Luis A. Riveros Cornejo - Chile - los dilemas de una crisis

Una asamblea constituyente elegida en forma directa debe establecer los criterios para este nuevo diseño constitucional, permitiendo la participación ciudadana en este decisivo debate. Esa asamblea será garante del cambio necesario, al ser las propuestas elevadas al propio Congreso Nacional para que tenga lugar su estudio y promulgación como nueva Constitución de la República de Chile. Pero la asamblea debe tener el mérito de ser un organismo representativo de la comunidad nacional, capaz de expresar la diversidad de visiones sobre el país que se anhela. Muchos la temen como si ella fuese a ser una entidad “peligrosa” o “inadecuada”, cuando en verdad se trata de una instancia representativa de la ciudadanía y sus anhelos. Indudablemente, no se trata de excluir al Congreso Nacional de su responsabilidad en cuanto a las modificaciones constitucionales, pero sí ha de tratarse de que se escuche a la ciudadanía y que sea el peso de su opinión el que efectivamente domine en las decisiones que el país urgentemente requiere en esta materia.

El país no debe perder su esencial característica de constituir un Estado unitario, fortaleza indiscutible en el mundo globalizado actual. Sin embargo, Chile necesita también un desarrollo más equilibrado en materia económica, social y política con relación a su estructura geopolítica, especialmente cuando por años ha dominado un crecimiento no armónico en esta perspectiva. Una adecuada descentralización de las decisiones y las políticas de gasto público debe permitir distribuir mejor el resultado económico nacional en términos de las prioridades regionales. Este es también un camino importante para atacar la desigualdad social y económica, que se asocia íntimamente a la desigualdad prevaleciente entre regiones.

Desde el punto de vista político las regiones precisan mayor autonomía para determinar sus proyectos de inversión prioritarios y el uso específico de sus recursos en materia administrativa, además del régimen de incentivos que deben crear para atraer la inversión privada. El programa nacional de inversión se debe coordinar con las prioridades regionales de manera que la integración del país siga siendo un objetivo primordial en el marco de una mayor autonomía regional. Resulta esencial que las regiones decidan sobre sus proyectos de inversión contando con un adecuado filtro para conservar prioritariamente el espíritu del interés nacional pero, a la vez, impidiendo que tales decisiones se tomen únicamente en la capital del país.

Las regiones deben contar con autonomía para elegir a sus autoridades en un régimen que considere la plena compatibilización del poder político regional con el central, materia que requiere también de la definición de adecuadas normas constitucionales. El programa de regionalización del país debe poner especial énfasis en el diseño de la política educativa, para que ella se adapte a la realidad regional de manera adecuada aunque compatible con las orientaciones nacionales. Este aspecto es de fundamental importancia con vistas al apoyo que requiere la educación superior, especialmente la técnica, como factor de impulso regional.

Chile cuenta con una educación retrasada e ineficiente que solo promueve la mantención o incremento de los actuales estándares de desigualdad social y económica. Ha logrado elevar significativamente las tasas de cobertura pero su calidad es pobre, haciendo de esto un factor que genera una innegable debilidad nacional. Es además inequitativa debido a las enormes brechas que caracterizan a sus resultados de acuerdo a los niveles socio-económicos que atiende, haciéndola un factor que mantiene o acrecienta la deteriorada distribución del ingreso nacional en lugar de ser un vehículo de integración y movilidad social. Por su carácter de bien público de naturaleza estratégica, la educación debe ser una tarea prioritaria del Estado por medio tanto de la provisión directa como de la existencia de una adecuada regulación.

Cuatro aspectos es necesario considerar en un programa de recuperación de la educación chilena, considerando que ella no solo debe orientarse a formar individuos “productores” sino también ciudadanos e individuos educados en los valores del humanismo:

1) una mejor gestión que considere la asignación de recursos estatales sobre la base de resultados y que termine con el sistema de municipalización de la educación pública, radicándola en corporaciones educacionales de tipo público;

2) disponer los recursos docentes, tecnológicos y de infraestructura necesarios para mejorar la educación pública, incrementar la subvención escolar, aumentar la cobertura de la educación preescolar y de la educación técnica media y superior, financiar adecuadamente a las universidades del Estado e incrementar significativamente la inversión en investigación científica y tecnológica, todo ello sujeto a que el Estado no podrá financiar a instituciones que lucren o que no rindan cuenta pública de sus resultados;

3) la educación debe mejorar su eficacia con una profunda revisión de los contenidos que se entregan desde el nivel preescolar a la media y con relación a la duración de los estudios en el caso de la educación superior, mejorando las reglas de supervisión y control con una Superintendencia independiente y brindando especial énfasis a la formación cívica y valórica que debe caracterizar a la ciudadanía del Chile futuro, y

4) definir una política de Estado en materia de formación de profesores, implicando la creación de una Escuela Nacional de Educación que marque los estándares que el Estado chileno ha de requerir para un aspecto tan vital de la seguridad nacional.

Para llevar adelante este ambicioso programa de recuperación de la educación chilena el país necesita otorgarle hacia el largo plazo al menos tres puntos adicionales de su producto interno. Solo así y al cabo de una década el país podrá contar con una educación que alcance los trascendentes objetivos nacionales mencionados: mayor equidad social, mayor productividad laboral y mejor formación ciudadana y valórica de la juventud.

El país ha venido desarrollando, sin haberse nunca suscrito un plan específico ni un acuerdo político determinado, una política de promoción del comercio internacional basado en acuerdos bi o multilaterales con otros países. Esto ha permitido una acentuada expansión y diversificación del comercio exterior que resulta en un significativo mecanismo de seguridad ante las crisis de tipo regional y en mayor bienestar de la población chilena. Lo alcanzado prueba que un consenso transversal es posible en materias de trascendencia intertemporal y de amplia cobertura en materia de política de desarrollo.

Se debe insistir en este camino, pero en lo interno se necesita dar lugar a políticas de estímulo efectivas a la PYME para que este sector sea el protagonista de una segunda etapa del crecimiento exportador. Este objetivo es concordante con el afán descentralizador y su éxito requiere de una acción decidida de los organismos del Estado para construir un esquema de incentivos y de apoyo al desarrollo de este sector, especialmente por la vía de la gestión y del traspaso de tecnología y conocimiento aplicado. Un país internacionalizado, con más turismo, con una cultura internacional incentivada desde una nueva educación y con una economía diversificada y competitiva cuenta con factores de primer orden para conseguir crecimiento económico alto y estable. Pero este deberá darse en el contexto de un país integrado en que los beneficios del comercio se hagan tangibles no solo para ciertos enclaves productivos sino para todo el país y sus regiones en general. Chile debe consolidar su estrategia económica basada en la apertura al resto del mundo y en la iniciativa privada, pero reforzando el rol social que debe estar asociado a la misma y el de un Estado activo que, con pragmatismo y visión de futuro, debe regular y alentar un desarrollo industrial efectivo y eficiente.