Antonia Fonck - Miradas desclasificadas

Adentrándose en el siglo XX, los editores comenzaron a recibir presiones por excluir documentos que pudieran perjudicar a la diplomacia, acuñándose el concepto de la publicación responsable. Un problema específico que presentaban los embajadores era que temían que los papeles revelaran las negociaciones o sus impresiones personales. Las publicaciones eran anuales, pero para los involucrados en la diplomacia, la liberación de información dentro del mismo año perjudicaba una amplia gama de acciones políticas. Esto no solo afectaba a los diplomáticos estadounidenses; los otros países también miraban con desconfianza esta publicación, en cuanto a que no se sentían libres para expresar sus opiniones, frente a la posibilidad de que fueran publicadas. De esta forma se complicaba el proceso de recolección de información. Las series fueron tomando un papel conflictivo en cuanto a que se comprometían con la transparencia, pero a la vez perjudicaban a los actores de la diplomacia. Además, el mundo académico solicitaba publicaciones más seguidas y documentación comprensible, mientras que el Ejecutivo buscaba utilizar las series para movilizar la opinión pública. Por otra parte, no existían criterios establecidos de selección, lo que complicaba la compilación.

El año 1925 se presentó un hito que marcaría la forma en la que se concebirían las series. Frank B. Kellogg, secretario de Estado, inició un proceso de reforma en la compilación de las series, posicionando esta elaboración como uno de los deberes más importantes del Departamento de Estado y sentando las bases que determinan el proceso de desclasificación actual. El secretario indicó que las series debían publicar los documentos que se relacionaran con las decisiones políticas más relevantes del Departamento, junto con los eventos que contribuían a la formulación de cada decisión83. Para asegurar la integridad histórica, la llamada “Kellog order” insistió en que no existieran alteraciones en el texto. Si existían censuras, debían indicarse dónde y no se podía omitir ningún hecho que fuera relevante dentro del proceso de toma de decisiones. Este fue un primer paso en un camino que buscaba que las series se comprometieran con los hechos y pudieran reflejar de forma fidedigna lo que el gobierno había llevado a cabo en el exterior en nombre de los ciudadanos estadounidenses84.

El historiador Richard Humphrey declaró en 1949 que la investigación en la elaboración de los volúmenes era crucial, tanto para la transparencia histórica como para los funcionarios del Departamento, debido a que, sin un flujo de información confiable, se minaba la base desde la cual se podían tomar buenas decisiones85. El académico Maure Goldshmidt indicó que el mayor problema era la falta de información veraz. La falta de apertura intensificaba la sensación de inseguridad, generando frustración en la sociedad norteamericana86. La presión del mundo académico y de la sociedad norteamericana comprometida con la transparencia, era un problema real a la hora de elaborar las publicaciones. Sin embargo, llegó la Guerra Fría, y con ella un consenso nacional de la importancia de lo secreto para mantener la seguridad nacional.

La Guerra Fría cristalizó todas esas discusiones, añadiéndoles un elemento crucial para entender la forma que tomaría esta fuente: había entrado en la sociedad el factor del miedo. A esto se sumó la creación de ciertas entidades que proveían seguridad ante la amenaza del comunismo: la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional, las cuales comenzaron a jugar un rol fundamental en los asuntos internacionales, incidiendo de forma directa en el futuro de FRUS, en un momento donde la clasificación tomó prioridad frente a la desclasificación. Las series también comenzaron a tomar un rol aún más político. El historiador Samuel Flagg Bemis comentaba sobre su utilidad, en cuanto a que se podían transformar en “la voz histórica de Norteamérica”.

En vista de su utilización política, historiadores, cientistas políticos y abogados internacionales comenzaron a manifestar su preocupación. Ante esa presión, el Departamento de Estado llamó a la American Historical Association, la American Society of International Law y la American Political Science Association para que nominaran candidatos para servir en el Historical Advisroy Committee. Este comité se encargaría de vigilar la transparencia histórica de la publicación de documentos. Esto implicó la institucionalización de una fuerza que apelaría al deber del Departamento de no intervenir en la desclasificación con fines políticos ni diplomáticos. John F. Kennedy se comprometió con la causa en una carta a los secretarios de Estado, Defensa y Tesoro el 6 de septiembre de 1961: la efectividad de la democracia depende de una ciudadanía informada e inteligente. Para lo mismo, el presidente solicitaba que los departamentos y agencias colaboraran de forma más activa en los esfuerzos de la elaboración de las series87. Richard Nixon, en medio del escándalo de la filtración de los “Pentagon Papers”, a través de una orden ejecutiva, trató de definir la política que regiría los procesos de clasificación y desclasificación, con el fin de que los volúmenes se publicaran a tiempo. Esto en pos de recuperar la confianza en la transparencia del gobierno que la sociedad norteamericana había perdido88. Richard Leopold, miembro de la HAC, recalcó la desconfianza que existía entre la comunidad académica y los líderes en Washington, incluso proponiendo que se descontinuaran las series por la falta de veracidad89.

A pesar de este intento por recuperar la confianza de la sociedad, transparentando los procesos de clasificación y desclasificación, la era de Ronald Reagan marcó un retorno al secretismo. Aquí comenzó a aparecer la diferencia entre la transparencia y lo traslúcido. Se seguían publicando los volúmenes, pero a los ojos de los historiadores y comités faltaba precisión. Bartolomew H. Sparrow escribió en 1989 que, ante la orden de Reagan, la cantidad de archivos desclasificados se redujo significativamente; cerca de un 40 % de los documentos recibidos y guardados en los archivos permanecían clasificados90. En medio de toda esta polémica aparecía el “FRUS problem”. En 1990, el presidente del Historical Advisory Committee, Warren Cohen, decidió renunciar después de la publicación del volumen de Irán, el cual, a su juicio, reflejaba los problemas que había en la concepción de responsabilidad histórica y transparencia. El volumen trataba los acontecimientos ocurridos entre los años 1952 y 1954; sin embargo, no mencionaba el derrocamiento del primer ministro iraní Mohammad Mosadegh91. Muchos calificaron el volumen como un fraude. Fue “la gota que rebalsó el vaso”, en un proceso donde las distintas orientaciones de los presidentes y su apreciación o negación a la apertura impedían que se publicara de forma regular y transparente. En su carta de renuncia, Warren Cohen escribió que él ya no podía proteger la integridad de las series, la reputación del Departamento ni atestiguar sobre el interés de la administración por proveer un registro histórico honesto.

Joshua Botts conceptualiza este conflicto bajo una perspectiva interesante que refleja la cultura popular norteamericana, indicando que este conflicto habría sido una batalla entre los “campeones de la transparencia” y “los guardianes de la seguridad”92. Una civil war que enfrentó al Historical Advisory Committee y las agencias de inteligencia y la burocracia que se ocupaba de clasificar. Esta lucha reflejó un conflicto inherente en tiempos donde la acción estadounidense en el mundo se percibía como fundamental.

En medio de este conflicto, el Congreso propuso un proyecto de ley, la Pell Amendement que buscó regularizar FRUS y empoderar al Historical Advisory Committee. La enmienda resucitó los ideales de Frank B. Kellog, en cuanto que determinó que las series se guiaran por los principios de objetividad y exactitud. La ley fue aprobada, estableciendo una base constitucional sobre la cual se apoyarían los futuros editores de FRUS. Esta ley (Public Law 102-138, oct., 28, 1991) significó el triunfo de los “campeones de la transparencia”, en su constante esfuerzo por rescatar los valores de la responsabilidad histórica, entendidos como una responsabilidad democrática.