Luis A. Riveros Cornejo - Chile - los dilemas de una crisis

Sin duda alguna el tema pasa por un liderazgo capaz de conducir estas propuestas de manera convincente y efectiva, canalizando la inquietud ciudadana y promoviendo una visión integral de país. Sin ese liderazgo el programa necesario no podrá ser abordado íntegramente y las propuestas se diluirán en acciones con mirada de corto plazo, pero manteniendo sin solución la salida de largo plazo. Será este el campo propicio para planteamientos populistas que, como se ha comprobado en muchas otras realidades, alimentan expectativas, pero no concretan soluciones. El problema mayor en Chile para combatir la probabilidad creciente asociada a este mal es que el liderazgo necesario debe crear y construir los acuerdos y consensos necesarios en torno al país que queremos. En esto todos los chilenos tenemos la palabra.

1 Este artículo fue publicado en julio del año 2012 en el volumen Pensando a Chile del año 2030. Notas de un Ciclo de Conferencias. En la conferencia en que se presentó participaron connotados dirigentes políticos como Ricardo Lagos, Andrés Allamand, Marco Enríquez O., Lautaro Carmona y José M. Insulza.

Este texto fue publicado como artículo en la revista Le Monde Diplomatique en abril del año 2012, poco después de las manifestaciones estudiantiles denominadas “la revolución pingüina” .

Nuestro país ha experimentado en los últimos años un significativo proceso de transición política agudamente marcado por los traumas del pasado y la incertidumbre de los días por venir. Los últimos cincuenta años de historia proyectan hacia nuestro presente las profundas y latentes heridas que dejó entre nosotros la polarización ideológica y las repercusiones de la guerra fría. Pero, además, nuestro presente se ve también afectado por nuestro pasado de desigualdad social y de contraposición ideológica, evidenciando traumas tan antiguos como aquellos mostrados en Lircay en 1830, la Guerra Civil de 1891, los episodios de la cuestión social y reforma constitucional de 1925, entre muchos otros reveladores de agudos y no resueltos antagonismos. El rompimiento institucional de 1973 y los legados de la dictadura militar han sido mucho más persistentes en nuestra institucionalidad y en la reafirmación de nuestra democracia que lo que habríamos querido y previsto. Subsisten los viejos debates y dilemas, y el alma nacional, aunque no nos guste reconocerlo, no ha logrado del todo producir ese necesario reencuentro en torno al país del futuro que necesitamos edificar. Desde 1990, y a pesar de todos los visibles logros y empeños, se ha instalado la persistencia de las instituciones y formas de gobernar asociados a temas “intocables” y a las prevenciones establecidas en una institucionalidad “legada”, sin permitir una efectiva democratización de las decisiones y de las instituciones. A esto se ha sumado el sinsabor del cambio ocurrido en la política, que ha devenido de una larga tradición de conducción y compromisos a un terreno más de acomodos y respuestas cortoplacistas ante los problemas del país, los cuales, por su parte, siguen arrastrando las mismas viejas problemáticas que nos han dominado en el pasado. Somos una sociedad agotada que requiere remozar visiones y estructuras.

Los jóvenes nos han recordado, con generalizado apoyo, que la transición definida en torno a la recuperación de la democracia formal ha culminado, y que se ha iniciado una nueva etapa que requiere decisiones y respuestas distintas.

Son las generaciones que no crecieron bajo el temor que despertaba el legado del período militar y no comparten los viejos traumas de nuestra herencia política de los últimos cincuenta años. Tampoco sienten el compromiso con la vieja forma de hacer política, con su antigua institucionalidad y sus anquilosadas posturas acerca de lo que es o no posible. Los jóvenes nos han dicho que no temen y que creen que cambiar todo es posible, atendiendo los viejos problemas de nuestra sociedad y enfrentando aquellos nuevos derivados de la creciente globalización y desarrollo de la tecnología comunicacional. Demandas frente a las cuales no ha existido, como era de esperar, una clara conducción y un firme argumento por parte de la política tradicional.

El reclamo es indiscutiblemente válido: los viejos problemas siguen presentes, como la inequitativa distribución del ingreso, el olvido de la educación y la salud y de los asuntos públicos en general, el abandono de las regiones del país, la existencia de un modelo social y económico que protege el interés privado más que el interés público y el propósito de integración nacional que tanto nos ocupó en el pasado. Nos han dicho los jóvenes que la mirada debe cambiar, y que la transición basada en los resabios del pasado político reciente ya terminó. Nos han dicho que aspiran a una democracia participativa, en lugar de la vieja democracia representativa. Con ello, nos han demandado un cambio institucional que no hemos sido capaces de encauzar como sociedad, previendo los traumas que podrán inevitablemente ocurrir. Nos piden enfrentar el agotamiento de nuestra sociedad y sus instituciones.

Es el momento de pensar la nueva Constitución Política para que en torno a este cambio exista un debate ordenado sobre la sociedad que queremos. Un debate efectivamente participativo y con una conducción digna del legado que ambicionamos para la Nación del futuro. Una Constitución que refleje efectivamente las demandas ciudadanas, que genere la institucionalidad necesaria para atender esas problemáticas y acoger las futuras, y que también provea los mecanismos participativos necesarios para una democracia moderna, debe ser producto de una Asamblea Constituyente. Ya no puede ser más resultado solo de comisiones en la materia ni menos asunto exclusivo de los actores políticos tradicionales en sus cargos y representaciones. Una Asamblea Constituyente donde exista el debate necesario para dar forma jurídica a las ambiciones de cambio contenidas en la Nación, que enfoque los problemas con un criterio de país, y que proponga a un plebiscito nacional un proyecto, una idea, una forma específica para nuestra futura institucionalidad.

Muchos son los temas que deben estar hoy día en discusión. Naturalmente uno de tipo central se refiere al tipo de Estado que ambicionamos los chilenos para el desarrollo del futuro. Si acaso uno netamente subsidiario al hacer privado, o un Estado con mandato para intervenir proactivamente para ser la base estratégica de un desarrollo con solidaridad social. Y también, y por lo mismo, deben estar en discusión las políticas de concesiones al sector privado y la retribución que por ello se debe a Chile. Del mismo modo debe estar presente la forma de gobierno en cuanto a la preeminencia del poder presidencial, o si acaso del Congreso Nacional, para resolver de una vez un dilema que durante un siglo o más ha sido objeto de controversia. Pero, asimismo, y de un modo central, la pregunta es cuáles serán los mecanismos para que las consultas al pueblo de Chile sean la norma en vistas a decisiones cruciales que tienen que ver con el futuro. En fin, los derechos de las minorías, los principios en que debe basarse la igualdad entre regiones, la prioridad de la educación como atención preferente del Estado, y la necesidad de tener una mirada estratégica como Nación en el contexto de una ingente globalización, son también temas que deben ocupar un debate que resuelva con compromiso y visión.

Muchos han especulado sobre las perspectivas de desarrollo que tiene Chile en función de su actual ingreso per cápita y expectativas de crecimiento. Poco se menciona respecto del hecho fundamental que el desarrollo conlleva cuestiones que van mucho más allá del ingreso per cápita, y que se extiende a consideraciones distributivas, sociales en general, como asimismo medioambientales, en lo que nuestro país aparece en evidente desmedro. Figurar entre los quince países más desiguales del mundo, por ejemplo, no constituye precisamente un logro que nos ayude a estar entre las economías desarrolladas. Por lo demás, el logro de un alto nivel de ingreso requiere estabilidad política y social sustentada en el acceso de toda la población a servicios públicos de calidad, como educación y salud, además de mecanismos participativos suficientes para que la ciudadanía tenga efectivo derecho a expresión en los asuntos más fundamentales. Estamos también lejos de esto, especialmente porque contamos con un sistema político insuficiente para brindar esa participación, y un débil acceso a los servicios públicos por la preeminencia de un Estado subsidiario y el severo desfinanciamiento de las instituciones públicas. Por eso existe un reclamo generalizado que no brinda precisamente la estabilidad que requiere la inversión y el crecimiento, y que terminará llevando el desarrollo económico chileno a una segunda frustración, nuevamente por la preeminencia de las desigualdades y asimetrías sociales y económicas.