Juan Gabriel Tokatlian - Drogas y prohibición

El cultivo de cosechas ilícitas disminuyó en todos los lugares menos en Afganistán, según Costa. La adopción unánime del principio de responsabilidad solidaria entre las Partes de los tratados había sido otro éxito de la política pública. Por último, estaba funcionando bien el sistema de control de la producción, la distribución y el uso de drogas para propósitos médicos.

Sin embargo, según Costa las políticas represivas tienen una mala imagen debido a sus consecuencias no queridas. Las principales son: en primer lugar, un gran mercado negro controlado por el crimen organizado; en segundo lugar, un cambio de política pública que pasa de la financiación de programas de salud pública a aumentos en gastos en la policía y a desarrollar un derecho cuyo principal propósito es el cumplimiento forzoso de las normas; en tercer lugar, un desplazamiento geográfico de las cosechas y de las organizaciones criminales de una región a otra y de un país a otro en respuesta a las políticas gubernamentales; y en cuarto lugar, cambios en el mercado, que hacen que cuando la represión crece en un mercado, los traficantes se muevan hacia otro.

Costa concluye que es necesario mantener el debate dentro de los parámetros establecidos en los Convenios y que no es posible discutir otros sistemas de control para la producción, la publicidad y el consumo de drogas: “Las drogas no son peligrosas porque son ilegales; son ilegales porque son peligrosas”.

Costa propone volver a algunos de los principios básicos que inspiraron y se reflejaron en las convenciones: el multilateralismo y la importancia de proteger la salud de las personas. Ello requiere fortalecer la cooperación internacional y la prevención de las adicciones, el tratamiento y la rehabilitación, que son las cuestiones en las cuales la ONUDD coopera con la OMS.

A pesar de la posición fuertemente prohibicionista, Costa dejó abiertas unas cuantas posibilidades de reconsiderar algunas políticas. Los programas de desarrollo alternativo, por ejemplo, se deberían concentrar más en lo económico; estos programas deberían ser parte de los programas de desarrollo económico de cada país y no sólo parte de la lucha contra las drogas. Insistió en que la prevención del crimen, la reducción de los daños, los derechos humanos y la participación comunitaria no habían recibido la suficiente atención en la formulación y la ejecución de la política de drogas. Especialmente, era la primera vez que un documento de la ONUDD usaba el término “reducción de los daños”, aunque el concepto que usa Costa difiere sustancialmente del que se usa en las obras sobre drogas: “Todo lo que hacemos en la ONUDD es reducción del daño”.

Los anexos al Informe Ejecutivo, ya mencionados, contienen análisis más complejos y sutiles que permiten un debate más riguroso. Reconocen, por ejemplo, que las consecuencias imprevistas mencionadas por Costa eran posiblemente predecibles aunque los creadores de políticas públicas nunca las pretendieran. De manera parecida, cuando se habla de desarrollo alternativo se observa con gran cuidado algunos experimentos exitosos en Tailandia y se concluye que es imperativo incorporar al campesino que cultiva coca o amapola a la economía moderna de mercado.

V. Bienvenidos al pasado: la sesión de 2009 de la Comisión de Estupefacientes

V.1 Cuestinos y debates

Los preparativos de la Comisión de Estupefaciente de 2009 fueron menos intensos que los que se dieron antes de UNGASS en 1998. Durante 2008, algunos grupos de la sociedad civil procuraron generar un apoyo para algunas reformas y otros para ratificar el prohibicionista Régimen International de Drogas. En América Latina no hubo mucha actividad preparatoria para el encuentro. Parece que los gobiernos de la región elaboraron sus posturas de manera silenciosa y entre ellos, sin que participara la sociedad civil y sin que hubiera debates abiertos.

A nivel internacional algunos grupos se prepararon para generar debates alrededor de las políticas contra las drogas. La Unión Europea preparó una propuesta, suscrita por veintiséis países, para incluir la “reducción de daños” y el problema del consumo en las políticas legitimadas por la Declaración Política emanada de la Sesión de la Comisión de Estupefacientes. La propuesta buscaba eliminar las quejas provenientes de las agencias de control de drogas de las Naciones Unidas en relación con que las políticas de algunos países europeos violaban las convenciones contra las drogas. Esta propuesta, contó con el apoyo de importantes organizaciones de la sociedad civil de Gran Bretaña, Holanda, España, Portugal, Suiza y otros países europeos.

Para prevenir cambios y reforzar las políticas represivas vigentes se organizó un fuerte movimiento prohibicionista de la sociedad civil. Este movimiento contó con el apoyo de Suecia y grupos de padres y religiosos de Estados Unidos, Australia y varios países más. En septiembre de 2008, más de 600 delegados de más de 80 países se reunieron en el Foro Mundial contra las Drogas en Estocolmo y crearon la Federación Mundial contra las Drogas (WFAD, por sus siglas en inglés); una red global de organizaciones no gubernamentales. Uno de los principales oradores de esa reunión fue Antonio Maria Costa, Director Ejecutivo de la UNODC, otro fue Christina Oguz, representante de esa organización en Kabul. El objetivo de WFAD era eliminar cualquier uso de las drogas que no estuviera destinado a la medicina o la investigación; buscaba “generar argumentos en contra de la legalización y las políticas permisivas y de reducción de daños que no persigan la total abstención”.6

The Drug Free America Foundation (DFAF), miembro de WFAD, tuvo una sesión presidida por Calvina Fay e inaugurada por Hamid Ghodse, el presidente del International Narcotics Control Board (INCB). Como fue señalado, la WFAD alega que “no puede haber objetivo diferente al de un mundo libre de drogas. Los derechos humanos son incompatibles con el abuso de las drogas. Todos los individuos tienen el derecho a una vida no lesionada por las drogas. Los generadores de políticas públicas tienen que defender y proteger ese derecho. Los derechos y los intereses de los consumidores de drogas no son atendidos apoyando la continuación del abuso de drogas” (Carlsson 2009).

Algunas de las posiciones expresadas por WFAD y sus miembros son bastante agresivas, particularmente contra George Soros, quien es visto como un enemigo que usa su riqueza para promover la legalización de la droga: “En Estados Unidos hay un movimiento grande y bien financiado destinado a normalizar y legalizar el uso y el tráfico de drogas. Gran parte de ese movimiento está siendo financiado por un nombre que muchos de ustedes conocen; George Soros, un criminal convicto que se autodefine públicamente como un ateo y que incluso ha afirmado ser Dios”.

Todo lo que tiene el señor Soros es poder y fama. Su filosofía busca destruir las sociedades que no le agradan para después volver a crearlas usando su modelo de “open society”.7* Destruye creando caos. Y qué mejor manera de crear caos en una sociedad que tener una población dominante de adictos a las drogas. Tener sociedades con leyes y políticas en favor de las drogas contribuye claramente a ese caos.

Como en otros países, en Estados Unidos, el señor Soros busca destruir nuestro sistema político para crear caos en el sistema judicial y de policía, e incluso en nuestras fuerzas armadas (Fay 2008).

Al final de esta sesión hice una simple pregunta: “Si el objetivo es la abstención total, ¿no sería lógico prohibir el alcohol y el tabaco?” La respuesta dada por los dos panelistas que respondieron fue contundente: “Sí, nos gustaría que se prohibiera el alcohol, pero no creemos que sea posible”.

Es importante señalar que miembros de alto nivel de UNODC e INCB estaban presentes y apoyaron el WFAD y la reunión de DFAF en el CND-2009. El CND es el órgano encargado de la formulación de las políticas contra las drogas y está compuesto por funcionarios gubernamentales de alto nivel; el INCB es un cuerpo de 13 expertos independientes con larga experiencia en temas de drogas. Tres son nombrados por el WHO y diez por gobiernos de listas armadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El UNODC implementa programas y proyectos para ayudar a alcanzar los objetivos contra las drogas. El apoyo abierto del personal de INCB y UNODC a organizaciones con esta agenda genera dudas acerca de si no se están extralimitando en sus funciones. Su apoyo a organizaciones como WFAD y DFAF, ¿no es una forma de promover sus objetivos políticos personales?