Juan Gabriel Tokatlian - Drogas y prohibición

A finales de enero se llevó a cabo en Barcelona otro importante encuentro preparatorio. El Foro Mundial de Cultivadores de Plantas Declaradas Ilegales. Reunió campesinos de Asia, África y América Latina, muchos de ellos provenientes de comunidades nativas. Este foro produjo una declaración política en la que se cita la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención de Derechos Civiles y Políticos, convenciones de la Organización Mundial del Trabajo sobre la riqueza, los derechos a los medios de sustento y los derechos de las comunidades nativas a practicar sus tradiciones, la medicina tradicional y la preservación de las plantas medicinales. Afirmaron que las plantas declaradas “ilegales” deben ser reconocidas como patrimonio cultural y natural de la humanidad, así como sus usos benéficos en su estado natural y como insumos para productos industriales y de otra índole. Reivindicaron los derechos de sus comunidades para cultivarlos y rechazaron la erradicación forzada, manual o aérea. También afirmaron que el desarrollo alternativo sólo se debe hacer una vez el desarrollo rural haya alcanzado resultados positivos y sólo después de haber consultado con los cultivadores. Consideraron que el desarrollo alternativo “no debe ser impuesto y no debe exigir previa erradicación de los cultivos declarados ilícitos, así como no debe estar precedido de factores que vulneren los derechos de los cultivadores”. También afirmaron que las relaciones entre los gobiernos y los cultivadores en varios países “son conflictivas porque las autoridades no cumplen con los acuerdos firmados”. Finalmente, afirmaron que “la influencia geopolítica de los poderes mundiales vulnera las relaciones entre los cultivadores y los gobiernos” y que las “organizaciones internacionales y los gobiernos deben reconocer y respetar las realidades diversas de cada país y deben incluir esas realidades en la formulación de las políticas”.

Esta es sin duda una declaración conflictiva. Enarbola el derecho de producción de plantas tradicionales de uso médico, ritual y social, como la coca y el khat y su uso como insumo para productos ilícitos que han sido prohibidos por las convenciones. En efecto, a pesar de que hay sólidos argumentos en favor de excluir la coca del calendario de las convenciones (Thoumi 2005), la declaración evade el tema del cultivo de coca y amapola para la producción de cocaína y heroína y lo esconde tras la defensa de los derechos humanos. Cualquier política razonable tiene que enfrentar este problema. La declaración argumenta de manera implícita que éste no es un tema de los cultivadores de coca y amapola y que éstos deben poder vender coca y opio a cualquier comprador sin preocuparse de su destino final.

Evo Morales, presidente de Bolivia, y cultivador de coca, exige que la coca sea removida del calendario de las Convenciones y que su uso tradicional e industrial sea considerado legítimo. En una escena teatral en el CND, sacó algunas hojas de coca y mostró a la audiencia cómo se masca, explicando que esta práctica no era un problema para los indígenas, mientras que la cocaína, producto occidental, sí lo era para el mundo moderno.

Tres ex presidentes latinoamericanos, Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) conformaron una Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que reunió a 17 personalidades de varios países de la región y luego de tres reuniones, en enero de 2009, produjo una declaración que cuestiona las políticas contra las drogas vigentes y recomienda abrir el debate y explorar la posibilidad de despenalizar la marihuana. Si bien la declaración circuló en la sesión de la CND, no se llevó a cabo una discusión formal sobre ella.

La reducción de daños fue un tema clave en las discusiones de alto nivel que llevaron a la formulación de la declaración política de la CND en 2009. Como ya fue señalado, la Unión Europea quería incluir el término “reducción de daños” en la declaración pero no hubo consenso acerca de cuáles políticas quedaban comprendidas bajo ese término. Algunos países estaban de acuerdo con unas pero no con otras. En efecto, la reducción de daños puede cubrir la provisión de jeringas y agujas para adictos a la heroína, de suplementos químicos que prevengan sobredosis, de metadona como sustituto de heroína, de espacios limpios en los que los adictos se puedan inyectar y consumir drogas con dignidad y puede incluir el permitir a las madres de niños pequeños cumplir condenas por drogas desde sus casas, etc. Es claro que el espectro de las políticas de reducción de daños es amplio y que el grupo de países que se opone (Estados Unidos, Rusia, Suecia, la Santa Sede, Cuba, Colombia y otros) insiste en una definición detallada. La posición de la Unión Europea se debilitó al no poder llegar a un acuerdo sobre una definición amplia de reducción de daños y algunos países rompieron filas. Esto permitió que el prohibicionismo lograra bloquear su inclusión en la declaración.

V.2 La declaración política y los próximos objetivos

La declaración política (E/cn.7/2009/L.2) reafirma los objetivos prohibicionistas: “Estamos decididos a afrontar el problema mundial de las drogas y a promover activamente una sociedad sin abuso de drogas para asegurar el que todos puedan vivir con salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad”. También reitera la responsabilidad común y compartida de todos los Estados, el respeto por los derechos humanos y por la soberanía estatal. Expresa también “nuestro compromiso inquebrantable para asegurar que todos los aspectos de la reducción de la demanda, la disminución de la oferta y la cooperación internacional sean abordados en total acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y, en particular, con el pleno respeto por la soberanía y la integridad territorial de los Estados, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad inherente a todos los individuos y los principios de igualdad y respeto mutuo entre los Estados”.

La declaración sostiene que “el fin último de las estrategias para la disminución de la demanda y la oferta y de desarrollo sostenible es minimizar, y eventualmente eliminar, la disponibilidad y el uso de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas para asegurar la salud y el bienestar de la humanidad y fomentar el intercambio de experiencias positivas en la reducción de la oferta y enfatizar que las estrategias son poco eficientes si no están acompañadas de otras”. Más aún, la declaración reafirma “la Declaración Política adoptada por la Asamblea General en la vigésima sesión especial”, es decir, UNGASS-1998. Dando un apoyo meramente formal a la necesidad de balancear la reducción de la demanda y la oferta y la implementación de las mejores experiencias, la Declaración Política reafirma las aproximaciones y objetivos de UNGASS-1998.

La declaración también reconoce los esfuerzos y sacrificios hechos por todos los países involucrados; la importancia de contar con una perspectiva integrada y el problema particular al que se enfrentan los países de tránsito y compromete a los Estados a mejorar la cooperación. Establece también objetivos similares a los de 1998: decide establecer que 2019 será la fecha límite para que los estados eliminen o reduzcan de manera significativa y mensurable:

(a) Los cultivos ilícitos de amapola, hoja de coca y cannabis;

(b) La demanda ilícita de narcóticos y sustancias psicotrópicas y los problemas de salud y los riesgos sociales vinculados con el uso de drogas;

(c) La producción, el procesamiento, el comercio, la distribución y el tráfico de psicotrópicos incluyendo las drogas sintéticas;