Juan Gabriel Tokatlian - Drogas y prohibición

(d) El desvío y el tráfico ilícito de precursores;

(e) El lavado de dinero relacionado con las drogas ilícitas.

Como en el caso de UNGASS, la Declaración contempla un proceso de revisión de cinco años: “Decide que en su sesión número cincuenta y siete, en 2014, la Comisión de Estupefacientes lleve a cabo una revisión de alto nivel de la implementación, por parte de los Estados Miembros, de la presente Declaración Política y su Plan de Acción; recomienda que el Consejo Económico y Social le asigne una mayor atención al problema mundial de las drogas y también recomienda que la Asamblea General lleve a cabo una sesión especial para abordar el problema de las drogas”. Se presume que se llevará a cabo en 2019.

VI. Cuestiones importantes que fueron evitadas en la declaración política de la Comisión de Estupefacientes de 2009

VI.1 Cuestiones generales

Todas las leyes y normas impuestas por los Estados y otras organizaciones sociales pretenden conseguir fines que parecen razonables en ese momento a partir de los paradigmas prevalecientes. Sin embargo, se sabe bien que el cambio tecnológico, los aumentos en los niveles de conocimiento y educación, la globalización y otros cambios sociales sustanciales modifican los paradigmas y a veces los hacen obsoletos.

Toda sociedad ha tenido que controlar los comportamientos individuales que ha considerado dañinos. Los comportamientos relacionados con el sexo, la disensión política y religiosa, las drogas que alteran la mente y el juego, por ejemplo, se han sometido a controles sociales y gubernamentales en todas las culturas. En algunos casos, las normas han impuesto soluciones extremas: los opositores son ejecutados o el sexo homosexual, premarital y extramarital se castiga severamente. Lo mismo ha ocurrido con las drogas que alteran el estado mental y que se han asociado frecuentemente con el mal y la brujería, y sus usuarios quemados en la hoguera. Los paradigmas subyacentes a las leyes que controlan el comportamiento varían con el transcurso del tiempo y del espacio. En las sociedades modernas el disenso político se considera un derecho. En las sociedades en las que las personas se casan diez o más veces después de que sus cuerpos se hayan desarrollado nadie espera que se casen vírgenes. Algunos países permiten y regulan las relaciones homosexuales y otros países regulan el juego. Lo que quiero decir es que cada sociedad se adapta a las circunstancias y desarrolla normas que buscan minimizar o reducir los costos sociales generados por los comportamientos individuales que en un determinado momento y lugar se consideran peligrosos.

Una característica del Régimen Internacional del Control de Drogas es que pretende homogeneizar la política de drogas en todas las sociedades. De hecho, las tres convenciones sobre drogas son mucho más específicas en lo que exigen e imponen que cualquier otra Convención de Naciones Unidas. Las Convenciones de derechos humanos, por ejemplo, son menos rígidas, contienen menos prescripciones e implícitamente toleran la diversidad. Es claro que aceptan que no hay consenso en torno a los conceptos de derechos humanos. Las políticas antidrogas se basan en un paradigma simple: las drogas controladas sólo pueden tener usos medicinales y de investigación. Puesto que no hay otros usos legítimos, el fin debería ser un mundo libre de drogas. No sorprende que Arlacchi proclamase: “Un mundo libre de drogas: ¡Sí, podemos!” Los lemas estadounidenses de hace un par de décadas eran similares: “¡Cero tolerancia!” Por desgracia, las únicas sociedades que tiene la capacidad de abordar estos fines son muy autoritarias, antidemocráticas y pequeñas. Es interesante que el Sr. Costa subrayara los costos del consumo de alcohol y tabaco. Si fuera realmente consistente, debería defender incluir esas drogas en los calendarios de la convención, y limitar su uso a la medicina y la investigación.

Cuando se firmó la Convención Única, había consenso en que el tabaco y el alcohol se habían “domesticado” en las culturas occidentales. A pesar de ello, los productores poderosos de tabaco pretenden negar las “consecuencias imprevistas” que tiene fumar. En los Estados Unidos, los estudios realizados por académicos y consultores “serios” para compañías tabacaleras todavía argumentaban en los años 1980 que no había pruebas de un vínculo entre fumar y el cáncer de pulmón. Hoy, naturalmente, se acepta ese vínculo en toda la sociedad y el fumar ha disminuido principalmente a consecuencia de controles sociales que se respaldan crecientemente mediante normas jurídicas.

En 1961 también se llegó al consenso de que el uso de las drogas incluidas en los calendarios tenía que limitarse a la medicina y la investigación. Es por esto que la Convención Única estableció un sistema que permite la producción controlada de opiáceos, que aún hoy en día no tienen sustitutos. La morfina es un buen ejemplo de esa situación, pero hay otros, y los opiáceos se siguen usando ampliamente en medicina. La cocaína tenía pocos usos medicinales y podía sustituirse fácilmente. Es por ello que se prohibió.

Debería abrirse el debate sobre el paradigma que limita el uso de drogas a la medicina y la investigación. Deberían explorarse cuestiones como el uso religioso de algunas drogas. Podría ser útil recordar a los generadores de políticas públicas que incluso durante la prohibición del alcohol en los Estados Unidos se permitieron sus usos religiosos. Con ello se pretende demostrar que el uso de drogas que alteran la mente genera algunos costos sociales. Las preguntas relevantes cuya respuesta debe buscarse son simples: ¿cuál es el tamaño de los problemas que se generan?; ¿cómo se pueden controlar?

La inclusión de la coca en el calendario se apoyó por el paradigma prevaleciente en 1961. En Bolivia y Perú, y en mucha menor medida en Colombia, masticar coca se consideraba un obstáculo a la modernización y un instrumento usado para explotar a los campesinos y mineros. Las elites bolivianas y peruanas también consideraban masticar coca como un obstáculo para la integración nacional y la formación de una nación unificada culturalmente (Gagliano 1994 y Gootemberg 1999). Es por ello que estos países firmaron la Convención sin oponer ninguna resistencia. Se dijo que no se tenía en cuenta a los campesinos masticadores de coca, pero los escritores nativos indígenas más prominentes, como Ciro Alegría, expresaron su fuerte oposición a ese hábito. Es por ello que no hubo una oposición real al compromiso de eliminar la masticación de coca en menos de 25 años tras la entrada en vigor de la Convención.

El paradigma sobre el uso de la coca ha cambiado radicalmente. Hoy masticar coca es un símbolo de identidad indígena y de resistencia contra los conquistadores blancos. Esa es la razón por la cual el gobierno boliviano defiende eliminar la coca del calendario I, con el fin de estudiar posibles usos industriales y lícitos de la coca, y el establecimiento de un sistema de control para prevenir usos ilícitos. El debate de la coca es otro asunto que debería formar parte de los programas públicos sobre drogas.

El argumento de las “consecuencias imprevistas” presentadas por el Sr. Costa se basa en otro paradigma cuestionable que niega la complejidad de la oferta y la demanda de drogas. La producción, el tráfico, el consumo y la adicción de las drogas son fenómenos complejos influenciados por la sociología, la economía, el derecho, la moral, las relaciones internacionales, la ciencia política, la salud pública, la estadística y otras disciplinas. Cuando se formulan las políticas antidrogas desde la perspectiva de una disciplina, o máximo de dos, la probabilidad de que consigan sus fines es muy baja (Thoumi 2003a: Capítulo 9). De hecho, si tienen éxito es simplemente por suerte. Además, las políticas tienen consecuencias en aquellas dimensiones que no se consideraron cuando se formularon. Una política represiva que se basa sólo en el argumento de que las drogas deberían sólo usarse en medicina o investigación tendrá graves consecuencias en la economía ilegal, las organizaciones criminales, la corrupción, la calidad del producto, etc. Descartar esos fenómenos como “imprevistos” es desde el punto de vista científico poco riguroso porque sí se esperan. Lo que ocurre es que el paradigma subyacente a las convenciones conduce al argumento de que las políticas antidrogas no producen costos sociales. Todos estos efectos se atribuyen a la producción, el tráfico y el consumo de drogas contra los que luchan las políticas antidrogas. Evaluar las políticas antidrogas es imperativo para valorar sus beneficios con respecto a la disminución del consumo de drogas y los costos que le genera a la sociedad, y los costos sociales y económicos generados por las propias políticas.