Jorge Enrique Altieri - Sobre Víctimas y Victimarios

En el año 1828, tras el fusilamiento del Coronel Manuel Dorrego, se inició la guerra civil que duraría hasta 1831. Tomás de Anchorena, da a luz el decreto contra los “decembristas”, o sea contra todos los participantes del movimiento del 1º de diciembre de 1828 que había derivado en el lamentable fusilamiento de Dorrego: “Todo el que sea considerado públicamente como autor, o cómplice del suceso del 1º de diciembre o de algunos de los grandes atentados cometidos contra las leyes por el gobierno intruso (de Lavalle) será reo de rebelión, con las penas consiguientes”. También sería considerado de la misma manera, el que “no hubiese dado ni diese, de hoy en adelante, pruebas positivas e inequívocas de que mira con abominación tales atentados”.

El órgano oficial de los unitarios de 1828 reaccionaba contra esa política escribiendo: “… Al argumento de que si son pocos los federales es falta de generosidad perseguirlos, y si son muchos, es peligroso irritarlos, nosotros decimos que, sean muchos o pocos, no es tiempo de emplear la dulzura, sino el palo… sangre y fuego en el campo de batalla, energía y firmeza en los papeles públicos… Palo, porque sólo el palo reduce a los que hacen causa común con los salvajes. Palo, y de no los principios se quedan escritos y la República sin Constitución” 2

Por lo general, a los jefes unitarios se los consideraba “civilizados” pues, a la hora de ejecutar prisioneros apelaban al fusilamiento sin más trámite. El General Paz en sus campañas al interior, ejecutaba prisioneros a medida que se desplazaba ó tras una victoria en el campo de batalla tal como ocurrió en Oncativo. Lo mismo hacía el general Lavalle. Era un método efectivo para disciplinar oponentes, no dejar focos de resistencia en su retaguardia y, de alguna manera, podría ser considerado sutil en comparación con otros. Estos hombres, no dejaron fama de ser sanguinarios pero no fueron precisamente compasivos con sus vencidos.

Cuando Lavalle invade en 1829 la provincia de Santa Fé, proclama abiertamente:

“¡La hora de la venganza ha sonado! ¡Vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos! Se engañarían los bárbaros si en su desesperación imploran nuestra clemencia.

Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad”. “Derramad a torrentes la inhumana sangre para que esta raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión”. 3

El propio Juan Manuel de Rosas, emite juicio sobre el desarrollo de la guerra en esa provincia, expresando:

Tampoco se aprecia piedad alguna en las instrucciones que Domingo Faustino Sarmiento, impartió a Lamadrid en 1840, en las cuales indica:

“Es preciso emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna, imitando a los jacobinos de la época de Robespierre”.

Los que tienen bien ganado el oscuro prestigio de “bárbaros”, primitivos y degolladores son los federales Oribe, Aldao y Urquiza quienes desde 1840 a 1851, cumplieron ese rol a la perfección y en beneficio de Rosas. Sus degollinas luego de las batallas de Quebracho Herrado, Famaillá, San Calá, Potrero de Vences, Pago Largo, Arroyo Grande e India muerta son hitos macabros en la historia rioplatense.

El médico e historiador Mario O´Donell, afirma:

Finalizada la Guerra Grande en el Estado Oriental del Uruguay, retirado Urquiza a la provincia de Entre Ríos luego de la batalla de Pavón, los caudillos del interior Ángel Vicente Peñaloza y Felipe Varela se rebelan contra el gobierno nacional con el propósito, entre otras cosas, de romper la alianza establecida con el Imperio de Brasil. Los unitarios por su parte, se proponen unificar la nación de una buena vez y para siempre, para ello, el Congreso Nacional declara el 19 de enero de 1867 una “guerra de policía” contra los provincianos insurrectos. “Todos los individuos que tomaran las armas o hayan tomado parte en la ejecución de atentados cometidos por los revolucionarios de Mendoza…y todos los que en cualquier punto del territorio sujeto a la jurisdicción nacional contribuyan con actos deliberados a estimular, fomentar o mantener aquel estado de anarquía, serán considerados como rebeldes y traidores a la patria, y sometidos por la fuerza a la justicia nacional para ser juzgados como tales con toda severidad de las leyes”.

Sarmiento, “el padre del aula”, no recurría a ningún eufemismo cuando expresaba sus ideas respecto de la manera en que debía llevarse a cabo la parte militar de su plan. Al respecto, expresaba:

Juan Bautista Alberdi, se referiría a estos hechos, con posterioridad, de la siguiente forma: “

Durante las guerras civiles argentinas las facciones en pugna ejercitaron una crueldad inusual, que recaía generalmente sobre adversarios políticos, jefes militares y prisioneros pero tampoco estaban exentos de ella otras categorías del tejido social.

La ejecución sumaria pasó a ser de uso corriente y, también se emplearon todo tipo de vejaciones y torturas con los vencidos, sus partidarios e inclusive contra los familiares más cercanos de éstos.