Grisel Salazar Rebolledo - Poderes y democracias

Antes de estudiar las elecciones, partidos, legislaturas o élites de las provincias como si estas fueran esencialmente iguales, debemos entonces atender a la heterogeneidad del objeto. Hablar, por ejemplo, de “competencia partidaria” puede llevar al error de pensar que tal concepto significa lo mismo en la muy democrática Mendoza que en la hegemónica San Luis.

En su clásico Poliarquía , Robert Dahl destacó que “incluso dentro de un país, las unidades subnacionales a menudo varían en las oportunidades que brindan para la competencia y la participación” (Dahl, 1971: 14). Este autor reconoció explícitamente que no ocuparse de este tema fue una “grave omisión” de su libro. Sin embargo, todavía hoy son pocos los trabajos en los que se define y mide la democracia sistemáticamente en todas las unidades subnacionales de un país, y estos son en general más o menos recientes. La gran mayoría de ellos se basa en indicadores objetivos, [1]que tienen ventajas en términos de disponibilidad de datos y confiabilidad, pero desventajas en términos de validez y, críticamente para este capítulo, dimensionalidad, ya que en general operacionalizan solo una o un par de dimensiones de la democracia (por ejemplo, Kim Quaile Hill, 1994; McMann y Petrov, 2000; Hernández, 2000; Gervasoni, 2010a; Giraudy, 2010). En cambio, casi no hay antecedentes de estrategias de medición subjetivas más allá del trabajo de McMann (2006) para Rusia y Kirguistán, que produce una medida unidimensional de democracia. Desde este punto de vista, las encuestas de expertos argentina (Gervasoni, 2010b) y mexicana (que se presenta en este volumen) constituyen una innovación metodológica importante y son las primeras que permiten un examen sistemático del patrón de multidimensionalidad de los regímenes subnacionales.

Definamos a qué nos referimos con el término “multidimensional”. Es habitual que conceptos complejos como los de “régimen político” o “democracia” incluyan más de un aspecto o “dimensión”. Por ejemplo, la clásica conceptualización de Dahl (1971) identificaba dos dimensiones de los regímenes políticos: la competencia y la participación. Para este autor solo existe un régimen poliárquico si en él se combinan la competencia política con la inclusión de la mayoría de los ciudadanos en tal competencia. Este tipo de multidimensionalidad conceptual es a veces acompañada por una multidimensionalidad empírica. Ello ocurre no solo si existen diferentes aspectos del concepto que son analíticamente distinguibles, sino que además los mismos no están altamente correlacionados en la realidad. Siguiendo con el ejemplo de Dahl, si la mayoría de los regímenes políticos fueran o competitivos e inclusivos o no competitivos y no inclusivos, la bidimensionalidad sería meramente conceptual: en los hechos los regímenes se ordenarían en un solo eje que va de un polo democrático (competitivo e inclusivo) a uno autoritario (ni competitivo ni inclusivo). Si, en cambio, existen regímenes políticos que combinan alta inclusión con baja competencia (o baja inclusión con alta competencia), entonces las dimensiones identificadas son empíricamente independientes y la bidimensionalidad conceptual se manifiesta también como empírica. Tal situación se representaría gráficamente mediante dos ejes perpendiculares, uno expresando el nivel de competencia y otro el de inclusividad. Tal gráfica es expuesta por Dahl en las primeras páginas de su libro, en las cuales identifica a los cuatro regímenes definidos por la combinación de ambas dimensiones: “poliarquías”, “oligarquías competitivas”, “hegemonías inclusivas” y “hegemonías cerradas” (Dahl, 1971: 7-8). Estudios académicos más recientes han registrado significativa evidencia de que esta bidimensionalidad empírica caracteriza a los regímenes nacionales contemporáneos (Coppedge, Alvarez y Maldonado, 2008).

Pocos conceptos han sido más controvertidos y multívocos que el de democracia. En la segunda mitad del siglo xx la palabra se volvió tan prestigiosa y legitimadora que todo tipo de filosofía política y de régimen intentaron apropiarse de ella. Algún “modelo de democracia” (Held, 1987) ha sido defendido por tradiciones intelectuales tan diferentes como la liberal, la socialista y la comunista. Asimismo, tanto países con elecciones multipartidistas como naciones con partidos únicos o hegemónicos han reivindicado encarnar los principios democráticos.

En su viaje desde la antigua Atenas al mundo moderno, la democracia —entendida en su acepción más aceptada— recogió dos importantes elementos. El primero, originado en su matrimonio con las ideas liberales, fue la libertad. El segundo, surgido de la imposibilidad de aplicar la democracia directa en los grandes Estados, fue la representación. Por lo tanto, se entiende aquí a la democracia como un sistema político en el cual los gobernantes son periódicamente elegidos por el pueblo y, una vez en el cargo, ejercen el poder de manera limitada, respetando los derechos y libertades políticos y civiles.

Para diferenciarla de otros significados, se la llamará “democracia representativa liberal”, la cual es un tipo de régimen político tanto a nivel nacional como subnacional. Aunque la definición que se propone es estrictamente política, es también relativamente densa ( thick ), [2]compleja y multidimensional. Por ejemplo, el componente democrático esencial —la soberanía popular— es complementado por el componente propiamente liberal —los derechos individuales y las limitaciones institucionales al poder—, y a su vez ambos están compuestos por varias subdimensiones. Avances recientes en la operacionalización y medición de los regímenes políticos a nivel nacional —en particular, el proyecto adecuadamente denominado Varieties of Democracy — han enfatizado también su multidimensionalidad (Coppedge et al. , 2011).

La democracia es en primer lugar un tipo de régimen político. Esto es, un conjunto de reglas formales o informales que determinan el tipo de actores que puede ocupar las principales posiciones de gobierno, los métodos aceptables para obtener esos puestos, y la forma en que se toman las decisiones políticas (Munck, 1996; Schmitter y Karl, 1991: 77). La democracia liberal y todos los demás tipos de régimen, por lo tanto, se definen en términos de dos conjuntos de procedimientos, el primero acerca de cómo se obtiene el poder (la dimensión estrictamente democrática del concepto de democracia liberal), y el segundo acerca de qué cosas pueden hacer legítimamente quienes ocupan el poder (la dimensión liberal del concepto). En el caso de la democracia, el acceso al poder se basa en el principio de soberanía popular , el cual encuentra expresión institucional en las elecciones libres, justas, universales y competitivas; mientras que el alcance del poder se deriva del principio de gobierno limitado , el que se implementa por medio de las instituciones de la separación de poderes, la protección constitucional de los derechos individuales, etc. Esfuerzos para conceptualizar y medir la democracia nacional han producido similares dimensiones (Bollen y Paxton, 2000: 59-60).

Aunque el rango teórico de la variable tipo de régimen vaya de autoritario a democrático (o totalitario), el rango real en determinados dominios empíricos es más estrecho. Pese al uso relativamente común del concepto de autoritarismo para describir algunos regímenes subnacionales en las democracias federales (Fox, 1994; Cornelius ,1999; Diamond, 1999; Snyder, 1999; Gibson, 2005), es claro que aún las provincias argentinas y los estados mexicanos menos democráticos no encajan en la definición convencional de autoritarismo. Todos estos regímenes tienen elecciones, a menudo razonablemente libres, partidos opositores reales, representación de las minorías en la legislatura, niveles no triviales de libertad de expresión, etc. No hay en las provincias partidos políticos prohibidos, disidentes encarcelados, o un control totalitario de los medios de comunicación. Debido a que están dentro de una democracia nacional, los líderes subnacionales enfrentan limitaciones importantes para restringir los derechos políticos. Teniendo en cuenta que a nivel nacional la democracia es ampliamente aceptada, y que la Constitución faculta a las autoridades nacionales para garantizarla en las provincias, existen fuertes incentivos para que los gobernantes provinciales eviten prácticas abiertamente autoritarias tales como arrestar líderes opositores o recurrir al fraude electoral masivo. Estas acciones de alta visibilidad atraen la atención de los medios de comunicación nacionales, perjudicando las posibilidades de los responsables (muchos de los cuales tienen “ambición progresiva”) en la política nacional, y aumentando la probabilidad de que las autoridades nacionales tomen medidas correctivas (Gervasoni, 2010a).