Adriana Meyer - Desaparecer en democracia

Nunca pudo ser identificado el cadáver N.N. que apareció en Punta Lara, un día después de la desaparición de Jorge Julio López y a la misma hora que se dictaba la condena al genocida Miguel Etchecolatz. Era un cuerpo calcinado que apareció boca abajo, con un cable en el cuello, cerca de un arroyo sobre Camino Negro. “Igual que hacía la Triple A”, dijeron los sobrevivientes. Cuando desapareció Diego Duarte en el basural del Ceamse, al poco tiempo apareció un cráneo que tampoco logró ser identificado. Días después del hallazgo de los restos de Facundo Astudillo Castro aparecieron huesos de otra persona no identificada. Dentro del calvario que padecen las familias de los desaparecidos una constante es correr ante cada hallazgo de huesos, tolerar que la falta de la sistematización profundice su incertidumbre, como si hubiera una dimensión de cuerpos sin identificar que alimentan sus esperanzas.

El encubrimiento como constante

Tapar las propias huellas, negar, distorsionar, omitir, interferir, destruir evidencia son todas las acciones que despliegan los agentes del Estado inmediatamente después de una desaparición. Y suelen actuar en bloque el poder ejecutivo y el judicial en esta misión de hacer “desaparecer la desaparición”. El modo en que funciona el Estado, de facto o en democracia, hace que no pueda responder ante una desaparición, cualquiera sea su ideología. “El encubrimiento forma parte del tipo penal de desaparición forzada, que es ocultamiento de la información, la autoridad es el Ministerio de Seguridad, es el poder federal. Es la complejidad de un crimen de Estado donde hay que ver todo en conjunto, no dividir en decenas de expedientes. En Inglaterra o Estados Unidos hay ‘jurados de investigación’, juzgan el hecho como una muerte en una comisaría, determinan si debe ser juzgado como crimen en lugar de que sea una decisión administrativa. Tendría que haber jurados populares de investigación para este tipo de crímenes, una comisión investigadora independiente, aunque no parlamentaria”, apunta la abogada Heredia. La desaparición estuvo presente en el menú represivo desplegado durante la recuperación del cuartel de La Tablada, asaltado por un grupo del MTP en enero de 1989, a finales del gobierno de Raúl Alfonsín.31 “La desaparición forzada en democracia cobra un significado distinto. ¿Qué esferas de poder operan para hacerla posible? ¿Cuáles mecanismos se ponen en funcionamiento cuando la responsabilidad militar queda, incluso, fotografiada? El encubrimiento es la palabra clave de este proceso, político, judicial, mediático y policial”, dijo el periodista y escritor Hugo Montero.32

Viviana Alegre, la madre del desaparecido cordobés Facundo Rivera Alegre, es clara al mencionar las similitudes entre las historias: “Que nos hayan investigado a nosotros, las víctimas. O que lo busquen donde no está, como en España, porque el padre vivió ahí, como cuando de Santiago decían que estaba en Chile. Como dice el abogado Leandro Aparicio, tienen un manual, que ya va a aparecer porque se fue de joda”. El fallo de la Corte IDH que condenó a Argentina por la muerte de Walter Bulacio marcó la importancia de que no se produzca la impunidad en estos casos porque esta genera “la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos”.

Aunque cada fuerza tiene alguna variante específica, el “manual del represor reciclado y sus amigos judiciales” podría contener esta síntesis de acciones:

• En las comisarías no toman la denuncia a los familiares de la persona desaparecida.

• Siempre afirman que la víctima estaba en otro lado.

• Los libros de guardia suelen estar adulterados y con hojas arrancadas.

• Los secuestros y detenciones arbitrarias son justificados a posteriori con denuncias falsas.

• Amenazan a familiares, abogados y testigos, incluso asesinan testigos.

• La primera investigación del hecho siempre la hace la fuerza sospechada.

• Los policías involucrados son trasladados a otras dependencias durante la etapa de instrucción. Si llegan a juicio casi nunca reciben inhabilitación perpetua absoluta, siguen cobrando sueldo y conservan su arma.

• El porcentaje de condenas es bajísimo, al igual que el número de superiores afectados. Lo único que les impide volver a su fuerza es la exoneración originada en condena penal con inhabilitación perpetua para cargos públicos. Sobran los dedos de una mano para contarlas.

• Cuando aparecen los cuerpos casi siempre son hallados en lugares que habían sido rastrillados previamente.

• Las versiones falsas salen de las entrañas de la fuerza.33

• Suelen ensañarse con quienes los hayan desafiado, así sucedió con Bru, Balbuena, Torres y Arruga.

• Otra táctica de las defensas de los policías o miembros de fuerzas de seguridad acusados es desmembrar las causas para que queden en el laberinto burocrático de fueros y jurisdicciones.34

• Así como se reciclan policías represores, también lo hacen funcionarios con antecedentes poco democráticos, como el camarista Alberto Durán, –empleado en la Subsecretaría de Justicia en la dictadura y profesor de la Escuela Superior de Policía, impugnado por Justicia Ya! por sus estrechos vínculos con la Policía Bonaerense–, el comisario Hugo Matkin, premiado por Scioli como jefe de la Bonaerense cuando fue el responsable de enturbiar la primera parte del caso López; el represor Héctor Vergez y sus vínculos con la SIDE y la Bonaerense.

• El engaño a los familiares de las víctimas, como cuando la secretaria del fiscal Santiago Ulpiano Martínez se hizo pasar por integrante de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y le sugirió a Cristina Castro que dejara a sus abogados porque ellos tenían para asistirla, o en Paraná en 1994 cuando Isabel Vergara, la madre del desaparecido Martín Basualdo, iba a desahogar su dolor con la secretaria de Derechos Humanos y luego supo que había sido personal civil de Inteligencia.

Funcionarios que operan e inoperantes

El 22 de agosto de 2017 los representantes de los organismos de derechos humanos fueron recibidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sentados en la larga mesa, los ánimos se fueron caldeando porque Santiago Maldonado seguía desaparecido desde el 1° de ese mes. “Lo están torturando y ustedes saben dónde”, le dijeron en voz bien alta al ministro Germán Garavano. “No voy a aceptar esa acusación”, respondió el funcionario macrista, y levantó la reunión, arrastrando consigo a Patricia Bullrich y a Claudio Avruj, secretarios de Seguridad y de Derechos Humanos respectivamente. Minutos antes en el baño de hombres había ocurrido una escena reveladora. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), se cruzó con Daniel Barberis, secretario de Violencia Institucional de la cartera que conducía Bullrich. “Maldonado es oficial de las FARC, volvió de Colombia y está en Chile”, le dijo a Schulman sin que nadie le hubiera preguntado nada. El dirigente de Derechos Humanos lo miró sorprendido, le sonó ridículo. La muestra más cabal de que el Estado está detrás es cuando sobreactúa la negación de la misma. Y opera por debajo o en forma explícita. No todas las desapariciones tienen un trasfondo político. Pero es de una alta ingenuidad pretender tratar a las que sí lo tienen como si fueran crímenes comunes.

Además de operadores, hay funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial inoperantes. Otra constante, la mezcla fatal de mala fe con incompetencia. “Muchas veces los funcionarios judiciales no saben investigar desapariciones: parten de hipótesis preconcebidas que condicionan la indagación en forma irreparable; acumulan datos que serían útiles si fueran bien leídos; no tienen una estrategia, se estancan. Y con frecuencia simplemente no investigan. No saben por qué caminos es posible encontrar la identidad de alguien: no conocen cómo funcionan las burocracias que la registran, preguntan de un modo que solo pueden obtener respuestas inútiles. O no se consideran obligados a informar el hallazgo para que pueda ser cruzado con una búsqueda. Los meses transcurren hasta que firman una orden de inhumación que entierra a una persona sin haber averiguado su nombre”.35