Luis A. Riveros Cornejo - Chile - los dilemas de una crisis

Es evidente que sin crecimiento económico todos los objetivos que el país se proponga en distintos campos pueden resultar en un notorio fracaso. Sin crecimiento no puede favorecerse una estrategia de mejoramiento en la calidad de los empleos ni puede auspiciarse una política de elevación de la productividad laboral y los salarios, y tampoco llevarse a cabo plenamente las acciones destinadas a mejorar la distribución del ingreso. Sin crecimiento el país es menos atractivo para la inversión y es, por lo tanto, predecible que la tasa de expansión del producto se debilite por ese efecto de segunda instancia. Promover el crecimiento es indudablemente promover la mantención de una política de apertura comercial y financiera, pero es también la necesidad de una política de Estado destinada a consolidar el desarrollo del sector de medianas y pequeñas empresas productivas y de servicios.

Un país con crecimiento sano no es aquel en que la actividad se concentre en un sector de grandes conglomerados que invaden todos los campos económicos y productivos, sino un país donde exista una adecuada diseminación del crecimiento a través de una estructura industrial. Por eso una adecuada política de inserción internacional debe promover una integración del país desde el punto de vista de los diferentes ámbitos productivos y regionales, para que los beneficios del crecimiento económico y la diversificación y expansión del comercio sean un factor de equidad y progreso.

El Estado chileno debe asumir roles que ha venido abandonando o minimizando en las últimas décadas, creando una profunda debilidad en el desarrollo nacional bajo un pretendido “rol subsidiario”. El área social, por ejemplo, especialmente en educación, salud y previsión, necesita de una acción decidida que sea capaz de incluir a todos los chilenos y exprese el sentimiento de que el éxito económico del país va más allá de titulares que el chileno medio aprecia pero que en términos concretos no disfruta ya que los resultados se concentran en un mínimo de la población nacional. El Estado chileno necesita ejercer una labor decidida en materia de redistribución de los recursos asociados al progreso económico. Asimismo, debe regular eficazmente para impedir que el libre mercado y el libre juego de intereses vulneren el bienestar de las personas, como ocurre con la colusión de empresas comerciales, la poca transparencia de empresas de servicios y la indebida oferta de educación o salud que no cumple con los mínimos estándares de calidad. Chile necesita un Estado que intervenga con pragmatismo en la actividad económica, sea factor decisivo en materia de redistribución del ingreso, introduzca señales sobre orientaciones futuras en base al plan de país, regule adecuadamente el hacer económico, sea un factor decisivo en materia de transferencia tecnológica al sector de nuevas empresas y PYMES, y provea la adecuada información al ciudadano y que abra paso al sector privado en todo aquello que redunde en posibles mejores resultados. Un Estado que sea garante de estabilidad social, económica y política y que, por tanto, sea determinante para atraer la inversión extranjera bajo las condiciones que establezca la nación chilena y en condiciones de estabilidad social y política.

El Estado chileno requiere de una reforma integral para ser más efectivo en el alcance de su tarea y en la aplicación de la política pública, pero también precisa de más recursos para atender prioridades innegables especialmente en el campo social. Es cierto que el crecimiento proporciona más recursos, pero también es cierto que las necesidades en educación, salud y previsión son cada vez mayores en la medida que envejece nuestra población, prevalece una inadecuada distribución del ingreso y se necesita financiar nuevos y significativos objetivos nacionales. Una reforma que rinda siete puntos más del Producto Interno Bruto para entregar tres a educación, dos a salud y dos a previsión social como objetivos de mediano plazo es viable y garante de la estabilidad social que Chile necesita para crecer.

No queremos un Estado agigantado que solo sirva de botín para los que triunfan en las sucesivas elecciones de autoridades. Queremos un Estado eficiente y eficaz en su tarea de orientación para el largo plazo, de redistribución y regionalización efectiva y de adecuada regulación en materias definidas cuidadosamente en la política pública. Un Estado con mirada estratégica que responda ante las necesidades que levanta el desarrollo y en que la respuesta del mercado es incompleta o inexistente. Chile tiene derecho a aspirar a un Estado capaz de ser garante de un desarrollo estable y sostenido.

El futuro de Chile y de su economía se liga profundamente a la necesidad de mantener mejores estándares en materia ambiental. Los esfuerzos hechos hasta ahora deben redoblarse, en especial para reducir el deterioro ambiental asociado a los procesos productivos y al desenvolvimiento de la vida urbana, debiendo reducir el nivel de contaminación que afecta a las grandes ciudades del país. En particular, la estrategia ambiental debe cuidar la sostenibilidad del desarrollo económico chileno para que no se consuman en el presente todos los recursos que pertenecen también a los chilenos del futuro. Nuevos recursos naturales como el litio deben ser explorados y explotados por el Estado con mecanismos de concesiones que permitan la alianza con empresas privadas.

Asimismo, el país debe definir una política energética que considere la huella de carbono para privilegiar el cuidado del medio ambiente. En esta debe incentivarse la eficiencia energética y el uso de una matriz energética que produce energía eléctrica considerando fuentes de energía renovables no convencionales, como la fotovoltaica, la eólica y la hidráulica. Por otra parte, el uso de hidrógeno verde en reemplazo de los combustibles fósiles, debe impulsarse y apoyarse. Para esto el Estado debe tener un rol primordial, en que la evaluación de impacto ambiental considere producción y transmisión como parte integrante del mismo proyecto y en enfrentar con tiempo suficiente las necesidades de inversiones que se requieren en producción, para satisfacer el consumo de energía eléctrica que se proyectan para los próximos diez años móviles.

Las ideas que se esbozan más arriba no son excluyentes de otras propuestas en ámbitos diferentes o de distintas concepciones en torno a las soluciones esbozadas. El punto de fondo es que el reclamo ciudadano tiene que ver con estas prioridades no atendidas suficientemente, exigiendo de las autoridades políticas un pronunciamiento y una acción concordante. Más que un programa de componentes fijos y predeterminados, las áreas anteriormente mencionadas pretenden abrir un debate que sirva para adoptar las soluciones que la sociedad demanda y que sean parte del plan que necesita el país para mirar con optimismo su futuro.

Como se ha dicho, la problemática tras el conflicto social que se está alimentando radica en la falta de pronunciamiento respecto de estos y otros problemas vitales de la sociedad chilena. La crisis moral que vemos en curso y que se manifiesta en la protesta ciudadana, se asocia precisamente a ese déficit de análisis y propuesta por parte de los poderes del Estado y del estamento político de nuestra sociedad. Hoy más que nunca es necesario anticiparse a una crisis de la cual el país no saldrá sino en medio de conflicto y divisiones, y por eso es tan importante que el pronunciamiento ocurra antes como un medio de reducir el costo de un trance asociado en forma importante a la ausencia de determinaciones.