En referencia al control de los precursores, es importante conseguir datos sobre el tamaño de las cantidades decomisadas en relación con el total de la producción de precursores, y el aumento en costos para los productores ilegales generado por las políticas de control. El grado de dificultad para controlar los diferentes precursores varía. Se necesitan datos sobre el número de fabricantes de precursores y su localización, el volumen de los precursores que se usan en las industrias legales, el número de productos sustitutivos y los lugares a los que se desvían los precursores provenientes de fuentes legales para ser utilizados ilegalmente. Es importante identificar los puntos vulnerables en las cadenas comercializadoras de precursores. Todos estos datos podrían mejorar la formulación y la ejecución de las políticas públicas.
La legislación contra el lavado de activos tiene que evaluarse en función del dinero decomisado y la proporción de ese dinero que al final se expropia, además de por el tamaño de los activos incautados con respecto a los ingresos totales del tráfico de drogas. Se tienen que evaluar las experiencias individuales de los países para extraer de ellas recomendaciones que permitan fortalecer el sistema contra el lavado de activos.
VII. Conclusiones y aventuradas previsiones para 2019
La Comisión de Estupefacientes de 2009 ilustra lo evidente: la producción, el tráfico y el consumo de drogas son problemas globales. Una aproximación adecuada al tema de las drogas exige pensar globalmente y actuar localmente. Las posturas de la mayoría de los estudiosos y las de los países involucrados se basan en lo contrario: son respuestas a problemas locales y buscan y recomiendan acciones globales. La WFAD y la DFAF buscan proteger la niñez y la juventud de sus comunidades y, para lograrlo, quieren evitar todo contacto con las drogas. Pero este es un problema local del cual buscan derivar políticas globales. Si el objetivo es proteger los derechos de los niños, ¿no deberían limitar sus esfuerzos a la protección de los niños en el mundo desarrollado, definiendo esta protección como la restricción de su exposición a las drogas? Si se extiende la protección de los niños a todos los niños, ¿no deberíamos entonces preocuparnos por los hijos de los cultivadores de coca y amapola quienes, después de la erradicación forzada, terminan convirtiéndose en niños soldados? ¿No deberíamos preocuparnos de los niños víctimas de las minas antipersonales que escudan los campos de coca? ¿No deberíamos preocuparnos de los niños que nacen y crecen en cárceles latinoamericanas donde sus madres cumplen sentencias por drogas?
Lo mismo puede ser afirmado en relación con las posturas expresadas en el Foro Mundial de Cultivadores de Plantas declaradas Ilegales. Los campesinos tienen problemas acuciantes para procurarse sus ingresos, y la coca es claramente una buena opción. Sin embargo, esto es así sólo si la coca es usada para fabricar cocaína ilegal. De lo contrario, el precio sería bajo y no generaría ingresos significativos. En efecto, antes de que la demanda de cocaína ilegal explotara en la última parte de la década de 1970, el derecho de los campesinos a cultivar coca no era un tema. Una vez más, en este tema se buscan políticas globales para un problema local. Esto, por supuesto, no significa que la coca no deba ser sacada del calendario I.
La queja de países como Colombia, México y otros que han sufrido la violencia generada por el desarrollo de organizaciones criminales violentas es también un clamor global que responde a una pensamiento local: ¡por favor acaben con la demanda global de drogas!
Algo parecido ocurre con el principio que limita el uso de drogas a la medicina y la investigación. Este principio se justifica en tres tipos de creencias. La de las personas que rechazan otros usos con base en principios religiosos; las que provienen de la profesión médica que establece que debido a los efectos negativos que tienen esas drogas en el cuerpo, éstas deben ser prohibidas; y la de los padres que temen lo que puedan llegar a hacer personas que han decidido vivir con un estado mental alterado. Sus recomendaciones son también globales.
Estas consideraciones son contrarias a la historia de la humanidad puesto que las drogas y otras técnicas de alteración de la mente han sido usadas en todas las sociedades y nadie ha podido eliminarlas. Más aún, en el último siglo hubo una explosión del número de drogas que alteran la mente y cada vez son más usadas con fines no médicos. Si las políticas contra las drogas tuvieran éxito y eliminaran la coca y la amapola de la tierra, la gente seguiría consumiendo ilegalmente drogas que alteren la mente; simplemente se desplazarían hacia las drogas que se usan en la medicina.
El Plan de Acción que acompañó la Declaración Política está lleno de recomendaciones imprecisas; del tipo “debería”. Incita a los países a “tomar las medidas necesarias” para controlar, reducir, etc. Estas afirmaciones son comunes en los documentos de este tipo, pero no generan guías de acción relevantes.
Si las previsiones en cualquier campo son inciertas, en el caso de las drogas ilegales lo son aún más. Las dificultades normales para la predicción se hacen más difíciles en la crisis económica mundial debido a que no se sabe qué tan honda será, cómo afectará a los países menos desarrollados y qué impacto podrá tener en la gobernabilidad y el control territorial de los estados de las regiones vulnerables. El efecto de la crisis en los presupuestos destinados a la aplicación de las normas contra las droga es un tema clave.
Sin embargo, soy lo suficientemente osado como para aventurar algunas predicciones: primera, para 2019 el problema de las drogas ilícitas será más complejo. Habrá más países involucrados en los primeros eslabones de la cadena. La coca crecerá seguramente en algunos países del occidente de África. Colombia será entonces un productor menos importante. Las plantaciones de amapola son más difíciles de prever, pero si la crisis es larga, también crecerán en otros países. Segunda, las drogas sintéticas pueden llegar a sustituir parcialmente las drogas naturales. Tercera, las organizaciones de traficantes diversificarán “productos”: drogas, personas, órganos, armas, crimen cibernético, etc. Estas organizaciones serán más globales; estarán compuestas por personas de diversos países del mundo y serán más sofisticadas desde el punto de vista técnico. Muchas de estas organizaciones serán pequeñas, tendrán un bajo perfil y estarán integradas por miembros más educados y actualizados en tecnologías. Finalmente, el lavado de dinero será cada vez más sofisticado y difícil de identificar y seguir. Este campo está evolucionando rápidamente y es cada vez más especializado, por lo que los órganos de aplicación de las normas posiblemente encuentren serios problemas presupuestarios.
Por último, en 2019 las políticas contra las drogas posiblemente hayan logrado poco. La pregunta seguirá siendo entonces: ¿se atreverá la UNODC a evaluarlas desde una perspectiva global, ajena a las miradas que, fuertemente impregnadas de nacionalismo, religión e ideología, han definido el Régimen Internacional del Control de Drogas? Espero que no revivamos el pasado una vez más. Pero, desafortunadamente, es muy probable que sea eso lo que hagamos.
Bibliografía
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Bewley-Taylor, David R. 2003. “Challenging the UN drug control conventions: problems and possibilities”. The International Journal of Drug Policies. 14 (2).
Buxton, Julia. 2006. The Political Economy of Narcotics. Production, consumption & global markets. London: Zen Books.
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