Marcial Rubio - La interpretación de la Constitución de 1993 según el Tribunal Constitucional

Por tanto, aun cuando las autoridades políticas gocen de un amplio margen de acción en la fijación de medios para la consecución de un nivel adecuado de disfrute del derecho de acceso a los servicios de salud, existen ciertos requerimientos mínimos que las autoridades deben cumplir y que es obligación de los jueces y tribunales controlar. En realidades socialmente desestructuradas como las nuestras, en donde la exclusión del goce de los derechos para un amplio sector de esta se encuentra largamente asentada, es tarea de este Tribunal impulsar, corregir o encaminar el accionar de dichas autoridades, a fin de evitar graves estados de insatisfacción de necesidades básicas que atenten directamente contra el principio de dignidad humana y el carácter normativo de la Constitución69.

1.3.5. Las normas generales y las excepcionales

El Tribunal dijo:

[...] este Tribunal considera que tales exigencias se traducen en comprender que, a la garantía de la motivación de las resoluciones, se le ha previsto una reserva tratándose del ejercicio de una atribución como la descrita en el inciso 2 del artículo 154. de la Constitución, y que, en la comprensión de aquellas dos cláusulas constitucionales, la que establece la regla general y la que fije su excepción, no puede optarse por una respuesta que, desconociendo esta última, ponga en cuestión el ejercicio constitucionalmente conforme de la competencia asignada al Consejo Nacional de la Magistratura70.

La distinción entre normas generales y excepcionales es capital en el derecho y la recuerda el Tribunal: la norma general se aplica como primera opción a una situación concreta, y la norma excepcional se aplica con criterio restrictivo solo en aquellos casos estrictamente comprendidos en sus supuestos normativos.

Las dos normas deben aplicarse, pero la general se aplica siempre, a menos que quepa hacer expresa y estrictamente una excepción.

1Al desarrollar este punto asumimos que el lector tiene un conocimiento previo de las fuentes formales y más específicamente de la legislación como fuente del derecho. En caso de que convenga consultar un trabajo al respecto, hemos desarrollado esta materia en Rubio Correa (2009, capítulos IV-IX).

2Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de octubre de 2003 en el exp_0005_2003_AI_TC sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 64 congresistas de la República, representados por el congresista Yonhy Lescano Ancieta, contra los artículos 1, 2, 3, y la primera y segunda disposición final y transitoria de la ley 26285.

3 Según el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución: «En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior». El control difuso que autoriza este artículo se realiza mediante un recurso que presenta el interesado dentro de un proceso judicial abierto. No declara la invalidez de la norma incompatible con la que le es superior sino que, simplemente, no la aplica al caso.

4 El control concentrado se realiza mediante la acción de inconstitucionalidad de las leyes (artículo 200 inciso 4 de la Constitución) o mediante la acción popular (artículo 200 inciso 5 de la Constitución). El uso de una u otra vía depende del rango de las normas cuya invalidez se pretende, y la descripción de cuáles pertenecen a una u otra categoría está en las normas constitucionales citadas. El efecto de ambos procesos es que la norma incompatible con una superior quede invalidada en términos absolutos dentro de la legislación.

5 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de octubre de 2003 en el exp_0005_2003_AI_TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por 64 congresistas de la República, representados por el congresista Yonhy Lescano Ancieta, contra los artículos 1, 2, 3, y la primera y segunda disposición final y transitoria de la ley 26285.

6Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de octubre de 2003 en el exp_0005_2003_AI_TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por 64 congresistas de la República, representados por el congresista Yonhy Lescano Ancieta, contra los artículos 1, 2, 3, y la primera y segunda disposición final y transitoria de la ley 26285.

7A modo de ejemplo, entre sus artículos 103 y 109 la Constitución tiene normas referentes a la forma en que se elaboran las leyes. En los artículos 104, 123, inciso 3, y 122, inciso 2, se trata específicamente acerca de cómo se elaboran los decretos legislativos, y en los artículos 118, inciso 19, 123, inciso 3, y 122, inciso 2, sobre cómo se elaboran los decretos de urgencia. En el artículo 118 inciso 8 se dictan las reglas básicas de elaboración de decretos y resoluciones. A menudo las leyes añaden requisitos adicionales o nuevos.

8Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de octubre de 2003 en el exp_0005_2003_AI_TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por 64 congresistas de la República, representados por el congresista Yonhy Lescano Ancieta, contra los artículos 1, 2, 3, y la primera y segunda disposición final y transitoria de la ley 26285.

9Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre de 2003 en el exp_0014_2003_AI_TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de 5 mil ciudadanos contra el denominado «documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993».

10Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 25 de abril de 2006 en el exp_0025_2005_PI_TC y exp_0026_2005_PI_TC sobre proceso de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Arequipa y el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo 22, inciso c, de la ley 26397, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

11Sentencia 945-2020 del Tribunal Constitucional emitida el 24 de noviembre de 2020 en el exp_0964_2018_PHC_TC sobre proceso de hábeas corpus interpuesto por don Victalín Huillca Paniura, presidente del Frente Único de Defensa de los intereses de Chalhuahuacho, doña Nancy Jesusa Enríquez Mercado, presidenta de la Federación Campesina de Mujeres de Chalhuahuacho, y don Silvestre Arredondo Alfaro, presidente de la Federación de Jóvenes Pakis Waraca interponen demanda de hábeas corpus contra la presidencia del Consejo de Ministros, publicada en la web el 31 de diciembre de 2020.

12Así la llama expresamente el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Puede verse, por ejemplo, la sentencia 3950-2012-PA/TC, fundamento 7. También la 0215-2018-PA/TC, fundamento 15, entre otras.

13Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 31 de diciembre del 2004 en el exp_0004_2004_CC_TC sobre acción de conflicto de competencia interpuesta por el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo.

14Ver la sentencia 0019-2005-PI/TC, fundamento 51.

15Sentencia 954-2020 del Tribunal Constitucional emitida el 15 de diciembre de 2020 en el exp_2514_2019_PA_TC sobre proceso de amparo interpuesto por el Ministerio Público contra los jueces integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, publicada en la web el 24-12-2020.

16El bloque de constitucionalidad es el conjunto de normas de rango inferior al constitucional que el Tribunal aplica para establecer si una determinada disposición infraconstitucional colisiona o no con la Constitución. La sentencia que mejor lo ha caracterizado está transcrita en la página 21 de este libro.

17Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 14 de noviembre de 2004 en el exp_3741_2004_AA_TC sobre proceso de amparo interpuesto por don Ramón Hernando Salazar Yarlenque contra la Municipalidad de Surquillo.