Luis A. Riveros Cornejo - Chile - los dilemas de una crisis

Como se ha dicho, hay ámbitos muy precisos que pueden identificarse para aludir a las causas de la crisis que se profundiza día a día en nuestra patria. Es necesario atacarlos por medio de un pronunciamiento del estamento político, especialmente porque los retos existentes se constituyen en ámbitos relacionados y no corresponden a una dimensión o causa singular o exclusiva. Hay que mirar el bosque en el sentido de avizorar la compleja realidad que se enfrenta, la interrelación entre diversos problemas, para poder así esgrimir una estrategia adecuada y constituir propuestas sensibles ante una ciudadanía que espera impaciente. Ese es el principal propósito de estas líneas, que se inspiran en lo escuchado a distintos líderes ciudadanos en sus personales visiones y aprensiones. Líneas que pretenden solamente describir la magnitud de nuestros problemas, enumerándolos y estableciendo criterios centrales para abordarlos de modo efectivo.

El país no cuenta con una estrategia formalmente definida para avanzar en la próxima década en los campos más relevantes del quehacer económico y social. Los lineamientos que el país propicia en torno al desarrollo son de tipo muy general y no establecen aquellas definiciones apropiadas que se necesitan frente a diversos posibles nuevos escenarios y la interacción entre distintos problemas. Hoy en día cualquier institución debe contar con una mirada a futuro que fundamente su acción estratégica y que, sobre escenarios posibles según las oportunidades existentes, consolide sus fortalezas y apunte a la eliminación de sus debilidades. Chile no posee esa mirada de futuro y de conjunto porque nuestra clase política no ha sido capaz de generar ese consenso. No se cuenta, por ejemplo, con una estrategia de diversificación productiva para enfrentar posibles escenarios adversos en materia de exportaciones. Tampoco hay un plan de acción sobre la necesaria incorporación de mayor valor agregado a la producción, lo cual necesita de una suficiente inversión en ciencia y tecnología no inferior a 1.2 puntos del PIB anual (muy por encima de los actuales 0.3 puntos) y sobre la base de instituciones universitarias y centros de investigación privados. No cuenta tampoco con una estrategia que aborde apropiadamente la realidad social y regional que el país debe modificar en la misma medida en que progresa en sus resultados económicos generales.

El plan de desarrollo nacional no debe ser de tipo indicativo ni uno impuesto desde el Estado hacia la sociedad. Lo que postulamos es la necesidad de establecer lineamientos para el desarrollo nacional que impliquen el logro de un consenso nacional y que partan de un diagnóstico acerca del medio mundial y regional en que Chile se mueve. El plan debe contener, asimismo, una estrategia para el desarrollo del recurso humano, una visión sobre el tipo de sociedad que se anhela construir y una definición respecto de la acción que debe llevar a cabo el Estado en materia social, económica, financiera y regional, especialmente en lo educacional.

Las discusiones puramente ideológicas son poco pertinentes en esta materia. Muchos pensarán que la idea de “plan” es la que existía a mediados del siglo pasado, cuando este se consideraba una herramienta “dirigista” de la economía y la sociedad. Ya hemos dicho que nuestro concepto de “plan” se refiere a la existencia de un consenso sobre el futuro que queremos construir para el país y que debe estar constituido por un gran acuerdo nacional. Plan que debe responder a orientaciones y políticas de Estado y no solamente de gobierno, permitiendo con ello que exista una continuidad en las políticas más allá de sucesivas administraciones, debiendo renovarse quinquenalmente en sus diagnósticos y lineamientos. La estrategia contenida en el plan debe consignar la realidad en que se mueve la economía chilena y que modela sus oportunidades, poniendo a prueba sus fortalezas y permitiendo superar sus debilidades. Además, dicho plan debe orientarse por la firme definición de que la nuestra es una economía mixta, donde la iniciativa privada es libre para desarrollar la empresa y los modelos de negocio que sean propicios, acotado ello al superior interés nacional en términos del impacto social de su hacer y en cuanto a la necesidad de que la política pública establezca las orientaciones necesarias para lograr un desarrollo acorde a los grandes objetivos nacionales. Muchas naciones experimentan hoy con modelos de índole pragmática en que el Estado tiene una labor de control y de orientación y la empresa privada es libre de jugar el rol que desee, sujeta a las restricciones que impone el bien común a través de las políticas del Estado.

La “ausencia” de Estado, hoy como antes, genera incertidumbre y desconfianza y provoca reclamos válidos e insistentes por parte de la ciudadanía. El desarrollo del Estado, por otra parte, y como lo prueba la experiencia de muchos países, nosotros incluidos durante la segunda mitad del siglo XX, no puede tampoco convertirse en un freno para la iniciativa privada que es capaz de generar actividad económica y poner los recursos de inversión necesarios para ello. La cuestión consiste en adecuar el funcionamiento de un Estado activo en materia de política pública transparente y efectiva, con el de una empresa privada que tenga la posibilidad de desarrollo con los incentivos adecuados pero sujetos a reglas basadas en la búsqueda del bien común. El plan que debe buscar Chile debe reflejar un consenso respecto de aquella compleja relación, cuyo fruto será el desarrollo equitativo y estable que la sociedad chilena anhela.

Es evidente que el término de la transición política chilena demanda un cambio en la institucionalidad vigente en al menos los cuatro aspectos siguientes: sistema electoral binominal, régimen presidencialista, rol del Estado en educación y en materia social en general, y estatuto de concesiones para la explotación de recursos naturales. El cambio en el sistema electoral debe orientarse a edificar un modo de tipo proporcional pero capaz de evitar una atomización de partidos. El régimen presidencialista debe ser revisado para balancearlo mejor con el poder del Parlamento, otorgando a este último iniciativa legal en aspectos definidos que no vulneren la necesaria disciplina fiscal. La educación y otras políticas sociales como salud primaria y seguridad social básica, el Estado debe asumirlas como responsabilidades preferentes dado su carácter de bien público y estratégico nacional, pero sin con ello eliminar la iniciativa privada sujeta a los objetivos nacionales prioritarios. Finalmente, el estatuto de concesiones debe ser modificado para que la contrapartida efectiva sean los recursos tributarios necesarios para consolidar el desarrollo futuro del país y donde el agua sea reconocida como recurso estratégico del Estado.

Los jóvenes reclaman por un nuevo marco institucional del país, ya que ellos no están dominados por los temores del pasado que naturalmente despierta el salirnos de la Constitución vigente. La revisión de la Carta Fundamental debe estar inspirada en la necesidad de diseñar una democracia directa en muchos aspectos decisivos para el país, permitiendo iniciativa legal a los propios ciudadanos y consultando un proceso de referéndum para algunas decisiones vitales de Estado. Esa “democracia 2.0” debe diseñarse cuidadosamente y las experiencias que han ocurrido a nivel de muchas comunas del país que han consultado a sus habitantes sobre los proyectos que anhelan, han arrojado una experiencia mayormente positiva. El país podría también impulsar consultas directas para abordar problemas de singular trascendencia, imponiendo la necesidad de una mayor educación de la ciudadanía, hoy acostumbrada a un ritmo de propaganda política medial y mayormente superficial con motivo de las elecciones de autoridades representativas.