José Luis Cea Egaña - Derecho Constitucional chileno. Tomo II

4. Simetría de derechos, deberes y garantías. Los derechos y los deberes tienen, en general, la misma importancia, ya que donde existe un derecho correlativamente existe un deber. Quien es titular de un derecho público subjetivo, por ende, obliga al prójimo a respetarlo, sin excepción.

Empero, puntualizamos que la Constitución de 1980 realza los derechos, contemplando para los deberes sólo los artículos 22 y 23. Es menester, sin embargo, entender lógicamente lo ya expuesto y que repetimos: jamás un derecho es absoluto y siempre va aparejado del deber correlativo, el cual limita o restringe el ámbito de ejercicio de aquél, encuadrándolo dentro de lo que es lícito o legítimo. De manera que en los veintiséis numerales del artículo 19 del Código Político no se enuncian sólo derechos, sino que también los deberes inherentes al ejercicio racional de aquellos. Concluimos aseverando, por ende, que el Poder Constituyente, además de tales deberes, en los artículos 22 y 23 de la Ley Suprema añadió otros, los cuales quiso destacar por su carácter general, básico y decisivo para el desenvolvimiento y progreso ordenado de nuestra coexistencia civilizada13, o sea, una convivencia respetuosa del prójimo y de sí mismo, típica de personas cultas.

Aclaramos, al cerrar este capítulo, que las garantías a que se alude no existen sólo para amparar, defender o tutelar los derechos, sino que, con semejante finalidad, también para fomentar o promover su goce y exigir el cumplimiento de los deberes respectivos. Por supuesto, sólo una población consciente de sus derechos puede asumir la iniciativa para defenderlos, supuesto, como hemos advertido, que el sistema jurídico haya contemplado las garantías adecuadas. No se olvide tampoco que esas acciones y recursos son deducibles, preventivamente o ex post, no sólo por los gobernados en contra de la autoridad, sino que también por esta última en defensa del ordenamiento jurídico y, en ocasiones, de las atribuciones y potestades reconocidas a los entes públicos. Los órganos estatales requieren hallarse habilitados para deducir acción o intervenir cuando el estatuto que lo rige ha sido amenazado o transgredido por conductas ilícitas de individuos o grupos. En fin, constituye un progreso, cuya implementación real y ecuánime todavía es improcedente efectuarla por el breve tiempo transcurrido, la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante la ley Nº 20.405, de 2009. Su función es promover y proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes de Chile. Para ello, le corresponde deducir acciones legales ante los tribunales, en el ámbito de su competencia.

Al fin y al cabo, lo expuesto no es más que una consecuencia del principio de supremacía constitucional, contemplado en el artículo 6 inciso 2º de la Carta Fundamental. Este principio es de perentoria imperatividad, pues dispone que los preceptos de la Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de los órganos estatales como a toda persona, institución o grupo. Y esa fuerza normativa, propia y directa del Código Político emana, inmediatamente, de la legitimidad del mismo, no quedando, como regla general, suspendida o condicionada a lo que disponga el legislador u otro órgano constituido14.

En los capítulos siguientes expondremos una sistematización, breve y esquemática, del complejo y trascendental tema de la dignidad y los derechos humanos en nuestro Ordenamiento Fundamental y en su legislación complementaria.

En torno de ese eje, substantivamente legitimante de un régimen político cuando es respetado y propugnado, se estructura hoy el constitucionalismo, es decir, la génesis seguida de la regulación, el control y la responsabilidad en el ejercicio de la soberanía, limitada siempre por el valor suprapositivo de la dignidad y los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Las reflexiones que aparecen a continuación se encuadran en los parámetros descritos y tienen como horizonte de referencia la Carta Fundamental de 1980 y su legislación complementaria. Además de enunciar un panorama del asunto desde el ángulo de los principios y preceptos jurídico-formales de tal Código Político, incursionaremos en su evaluación a partir de un punto de vista más real, próximo a la sociología del Derecho Constitucional. En la medida de lo posible, se proporcionará información sobre el Derecho comparado en el rubro15.

BIBLIOGRAFÍA

Alexy Robert: Teoría de los derechos fundamentales (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997).

Aldunate Lizana Eduardo: Derechos fundamentales (Santiago de Chile, Legal Publishing, 2008).

Cea Egaña José Luis: El sistema constitucional de Chile. Síntesis crítica (Santiago, Impr. Alfabeta, 1999).

Campillo Sainz José: Los derechos fundamentales de la persona humana; Los derechos sociales (México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1995).

Carbonell Miguel (editor): Neoconstitucionalismo (s) (Madrid, Ed. Trotta, 2003).

Borowski Martín: La estructura de los derechos fundamentales (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003).

Ferrajoli Luigi: Democracia y garantismo (Madrid, Ed. Trotta, 2008).

Dallavia Alberto: Estudios sobre Constitución y economía (México DF, Ed. Universidad Autónoma de México, 2003).

De Vergottini Giuseppe: Transiciones constitucionales (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002).

De Asís Rafael: Sobre el concepto y fundamento de los derechos: una aproximación dualista (Madrid, Editorial Dykinson, 2004).

De la Cruz Alicia: “Uso y abusos de los derechos fundamentales”, Gaceta Jurídica (Santiago, Chile) Nº 345 (2009), pp. 7-24.

Dermizaky Peredo Pablo: Derechos y garantías fundamentales (Cochabamba, Librería Jurídica Omeba, 2006).

Fernández Tomás-Ramón: Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdiccional (Lima, Ed. Palestra, 2006).

Fernández Miguel Ángel: “Pronunciamientos del Tribunal Constitucional relativos a conflictos entre derechos fundamentales”, Revista de Derecho Público Nº 70 (2008), pp. 139-148.

Ferrajoli Luigi: Derechos y garantías. La ley del más débil (Madrid, Ed. Trotta, 1999).

––: Democracia y garantismo (Madrid, Ed. Trotta, 2008).

Häberle Peter: “La Constitución como cultura”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional Nº 6, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.

Hermida del Llano María Cristina: Los derechos fundamentales en la Unión Europea (Barcelona, Editorial Anthropodos, 2005).

Ibarranco Avilés María del Carmen: La teoría jurídica de los derechos fundamentales (Madrid, Ed. Dykinson, 2004).

Gómez Bernales Gastón: Derechos fundamentales y Recurso de Protección (Santiago, Ediciones de la Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, 2005).

Rolla Giancarlo: “El valor normativo del principio de dignidad de la persona humana. Consideraciones en torno a las constituciones iberoamericanas”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional Nº 6. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.

Martínez de Pisón José y Andrés García Inda (coordinadores): Derechos fundamentales, movimientos sociales y participación. Aportaciones al debate sobre ciudadanía (Madrid, Ed. Dykinson, 2003).

Nash Rojas Claudio: La concepción de derechos fundamentales en Latinoamérica. Tendencias jurisprudenciales (México, Fontamara, 2010).

Nogueira Alcalá Humberto: Derechos fundamentales y garantías constitucionales (Santiago, Ed. Librotecnia, 2007).

––: “La dignidad humana, los derechos fundamentales, el bloque constitucional de derechos fundamentales y sus garantías jurisdiccionales”, Gaceta Jurídica (Santiago, Chile) Nº 322 (2007), pp. 32-67.

Pérez Luño Antonio: Los derechos fundamentales (Madrid, Editorial Tecnos, 2007).