre comercio restan competitividad a los pequeños productores internos. Con lo anterior, es claro que no existe una integración de políticas que permitan el fortalecimiento de la institucionalidad pertinente para alcanzar los objetivos de las organizaciones de cadena. Conviene subrayar que las UAF se entenderán como:
Empresa básica de producción agrícola [...], cuya extensión, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio y […] no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia. (Congreso de Colombia, 1994, p. 1)
Cabe agregar que la UAF, en su Ley 160 (p. 347) para el caso de Cundinamarca, más específicamente del Alto Magdalena y del Tequendama, donde se produce el mango, tiene un rango de 20 a 35 hectáreas, y de 5 a 10 hectáreas, respectivamente.
En cuanto al concepto de APP, se entiende que es un contrato que “involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio” (Congreso de Colombia, 2012, p. 1). Por tanto, si se aplican estas alianzas estratégicas, las UAF pueden ser más atractivas a la hora de tomar un crédito. Esto está apoyado por la Ley 1731 del 31 de julio del 2014, donde se indica que se creará el Fondo de Microfinanzas Rurales, administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), con el fin de “fomentar el acceso al crédito en el sector rural, […] con el objeto de financiar, apoyar y desarrollar las microfinanzas rurales” (Congreso de Colombia, 2014, p. 1), por lo que aumentan así los recursos del sector en la espera de una mayor calidad de vida en el área rural.
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