Marcos Carbonelli - Los evangélicos en la política argentina

Soy un creyente acérrimo de la ciencia como una actividad colectiva. Desde esta perspectiva, en las personas de Juan Esquivel y Daniel Jones quiero agradecer infinitamente a todas las personas que con sus lecturas, comentarios, críticas y sugerencias me ayudaron a ser mejor investigador. No quiero dejar de mencionar el apoyo institucional de Conicet y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, fundamental en el avance y la publicación de estos resultados.

Y, finalmente, agradezco a todos los pastores y las pastoras, líderes barriales, funcionarios y vecinos que generosamente me abrieron las puertas de sus hogares, templos, despachos y oficinas durante varios años y me donaron su invaluable tiempo en conversaciones, en la apertura de archivos y en la posibilidad de observar sus intervenciones públicas. Ojalá que las páginas que siguen sirvan para que sus acciones políticas sean comprendidas de manera exhaustiva y profunda, por fuera de cualquier prejuicio estigmatizante.

1. Hecha esta aclaración necesaria en términos metodológicos, cabe destacar que hasta el momento, en la Argentina, ningún grupo y actor que haya apelado a la identidad evangélica en términos electoralistas tuvo resultados positivos.

Para analizar la historia política de los evangélicos en la Argentina es preciso considerar dos premisas básicas. La primera remite al carácter diverso y horizontal de este mundo religioso. El espacio evangélico en la Argentina se conformó a partir de la inserción de diferentes corrientes u “olas” inmigratorias. La ola inicial tuvo lugar en la primera mitad del siglo XIX y se conformó con el arribo de las iglesias protestantes históricas (metodistas, valdenses, luteranos, anglicanos, presbiterianos, entre otros), herederas en sus formas litúrgicas y organizacionales de la Reforma protestante. Hacia 1880 fue el turno de las corrientes evangelicales, próximas en sus enfoques misionales a los avivamientos que tuvieron lugar en Estados Unidos y Gran Bretaña hacia fines del siglo XIX y principios del XX (la Iglesia de los Hermanos Libres y los adventistas son expresiones de esta corriente). Finalmente, alrededor de 1910, tuvieron lugar las primeras misiones pentecostales (Marostica, 1997: 17-37). Como marcan Hilario Wynarczyk, Pablo Semán y Mercedes de Majo (1995), este esquema se complementa mucho más tarde, en 1980, con una cuarta corriente, correspondiente al neopentecostalismo, conformado por formas religiosas que sintetizaron ciertos rasgos constitutivos del pentecostalismo clásico con elementos de la religiosidad popular.

A diferencia del mundo católico, que tiene en el Vaticano y el poder papal un centro referencial en materia de ordenamiento litúrgico, doctrinal y de posicionamiento público, cada una de las denominaciones que conforman las corrientes evangélicas citadas se destacan por ser autónomas, tanto en sus ordenamientos organizacional, pastoral y litúrgico como en lo que refiere a sus cursos de acción pública. Esto no significa que a lo largo de la su residencia en la Argentina no hayan celebrado actividades intercomunitarias ni concertado posicionamientos aunados, pero en todos los casos esto se produjo sin que ninguna iglesia o federación de iglesias alcanzara un poder y una legitimidad tal que le permitiera hablar “en nombre de” la totalidad de los evangélicos en la Argentina. El mundo evangélico, en términos políticos, fue y es un mundo fragmentado, dividido, aunque no necesariamente inconexo.

La segunda premisa hace foco en la condición de minoría religiosa. Desde su llegada hasta nuestros días, los evangélicos representan la minoría religiosa más importante en un país donde el catolicismo no solo es la religión mayoritaria sino también un lenguaje político; es decir, una matriz cultural que en diferentes pasajes históricos se mimetizó con la identidad nacional. Este fenómeno no solo marcó una disparidad ostensible en materia de recursos materiales y simbólicos, sino también períodos de hostilidad y persecución hacia la disidencia religiosa que en su intensidad modularon la conciencia y el repertorio de demandas y acciones colectivas de los evangélicos.

Hechas estas consideraciones, en lo que sigue haré un sucinto repaso de cinco momentos o hitos clave de la politicidad evangélica: 1) su participación en los debates circundantes al proceso formativo del Estado argentino; 2) su resistencia en las décadas de 1930 y 1940 a la hostilidad propiciada por la simbiosis entre identidad católica y nacional; 3) la afinidad entre peronismo y pentecostalismo, sellada por la apertura del primero a las campañas de evangelización; 4) las fracturas internas producidas en las décadas de 1960 y 1970, por posicionamientos disímiles frente a los contextos políticos nacionales e internacionales, y finalmente 5) la profundización y diversificación de su acción política, a partir de la recuperación democrática (1983).

Superada la homogenización católica del territorio, propia de la etapa colonial (Di Stefano y Zanatta, 2000), la presencia evangélica se intensifica de la mano de los primeros acuerdos que las elites criollas celebran con potencias extranjeras, en especial con las europeas. Una prueba de ello resulta el tratado celebrado en 1825 con Gran Bretaña, que al mismo tiempo que concedía garantías para el ejercicio de actividades comerciales, aseguraba la libertad de conciencia de la población inglesa en Buenos Aires, permitiéndole a su vez la celebración de culto en el ámbito privado y la construcción de capillas e iglesias para dichos fines.

La Constitución de 1853 institucionalizará la hegemonía religiosa: el artículo 2° deja asentada la obligación del sostenimiento del culto católico, mientras que el artículo 63 impone la adhesión al catolicismo como cláusula de acceso a la titularidad del Poder Ejecutivo. Incluso el poder político se comprometía a amparar la evangelización de las poblaciones indígenas (art. 67 inc. 15 de la Constitución Nacional de 1853). 1Si bien con este andamiaje jurídico el catolicismo retenía su impronta cultural y la rubricaba legalmente, paralelamente se promulgaba la libertad de cultos (art. 14 de la Constitución Nacional de 1853), en un gesto de reconocimiento a la diversidad religiosa ya existente y que respondía, a su tiempo, al deseo de los sectores dirigentes de mantener una mirada benevolente sobre las expresiones religiosas no católicas, en el contexto de un país en pleno proceso de organización y que anhelaba atenuar los conflictos internos y con las potencias mundiales (Bianchi, 2004).

El período comprendido entre 1870 y 1930 marcó la emergencia de una elite política de corte liberal, que ponderó la consolidación de la administración estatal y el emprendimiento de una serie de acciones orientadas a fortalecer su autonomía y capacidad de injerencia social. Por primera vez la figura estatal se separa de la tutela religiosa y adquiere el rostro de un “Estado enemigo”. De esta época data la estatización de registros civiles, cementerios y escuelas (Mallimaci, 2006). Este último derecho se articula con la fuerte política inmigratoria que la denominada “generación del 80” impulsaba, en tanto factor de poblamiento y progreso. El libre ejercicio de oficios religiosos era pensado, en este contexto, como un elemento importante en la promoción del ingreso de inmigrantes con otras afiliaciones religiosas, principalmente protestantes y eventualmente judíos.

También de este período data la ley 1420 de educación común, obligatoria y laica que, bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, marcó la exclusión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y la consiguiente reacción de la conducción eclesiástica católica, que no aceptaba la confinación de los valores y criterios religiosos al ámbito de lo privado.