Sergio González Rey - Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo. Tomo II

Algunas personas suelen decir con añoranza: “Todo tiempo pasado fue mejor”. Sin embargo, existe por lo menos un claro escenario que se ha desarrollado con tanta rapidez y amplitud que hoy ha puesto en entredicho esa frase que representa la desesperanza, en cuanto a que el futuro puede representar un mejor porvenir y que guarda relación con la evolución de la sociedad a partir de los avances de la tecnología.

Pensemos por ejemplo que, desde un punto de vista, hace treinta años (que es casi la misma cantidad de años que este autor ha completado sobre este planeta) la vida era dramáticamente diferente de la que hoy se nos presenta, pues para aquellos tiempos, entre otras cosas, la internet apenas comenzaba a consolidarse como fórmula de comunicación y conectividad, los computadores no eran unas herramientas de uso masivo por su elevado costo y el vocablo correo hacía alusión al servicio postal (cuyo propósito era la entrega de correspondencia física).

En cambio hoy podríamos afirmar, casi sin temor a equivocarnos, que la internet dejó de ser solo un servicio público domiciliario para pasar a consolidarse como un servicio público “sine qua non”, en tanto que el no poder acceder a él afecta básicamente todo el desarrollo de la vida en sociedad. De igual forma, en la actualidad el computador no solo se ha convertido en un objeto infaltable en el hogar promedio colombiano, sino que, además, casi con seguridad hay uno por cada miembro del núcleo familiar, y esto sin contar con los muy de moda celulares inteligentes (que básicamente son un formato micro- y móvil del computador). Y, además, en nuestros tiempos cuando se hace referencia al correo, usualmente se entiende esto como una mención al servicio electrónico de intercambio de mensajes (datos), y en esa medida, su acepción como servicio postal ha quedo rezagado de manera paulatina.

Así las cosas, resulta —cuanto menos— interesante elevar algunas reflexiones en torno a la evolución que el procedimiento administrativo en Colombia ha tenido por cuenta de la implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y cómo esto influyó en la flexibilización de las relaciones entre Administración y administrados.

Para ello será menester echar un vistazo a la configuración del procedimiento administrativo bajo el imperio del Código Contencioso Administrativo (sin herramientas TIC), para luego concentrarnos en lo que sería nuestra realidad vigente en la materia a partir de las reglas incorporadas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (con herramientas TIC) y, finalmente, presentarse unas conclusiones frente al asunto.

Parece ser connatural al hombre el desconfiar de lo nuevo y lo desconocido. Tal vez nunca haya sido un proceso sosegado el paso de lo viejo (sobre todo cuando estamos acostumbrados y tenemos ese panorama bajo control) a lo nuevo (lo cual está rodeado de circunstancias inciertas que se deben aprender hasta llegar a dominar), y en tanto que el derecho es una ciencia social, casi que con seguridad las vacilaciones de las personas han tenido un papel determinante en la lenta aceptación de algunas transformaciones en el ámbito jurídico.

Así ocurrió, desde nuestro punto de vista, con la muy reducida aplicación de la tecnología al servicio del ejercicio de la Administración pública de antaño. En concreto, lo antes señalado se puede comprobar con lo acontecido en el marco del derecho administrativo interno y particularmente en lo que al procedimiento administrativo se refiere, el cual, en concepto del profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, corresponde al

sendero preestablecido legalmente, y que consiste en trámite y formalidades a los cuales deben someterse las autoridades administrativas en ejercicio de sus actuaciones, tendentes a la producción de actos administrativos, para que estos en su formación obedezcan a una trayectoria garante de la participación previa y de los derechos de los interesados y de la comunidad en general, los mismo que de las ritualidades tendentes a impedir la arbitrariedad o el cumplimiento de los fines sociales y el interés general 1.

En efecto, si damos una ojeada al Código Contencioso Administrativo (CCA) (Decreto 01 de 1984), podemos advertir que en su parte primera se previeron las directrices generales de los procedimientos administrativos, pero como consecuencia de los limitados desarrollos tecnológicos del momento, nada se dijo de la utilización de medios electrónicos y tecnológicos como mecanismo para coadyuvar a la Administración en el desarrollo de las tareas tendentes a proferir sus decisiones administrativas definitivas.

Por ende, la realidad administrativa que imperó durante la vigencia del CCA obedeció a un claro y notorio desarrollo de procedimientos administrativos enmarcados por la “ideología” del papel y la tinta. Al no existir previsiones normativas que enmarcaran como un deber la utilización de medios electrónicos de parte de las autoridades administrativas, el administrado se veía avocado a someterse a las penurias de actuar casi siempre con inmediación ante la Administración (mediante el papel y la tinta), bien fuera para presentar un derecho de petición, notificarse de la decisión administrativo o interponer los recursos administrativos.

Lo cierto es que en tiempos pasados imperaba por uso, costumbre y, además, porque la ley así lo mandaba, que la tinta y el papel fueran la única forma válida, legítima y procedente para adelantar los procedimientos administrativos 2. Ahora bien, lo cierto es que esta posición conservadora de la Administración —posiblemente influida por el hecho de que la norma no la obligaba a hacer nada distinto— frente a la implementación de la tecnología para facilitar su quehacer y el de los que con ella interactuaran fue poniendo en evidencia que el sector público siempre va un paso atrás del sector privado en cuanto a su capacidad de asimilar las transformaciones y sobre todo de ver en ellas oportunidades de mejoramiento, para así superar la idea de que siempre es mejor lo lento pero seguro.

Ahora bien, ese impulso incesante de la sociedad por avanzar en su tecnologización 3no ha sido ajeno a ámbitos como el jurídico. Si bien en el escenario del derecho los pasos hacia la modernidad se han dado más por la fuerza de la necesidad que de la convicción, lo cierto es que el derecho contemporáneo ha venido reconociendo y aceptando que, desde cierto punto, su eficacia en estos nuevos tiempos depende, en cierta medida, de la utilización de los medios tecnológicos que hoy marcan el ritmo del mundo.

Efectivamente, en Colombia la adecuación global del procedimiento administrativo general a las TIC tuvo como punto de partida la promulgación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el cual —bajo ese espíritu de modernización— introdujo en el ordenamiento jurídico un notable número de normas tendentes a que el funcionamiento del aparato administrativo fuera más eficiente 4, y para ello concibió todo un andamiaje normativo que le brindara la posibilidad a la Administración de mejorar el desarrollo de sus actividades utilizando medios electrónicos.

Estos aportes legislativos no dan cuenta únicamente de la mora en que se encontraba la Administración por alcanzar un ejercicio administrativo más ágil, accesible 5, informal y menos burocrático, sino que también da cuenta de la redefinición del procedimiento, en tanto comienza a alejarse de los rigorismos del proceso judicial y comienza a definirse como “un espacio donde se produce el intercambio de información entre la Administración y el administrado” 6; es decir, comienza a darse el acento en la información, el acceso a ella 7y los medios para intercambiarla.