Fredy Andrei Herrera Osorio - Estudio sobre el mercado de valores

En orden a garantizar la correcta gestión de los fondos administrados, es menester que las AFPyC cuenten con planes de contingencia y continuidad de la operación. La continuidad se refiere a la necesaria permanencia de las operaciones de la administradora, que se materializa en la existencia de planes y mecanismos preventivos que impidan el cese en el desarrollo del objeto social ante eventos catastróficos o de terceros 69. Son ejemplos los sistemas de información paralelos, los convenios de reciprocidad con otras sociedades, la información disponible en servidores extra situ, etc. Los planes de contingencia propenden por el restablecimiento de operaciones después de eventos catastróficos que impiden el funcionamiento normal de la sociedad, como situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Se trata de la existencia de back ups, sedes alternas, bases de datos online, etc.

Con esto se busca que el administrador garantice su ininterrumpida operatividad para que la gestión de los recursos captados a través de fondos de pensiones o cesantías sea permanente y oportuna, buscando siempre que los clientes puedan hacer sus aportes y redenciones en cualquier momento de aquellos permitidos por la ley, y que las decisiones de inversión sean tomadas por las condiciones de mercado y no por factores exógenos.

Los planes de contingencia y continuidad tienen dos fases: a) en la primera se identifican los riesgos que pueden afectar la operación; y b) en la segunda se reducen los riesgos a través de medidas concretas, las cuales pueden ser asumidas directamente por la sociedad o por terceros, como se reconoce en el ámbito internacional 70.

Los gastos que podrán deducirse de los fondos son los taxativamente señalados en los respectivos reglamentos, incluyendo los originados en la defensa de los intereses de los fondos; las comisiones por operaciones de bolsa y participación de intermediarios; los intereses o gastos en que deba incurrir para operaciones de liquidez autorizadas; las pérdida originadas en la realización de los activos de los fondos; la remuneración del revisor fiscal; los gastos de liquidación y compensación de negociación de inversiones; las comisiones derivadas del registro de valores; y las erogaciones propias del depósito de valores.

Si los gastos no se encuentran señalados en el reglamento, deberán ser asumidos directamente por la sociedad administradora como parte de su comisión por administración.

Las SAFC tienen como objeto social exclusivo la constitución, administración y promoción de fondos de cesantías. Es de advertir que esta actividad no es excluyente, pues también puede ser realizada por sociedades que administren fondos de pensiones. La vinculación al fondo de cesantías es algo libre por parte del trabajador dependiente o independiente, quien podrá seleccionar cualquiera de ellos dentro de la oferta de mercado. Igualmente, la desvinculación es libre, lo cual podrá hacerse por decisión propia para los trabajadores independientes, por sustitución pensional, por terminación del contrato o por muerte del trabajador, sin penalidad alguna. Podrá generarse una erogación cuando se produce un retiro parcial anticipado, como sucede en los casos de retiro para adquisición, construcción, mejora o liberación de vivienda, pago de crédito hipotecario o pago de educación.

La SAFC es un profesional que deberá actuar con la diligencia exigible a un buen administrador, pero que, a diferencia de las sociedades fiduciarias, asume un deber de resultado, en tanto responde con su propio patrimonio por alcanzar una rentabilidad mínima 71, la cual deberá calcularse a partir de una rentabilidad de referencia en el mercado que es calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia 72.

Esto significa que, en caso de no alcanzar un determinado resultado que es esperado, deberá pagar con sus propios recursos la diferencia entre el real y el proyectado. Con antelación se exigía una rentabilidad positiva, pero actualmente dicha rentabilidad depende del comportamiento del mercado de valores. Esta rentabilidad de referencia se calcula trimestralmente con base en el comportamiento de un “título sintético” basado un TES cero cupón con vencimiento a 90 días 73.

La SAFC será inversionista institucional cuando actúa por cuenta propia o por cuenta del fondo de cesantías por ella administrado. Este último evento se sujeta a unas obligaciones especiales:

a. Mantener debidamente organizada la documentación relativa a las operaciones de los fondos, dejando una constancia de las órdenes emitidas y su complementación.

b. Enviar extractos de los movimientos de los fondos a cada uno de los ahorradores. Dichos documentos deben dar cuenta de los aportes y retiros, así como de la rentabilidad del instrumentos de inversión.

c. Invertir los recursos captados del público conforme a las reglas del Gobierno nacional, de suerte que se logren unas adecuadas rentabilidad, seguridad y liquidez.

d. Mantener una adecuada estructura de liquidez para el fondo de cesantías, considerando la existencia de los dos portafolios.

e. Abonar de forma trimestral, a las cuentas individuales de los ahorradores, los rendimientos originados en el portafolio de inversiones, una vez calculada la rentabilidad de referencia por la superintendencia.

f. Divulgar a los ahorrados y el mercado en general las rentabilidades del fondo de cesantías, la rentabilidad mínima, la comisión de administración y la comisión por retiros parciales.

g. Percibir la comisión señalada en el respectivo reglamento, la cual en ningún caso podrá exceder los siguientes valores: i) el portafolio de inversión del fondo a corto plazo será hasta del 1% anual, liquidado de forma diaria; ii) el portafolio de inversión de largo plazo será hasta del 3% anual, liquidado de forma diaria; y iii) por retiro anticipado hasta del 0,8% del valor retirado.

Los fondos de cesantías son conjuntos de recursos captados de trabajadores dependientes e independientes que se gestionan también de forma colectiva, originados en el pago de cesantías y sus rendimientos, aportes voluntarios independientes y venta de activos integrantes de los portafolios, que para todos los fines legales se consideran un patrimonio autónomo. Su finalidad es que los resultados de la gestión de activos se distribuyan de forma colectiva entre los aportantes, de suerte que se busque la mejor rentabilidad posible, de acuerdo con la política de inversión y la estrategia de asignación de activos.

Estos fondos nacen a la vida jurídica en virtud de un reglamento que debe ser aprobado previamente por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como sus modificaciones. Actualmente se cuenta con un régimen de autorización general para aquellos reglamentos que se ajusten a las especificaciones de la Circular Básica Jurídica, y un régimen especial para los que se separen de su contenido.

Los reglamentos autorizados de forma general deberán contener estipulaciones relativas a:

1. La política de inversión.

2. Las inversiones admisibles considerando criterios de rentabilidad, seguridad y liquidez74.

3. Las operaciones no autorizadas, incluyendo las prohibiciones de que los recursos captados sean utilizados para otorgar créditos, los valores sean entregados en prenda o como gravamen de obligaciones ―salvo que se trate de obligaciones propias del fondo de cesantías―, la SAFC actúe como contraparte del fondo por ella administrado, los recursos se inviertan en activos no autorizados normativamente, las funciones de la sociedad administradora sean delegadas en terceros, los aportes lícitamente realizados sean rechazos, y los ahorradores sean sometidos a tratos discriminatorios.