Graciela Queirolo - Camino al ejercicio profesional

Una enfermería a la altura de las necesidades de la comunidad no solo implicaba modificar los criterios de instrucción, también significaba una relación diferente con el Estado que debía reconocer, coordinar y reglamentar la profesión a fin de normalizar una situación no siempre clara para diplomadas y no diplomadas. Igualmente importante era el financiamiento y la autonomía de la educación que –en principio– debía quedar bajo la total autoridad de las enfermeras instructoras y directoras de las instituciones; y con las garantías de financiamiento estatal.

Una particularidad del proyecto local para la modernización de la profesión fue la educación básica y homogénea para todas las escuelas de enfermeras. Esto suponía un ciclo de instrucción general unificado de tres años que diera cuenta de las especialidades; y una renovación curricular que incorporara asuntos como “legislación social”, “higiene social”, “deontología”, “educación sanitaria”; y, más adelante, “organización sanitaria del país”, entre otros. Todo esto implicaba un compromiso del Estado dispuesto a cumplir con un rol de control de las instituciones, fiscalizador y garante de la credencialización de los agentes de la profesión (Ramos Mejía, 1947) (Torres de Noceti, 1942) (Ramos Mejía, 1942) (Bruno, 1942).

Sin duda, era una clara ruptura respecto de lo vigente: un cuerpo profesional de escasa formación como lo habían demostrado los exámenes de 1935; una convivencia entre diplomadas y no diplomadas como el propio Estado porteño reconoció; un Estado escurridizo en materia de reconocimiento profesional y financiero; y un paradigma de educación basado en lo curativo, fragmentado y al arbitrio de cada institución.

Los nuevos criterios adquirieron mayor dimensión y posibilidad en los años siguientes, cuando se desarrollaron propuestas concretas de formación curricular y un mayor compromiso del Estado con el asunto, durante los primeros años de la experiencia peronista. A través de la Comisión de Cultura Sanitaria (CCS), una comisión asesora de la Secretaría de Salud Pública de la Nación y creada ex profeso, la renovación de la enfermería profesional tuvo su primera posibilidad real de concreción con la creación de los cursos para instructoras y la posterior Escuela Modelo de Enfermería de Salud Pública. La CCS fue la primera instancia real de coordinación de la educación de las enfermeras a nivel nacional que se propuso modificar la educación de sus agentes de manera drástica.

En el seno de la CCS, hubo algunos asuntos rectores que se ubicaron en línea con lo que Ramos Mejía y algunas de sus colegas planteaban desde hacía unos años atrás: en primer lugar, unificar la educación de las enfermeras bajo un nuevo plan de estudios para todas las instituciones; en segundo lugar, regularizar la situación de las escuelas existentes –identificar las que podían alcanzar los nuevos objetivos y absorber las que no– y crear nuevas escuelas de carácter universitario en diferentes regiones del país que se adaptaran a los nuevos planes; finalmente, en tercer lugar, crear un ente fiscalizador en la órbita estatal para controlar la educación en enfermería, habilitar escuelas y credencializar a sus agentes. El resultado de las tareas de la comisión expresará buena parte de los problemas que la enfermería atravesaba desde hacía dos décadas y de las posibilidades reales de modificación del curso de la situación.

El primero de los asuntos –unificar y reformar los planes de estudio– logró resolverse parcialmente. La CCS se apoyó en el currículum de la Escuela de la UNL, pero mantuvo coincidencias con el programa ya existente en la Escuela municipal Cecilia Grierson dirigida por Ramos Mejía; definió un nuevo plan de tres años de duración con un perfil menos inclinado a lo estrictamente curativo, aunque con un tronco clínico y anátomo-fisiológico nutrido, varias especialidades (ginecología, puericultura, niños, etc.) y el desarrollo de aspectos sanitarios en varias asignaturas teóricas y prácticas. El programa de enseñanza planteado en la práctica sufrió modificaciones, aunque mantuvo el perfil que la comisión diseñó. A la hora de definir ese plan de estudios, la comisión giró a diferentes universidades del país (La Plata, UBA y Córdoba, entre otras) la propuesta basada en el plan de la UNL, con el objetivo de recibir comentarios y al mismo tiempo sugerir la implementación de un nuevo esquema en el futuro. En este punto se verificó temprano que la reforma que la comisión planteaba tenía pocas posibilidades a la hora de extenderla a toda la nación, pues la fragmentación era mayor a la esperada y la posibilidad de unificar situaciones tan diferentes era poco probable en el corto plazo.

En este sentido, la segunda cuestión tratada largamente por la CCS alrededor de la unificación, fue poco exitosa. Era el objetivo menos alcanzable y los hechos lo demostraron imposible. Las universidades, en ese momento intervenidas, fueron poco colaborativas con la comisión. La CCS inició una serie de gestiones para promover en las diferentes provincias la implementación de nuevos planes de estudio, pero tampoco logró efectividad en ese punto. Al mismo tiempo, propuso en varios casos que las escuelas mejor calificadas absorbieran a las que no lo estaban y no lograrían estarlo. En general, se solicitó a los hospitales universitarios que tenían cursos de enfermería que adoptaran el plan de estudios propuesto desde la CCS e integraran a las escuelas periféricas. Esto tuvo poco alcance. Tal es así que la comisión evaluó como infructuosa esa vía y optó por la unificación gradual, algo que no sucedería y que tampoco estuvo entre las ideas del ministro de Salud, como pudo verse luego (Argentina, Secretaría de Salud Pública de la Nación, 1947, p. 6).

La comisión planteaba un objetivo ambicioso para acompañar la planificación sanitaria del país y el próximo plan quinquenal (1946-1952), formar al menos 20.000 enfermeras. Para esto debió implementar una estrategia de corto plazo y realista que consistió en la creación de una nueva escuela que resultara “modelo”, o de “efecto demostración”, para todo el país, por un lado; y por otro, reconoció algunas de las escuelas ya existentes, como la del Hospital Británico, la municipal Cecilia Grierson y las numerosas escuelas de la Cruz Roja. Con el objetivo de elevar exponencialmente el número de enfermeras y, al mismo tiempo, calificar la profesión, la CCS descartó algunas de sus iniciativas principales luego de un año de estudio de la situación, entre ellas la propagación rápida de escuelas universitarias en varias provincias del país.

En ese contexto, una parte importante del éxito de las tareas de la comisión dependería del desarrollo de la Escuela Modelo a cargo de la Secretaría de Salud Pública. La legión de enfermeras que la organización sanitaria del país necesitaba dependía de ella. Una parte importante de las tareas de la comisión estuvo centrada en su desarrollo y diseño; para esto no solo contó con el plan de estudios que había formulado en base al existente en la UNL y a los desarrollados años antes por María Elena Ramos Mejía, también recurrió a la colaboración de profesionales extranjeras de origen chileno, país que experimentaba un sostenido proceso de profesionalización desde la década anterior (Zárate Campos, 2017). Sofía Erhenberg de Pincheira, de la Escuela de la Universidad de Chile y con experiencia en la organización de otras escuelas en la región, becada por la RF y luego consultora de organismos internacionales de salud, colaboró con la CCS y con el primer curso de instructoras en 1947. Las clases de Pincheira se realizaron en barrios periféricos de la capital y fueron consideradas como las “clases prácticas” de enfermería sanitaria (Argentina, Comisión de Cultura Sanitaria de la Secretaría de Salud Pública, 1946, f. 35).