Felipe A Galvis Castro - Derecho internacional, OCDE y subjetivación financiera

Los principios señalan una serie de buenas prácticas sobre la preparación, planificación, evaluación y consulta de la puesta en funcionamiento de estrategias nacionales de educación financiera. Igualmente convienen en la necesidad de una estructura de gobierno que coordine la implementación de ese tipo de estrategias, con el concurso de diferentes “partes interesadas” (G20, 2012).

Todo lo anterior se refleja en una alianza de Estados, organizaciones y líderes alrededor de la educación financiera, que promueven la implementación de estrategias nacionales conforme a los lineamientos de la OCDE. A partir de la estrategia lanzada por la OCDE en 2003, sus recomendaciones de 2005, el apoyo del G8 y luego del G20, la convergencia internacional por la educación financiera ha contado con los esfuerzos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Ministerio de Finanzas de Rusia, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, la Unión Europea, entre otros. Desde entonces se han organizado múltiples conferencias, foros y publicaciones con recomendaciones sobre buenas prácticas.

En Colombia, como se verá, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 es el primer referente que contempló la importación integral de la educación financiera, en la versión lanzada por la OCDE desde 2003. Con anterioridad al Plan 2010-2014, existían en Colombia iniciativas relativas al acceso a la información por parte de los usuarios del sistema financiero colombiano o a sistemas de quejas (Asobancaria, 2012). En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se presentó una novedad: integró las recomendaciones y lineamientos de la OCDE al ámbito jurídico e institucional colombiano. Ese Plan Nacional de Desarrollo afirmó el interés específico por llevar este tipo de formación a la infancia y adolescencia, en colegios y escuelas de todo el país, a todos los estratos socioeconómicos y a todos “los niveles de bancarización”. 4

La cotidianidad de la educación financiera, su amplia presencia en la vida de las personas y los antecedentes institucionales, brevemente explicados hasta ahora, dieron lugar a las preguntas centrales que motivan este libro: ¿cómo se originó y cómo circula globalmente la idea sobre la necesidad de estrategias nacionales de educación financiera? ¿Cómo se justificó en Colombia la implementación de una estrategia de este orden? ¿Qué papel desempeñan en este proceso las redes de gobernanza global desde las cuales se forjan, idealmente, los estándares sobre educación financiera? ¿Cuáles fueron los actores que participaron del proceso de trasplante de la educación financiera a Colombia? ¿Cuál es la racionalidad dominante en la educación financiera y en su trasplante a Colombia?

El argumento que sostengo a lo largo del libro parte de advertir que la convergencia global sobre la educación financiera se ha construido a partir de estándares que constituyen derecho internacional (blando), en la forma de recomendaciones sobre buenas prácticas de la OCDE y del G20, expedidas a partir del año 2005. A su vez, la importancia de esos estándares descansa en la afirmación de una “convergencia” de Estados, organizaciones y foros políticos internacionales sobre la urgencia de implementar estrategias nacionales en la materia.

El carácter blando de los lineamientos de la OCDE (desde el punto de vista jurídico) no debe hacer perder de vista el efecto que tiene la agenda internacional por la educación financiera en el plano político. Una discusión sobre la obligatoriedad jurídica de ese tipo de lineamientos resulta irrelevante en la práctica y dice muy poco sobre su efectivo seguimiento por parte de los Estados, cuando en espacios como el G20 se hacen llamados a adoptar estrategias de educación financiera a nivel global, con el apoyo de organizaciones internacionales.

Los lineamientos internacionales sobre educación financiera circulan y se promueven en redes de gobernanza o redes regulatorias (como también se las denomina). En ese tipo de redes, actores de diverso orden (agentes de instituciones internacionales, reguladores nacionales y funcionarios de nivel subnacional) y naturaleza (representantes estatales y actores privados como gremios, corporaciones multinacionales, organizaciones de la sociedad civil) coinciden e (idealmente) intercambian modelos de regulación jurídica y estrategias de política pública. En la práctica el intercambio es menos frecuente que la emulación por parte del tercer mundo 5de modelos regulatorios provenientes de Estados con mayor poder en esas redes de gobernanza o propuestos por actores no estatales influyentes en esos mismos espacios.

En el caso de la educación financiera, el respaldo político del G20, del G8 y de los países miembros de la OCDE ha hecho que en el marco de la INFE se promuevan y se acepten ampliamente los lineamientos sobre las estrategias nacionales de educación financiera. La INFE es un espacio de “intercambio” entre reguladores y hacedores de política pública en cuanto a las mejores prácticas de implementación de estrategias nacionales de educación financiera.

En el marco de este tipo de “diálogo” de modelos regulatorios, el derecho internacional no se sigue y acata por el temor a una sanción o represalia, sino por el interés de los Estados de ser aceptados en un círculo de actores globales prestigiosos. Se trata de un proceso de aculturación (Goodman & Jinks; 2013) en el que no se hace necesariamente una valoración sobre la verdadera conveniencia de la educación financiera o la validez de las afirmaciones que la sustentan, sino que lo decisivo para su implementación es que de ella depende la relación (la aceptación) del Estado colombiano y de su población con espacios de intercambio comercial del que hacen parte importantes actores globales. Lo que está en juego entonces son las posibilidades de socialización del Estado, de la economía nacional y de su “capital humano” en círculos de relacionamiento comercial que se consideran indispensables en el marco de la globalización y la integración de mercados.

Esa educación financiera ha llegado a Colombia entonces bajo un proceso que puede caracterizarse al mismo tiempo como un trasplante jurídico, en un sentido amplio, y como una transferencia de política. 6Estos dos conceptos, provenientes de los estudios jurídicos y de la ciencia política, respectivamente, sirven para explicar la importación de la educación financiera a Colombia. En estos términos, no se trata únicamente de la circulación/importación de estándares de derecho blando que presentan patrones de conducta deseables, sino que con ellos viajan también los argumentos que los sustentan (Bonilla, 2009).

Ese trasplante se ha fijado en una serie de estándares normativos y documentos de política que permiten identificar su trayectoria. Como señala Merry, “los conceptos y prácticas de tipo jurídico que circulan globalmente se depositan y fijan en documentos, cartas de intención, modelos de acuerdos, contratos y otras formas legales” (2006, p. 108). El “viaje” de la educación financiera, desde espacios de decisión internacionales hasta colegios y escuelas de Colombia, puede resumirse en la adopción de una serie de normas y documentos oficiales de política.

En esos documentos, la afirmación de un “consenso” o “convergencia” internacional sobre la educación financiera ha desempeñado un papel central en la justificación de la circulación internacional y local de esa institución. Así, la mimesis, la imitación de modelos regulatorios de Estados prestigiosos y el interés por seguir patrones de conducta que se consideran generalizados entre los actores más importantes, constituyen una de las principales motivaciones para la importación de la educación financiera. Como lo afirma el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 al hacer referencia al ingreso de Colombia en la OCDE, en el que se enmarca la estrategia nacional de educación financiera, esta admisión “permitirá al país beneficiarse de los trabajos y las experiencias en formulación de política pública de las economías líderes del mundo” (DNP, 2010).