Pippa Norris - Integridad electoral

La información sobre la integridad electoral de una elección puede provenir, en cuarto lugar, de encuestas a ciudadanos. Si las preguntas son iguales en los distintos países, es posible comparar respuestas. No obstante, hay que ser cauto en varios aspectos. Primero debemos ser conscientes sobre la profundidad de nuestras preguntas. Efectivamente, no podemos utilizar cuestiones demasiado técnicas o específicas, como el redistriteo o la financiación de las campañas, porque son asuntos difíciles de traducir en preguntas y se corre el riesgo de obtener altas tasas de no respuesta. Ejercicios globales como la encuesta mundial de valores incluyen reactivos directos y fáciles de contestar (se cuestiona el grado de acuerdo con frases como “los ricos compran las elecciones”), pero que apenas permiten tratar el detalle (siguiendo con el anterior ejemplo: ¿quiénes son los ricos?, ¿qué quiere decir que compran las elecciones?, ¿cómo lo hacen?). Además, y este es un problema que se ignora en mucha de la investigación comparada hecha con encuestas, está el asunto de la intercomparabilidad de las respuestas, como bien muestran King, Salomon y Tandon (2004) que se podría enfrentar mediante el empleo de “viñetas”.

Disponemos de dos fuentes de datos alternativas más. La quinta sería el análisis de casos legales que habitualmente comportan muy buena información. Tienen, a pesar de esto, dos limitaciones. La primera es que, como se comentaba arriba, la misma práctica puede ser legal en unos países e ilegal en otros. ¿Quebrantan entonces la integridad electoral? Cómo se articula esta tensión no queda claro. El segundo problema que se suele ignorar es una consecuencia del primero. Y es que, para que haya un caso legal, antes debe haber un caso. Y si nos encontramos en contextos en los que la misma situación puede ser proclive a convertirse en un caso legal (o no), estamos ante un sesgo de selección de origen.

El sexto y último enfoque se refiere al uso de los reportes e historias de los medios de comunicación acerca del fraude electoral o la violencia. Las ventajas de esto son que se pueden captar muchos de los problemas presentes en las elecciones de diferentes países. De igual modo, con los portales y buscadores de noticias es factible estandarizar dicho trabajo para conseguir un enfoque consistente. Pero hay que ser conscientes de que por distintos motivos tampoco es el medio ideal. Los medios no están exentos de sesgos ni de intereses particulares, a veces partidistas. En este sentido, pueden optar por cubrir unas historias con más interés que otras o no mostrar una parte de la realidad, presentándola de forma sesgada. De igual manera, no siempre queda claro qué y por qué un hecho deviene noticia. Por último, no todos los asuntos concitan la misma atención. De nuevo, y siguiendo con los ejemplos anteriores, discusiones técnicas (pero altamente relevantes para la integridad de la elección) difícilmente coparán las portadas de los principales medios en comparación con asuntos más espectaculares.

En definitiva, todas las aproximaciones comentadas tienen ventajas e inconvenientes pudiendo dificultar el establecimiento de evidencia confiable que sirva para distintos contextos, regímenes y culturas. Obviamente, lo ideal es optar por una combinación de métodos.

Desde el EIP se propone trabajar a partir de una encuesta a expertos para así crear el Índice PEI. La encuesta compara la calidad de las elecciones en todo el mundo ofreciendo así una información exhaustiva, sistemática y consistente. Metodológicamente, la encuesta se inspira en proyectos similares como la Chapel Hill Expert Survey (Hooghe et al. , 2010) —que trata de ideologías de partidos y posiciones políticas— o el Varieties of Democracy (Coppedge et al ., 2012) que aborda el grado de acuerdo con distintos criterios de democracia. En definitiva, esta parte del trabajo del EIP se encuadra en esta técnica cada vez más frecuente para evaluar diversas dimensiones de la gobernanza democrática que no pueden ser observadas de otra forma.

Elklit y Reynolds (2005) ofrecen dos razones por las que una encuesta a expertos es preferible (si bien complementaria) a otras técnicas como los reportes de los observadores electorales. La primera es que los observadores electorales juzgan la calidad de una elección “con base en una evidencia impresionista e incompleta muy centrada en la conducta electoral durante el día de la elección” (Elklit y Reynolds, 2005, p. 149), aunque muchas misiones de observación electoral ya despliegan observadores de corto y largo plazos. La segunda es porque, en palabras de dichos autores, las misiones de observación electoral “deciden el resultado de la elección de forma politizada, dividiendo la realidad del propio proceso” (Elklit y Reynolds, 2005, p. 149). Por lo tanto, las evaluaciones de los observadores consideran la calidad de una elección generalmente en términos dicotómicos, en los que la contienda ha sido buena o mala . Creemos que nuestra perspectiva es más comprehensiva y consideramos que la calidad de la elección es multidimensional y que con la dicotomía ( buena o mala ) se pierde una parte sustantiva de la varianza entre los casos. Es decir, al optar entre el blanco y el negro se pierden los distintos matices del gris.

Los argumentos adicionales de Martinez i Coma y Van Ham (2015) son relevantes para justificar el uso de encuestas de expertos. Primero porque el grueso de los observadores internacionales llega unos diez días antes de la fecha de la elección. Por cuestiones logísticas, los LTO suelen ser equipos reducidos. Por ello es muy alta la probabilidad de que se les escapen asuntos relevantes. Así, les es muy complejo entender las sutilezas de las leyes electorales, el acceso a los medios de comunicación o la regulación de la financiación, que se dirimen mucho antes de la semana de la elección, y esto puede afectar la calidad de la elección. En segundo lugar, para muchos asuntos de integridad electoral hay pocas alternativas metodológicas a la medición de las percepciones (como la presencia de corrupción u otras actividades ilegales). En tercero, como son los gobiernos los que cursan las invitaciones a los observadores, los países que deciden no pedir la llegada de observadores quedarían excluidos de los análisis que se fundamentan en reportes de observadores, lo que sesga la muestra global con implicaciones académicas y políticas. Respecto a las primeras, por ejemplo, los trabajos de Birch (2011) —que incluyen 161 elecciones en 61 países del periodo 1995-2007— y Kelley (2012) —1324 elecciones, de las que 442 tuvieron observadores, en 182 países del periodo 1975-2004— dependen de las invitaciones de las organizaciones para la observación. Así, la calidad de las elecciones sin observadores es incierta —y precisamente esas contiendas son más proclives a ser manipuladas—. Políticamente, basarse en reportes de observadores puede llevar a conclusiones sesgadas —cuando no equivocadas— debido a la ausencia de información al no poder comparar las elecciones de aquellos países que no han solicitado observadores. Por último, un factor que no se ha incluido anteriormente respecto a las misiones de observación electoral. Y es que, por obvio que parezca, los observadores si no hablan el idioma local, se pueden perder en medio de las complejidades de la elección.

El paso que sigue es definir quién es experto. Según Steenbergen y Marks (2007), hay muchas definiciones en relación con quién se puede calificar como experto. Por tanto, hay que ser precisos. Para el EIP, un “experto” es un politólogo (o científico social en una disciplina relacionada) que ha publicado o ha demostrado conocimiento en el proceso electoral en un país en específico. Concretamente, por “conocimiento demostrado” se entiende que se cumple uno de los siguientes criterios: 1) membresía de un grupo relevante de investigación, red profesional o sección organizada de dicho grupo; 2) publicaciones —libros, artículos en revistas científicas o ponencias en conferencias— en el campo electoral o relacionada con dicho país; 3) empleo en una universidad como investigador o profesor. Para cada elección se identifican alrededor de cuarenta expertos, buscando un equilibrio entre expertos domésticos e internacionales (Martínez i Coma y Frank, 2014). Como se explica en el capítulo de México, las definiciones para los trabajos subnacionales han seguido definiciones muy similares.