Lida Buitrago Campos - Ordenar el territorio

La organización colectiva a través de juntas de acción comunal o asociaciones fue el mecanismo inicial para garantizar la reparación de los derechos. El protocolo de la Unidad para las Víctimas (2015) establece una metodología sobre los planes de retorno y reubicación, y las acciones y los programas estatales que garanticen salud, educación, vivienda, alimentación, atención psicosocial, identificación, reunificación familiar y orientación ocupacional.

El empoderamiento de estas comunidades se centra en lo que enuncia el artículo 10.°: “[…] crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados” (Unidad para las Víctimas, 2015); este es el centro de la reparación de las víctimas, debido a que sus derechos se vulneraron.

Con base en lo expuesto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, s. f.) mira a Colombia desde el conflicto armado y desde la migración interna. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se presentan en los territorios como instituciones que ayudan a mediar o son interlocutoras de las comunidades con los entes gubernamentales. En el país la ausencia del Estado dio paso a un control territorial por parte de grupos insurgentes que generó el desplazamiento del campo a la ciudad. Así, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llegó al territorio colombiano en 1998 para apoyar a la población víctima a través del programa de Soluciones Duraderas; una de sus líneas de acción es la integración local desde los ámbitos legal (derechos), económico (autosuficiencia, economía local) y sociocultural (integración local). Dentro del proceso legal recibe el apoyo de Opción Legal, que orienta los procesos de restitución, formalización de tierras y vivienda, y legalización y titulación de asentamientos humanos.

La legalidad y regularización de estos barrios, junto con la garantía de la seguridad jurídica de las viviendas, sirve como un mecanismo de defensa a favor de estas comunidades para enfrentar estos riesgos, en la mayoría de los casos. En efecto, este tipo de medidas contribuyen a generar estabilidad, arraigo y el fortalecimiento de los lazos que han venido construyendo las comunidades que habitan estos asentamientos, de forma tal que se disminuyen los impactos y las afectaciones de las amenazas que se nutren de la inestabilidad y la informalidad de esos lugares. (Opción Legal y Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, 2018, p. 91)

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y el DNP (2009), en el 2008 había 1578 asentamientos de origen informal; pero esta cifra no discrimina los que se generaron por la población víctima, la necesidad de vivienda y la falta de seguridad, que son factores que los incrementan. En ese sentido, este libro evidencia la realidad de uno de los municipios expulsores y receptores de la población víctima: Mocoa, Putumayo.

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