Adriana Meyer - Desaparecer en democracia

Para la segunda mitad de 1993 el espionaje ideológico realizado por la policía en toda la provincia expuso los lineamientos profundos de la política del gobernador Eduardo Duhalde; la desaparición de personas a manos de los Patas Negras, denunciadas en el informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, era apenas la punta del iceberg, dicen los periodistas Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil, porque luego vendría el atentado contra la AMIA y el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. En febrero de 1996 se produjo una feroz represión a estudiantes en La Plata, que repercutió en los medios por el pañuelo de Hebe de Bonafini manchado de sangre tras haber sido herida por un cascotazo. La brutalidad policial parecía crecer sin freno: disparar indiscriminadamente contra la multitud, reprimir desde las sombras, confundir a un inocente con un ladrón, paralizar de un tiro a modo de persecución eran cosa diaria.25

De manera más reciente, en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de covid-19 fue desaparecido Facundo Astudillo Castro. “El carácter relevante que tomaron las fuerzas de seguridad debió ejercerse con el eje focalizado en el cuidado de las personas y de la salud pública, que tenían encomendados tanto las policías como la propia justicia federal”, dijo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en esa causa, en la cual pueden verse todas las actas por infracción del artículo 205 del Código Penal en el marco de la pandemia, “las que arrojan la presencia de una fuerte selectividad policial [...] y exponen que el control fue selectivo, clasista y racista, se aplicó a personas humildes, la mayoría de nacionalidad boliviana o paraguaya, pero también jornaleros de otras provincias (misioneros, correntinos, salteños, jujeños, santiagueños, mendocinos) y en una ínfima proporción a las personas nacidas y criadas en Mayor Buratovich y de clase social media o media alta”.26

Desde lo estrictamente normativo, las reglas de la Policía Federal datan de la Revolución Libertadora de 1955 y del Proceso de Reorganización Nacional de 1979.27 En tanto, el Estatuto de la Policía Bonaerense data de la época del genocida Ramón Camps. El bautismo de fuego de esa fuerza, paradójicamente creada por Juan Domingo Perón una década antes, habían sido los fusilamientos de José León Suárez en 1956. Ya con el golpe del general Juan Carlos Onganía “los Pata Negra quedarían al servicio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuya aplicación estrictamente policial fueron el gatillo fácil indiscriminado, la picana, la rapiña y el abuso de poder como sistema”.28

Desde el punto de vista político, el jurista del alfonsinismo Carlos Nino afirma que “la herencia que suponen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado es uno de los obstáculos más grandes de los procesos de democratización. Estas violaciones suponen el mal absoluto, o lo que [Immanuel] Kant llamó ‘mal radical’ [...] Hannah Arendt afirma que es muy poco lo que sabemos acerca de la naturaleza del mal radical [...] sustancialmente muestra la dificultad de responder al mal radical con las medidas ordinarias que aplicamos a los criminales comunes”.29 Sobreviviente de los campos de exterminio y politóloga, Pilar Calveiro analizó de manera profunda y sin caer en el panfleto que “la tradición castrense traía consigo una cultura basada en el castigo físico, el miedo y la obediencia a través de la cadena de mandos”. Fue esta la matriz que engendró, según Calveiro, al campo de concentración. El interrogante que planteamos al abordar las desapariciones que se siguieron produciendo tiene que ver con esa matriz. “Una de las estrategias del terror consiste en que este se mantenga oculto pero dejando entrever una porción de su horrible rostro. El efecto: la parálisis, ya no solo del prisionero en el campo de concentración, sino de toda la sociedad. La parálisis ‘compromete’ al ciudadano y el aparato represivo rápidamente lo convierte en cómplice que termina reproduciendo la dinámica del terror”. ¿Cuánto de aquello persiste cuando las violaciones a los derechos humanos desplegadas por aquel terror han dejado de ser masivas? ¿Si fue posible juzgar y seguir juzgando a represores y genocidas, por qué aún el Estado no sabe, no quiere o no puede impedir nuevas desapariciones y buscar de manera eficaz a sus desaparecidos?

Una vez más la respuesta está en las palabras de la abogada Heredia, a días de la desaparición de Maldonado. “Acá estoy, llena de impotencia, acompañando otra vez a familiares y viendo que no han hecho nada en todos estos años para que no pase una nueva desaparición forzada, o para que si sucede haya instrumentos para dar respuesta, no hay ninguno luego de la condena del país ante la Corte IDH en el caso de Iván Torres, no se estableció ningún mecanismo ante este delito, tomaron medidas ineficaces como la recompensa, un alerta de persona extraviada o una recompensa, no hay banco de datos ni registros. Habíamos pedido que se estableciera una base de datos de desaparecidos en democracia en Argentina, y nada. Santiago no es ni el segundo ni el tercero, el Estado no asume la desaparición forzada en democracia, desde aquella condena no se tomó ni una sola medida. Cuando me preguntan si Santiago puede estar vivo digo lo mismo que con Iván, con Sergio Ávalos, con Luciano Arruga, con César Monsalvez… no puedo creer estar haciendo todo esto una vez más”.

No Name

El 2 de abril de 2013 hubo una impresionante inundación en La Plata, con gran cantidad de muertos, que finalmente fueron muchos más de lo que se informó oficialmente. Una investigación de María Soledad Escobar, experta en informática, determinó que hubo entierros de cuerpos con falsa identidad. “La investigación nos llevó mucho más allá y dejó expuesto el procedimiento de la policía para deshacerse de un cadáver, matan un pibe en un patrullero, lo entierran con falsa identidad y no lo ves más. Un cuerpo tirado al río, el río lo devuelve, en lugares expuestos en general terminan apareciendo, en un cementerio no lo encontrás más”, dice Escobar. “Uno de los métodos es a través de un pedido de exhumación judicial, llevan el cuerpo a la morgue y después para volver a enterrarlo piden inscribir la defunción de nuevo. Algo absurdo porque ya está inscripta. La policía así obtiene licencias de inhumación. ¿Para qué les sirve? Para entrar a un cementerio con un cajón y enterrar cualquier persona con cualquier identidad. Encontré más procedimientos para lograr lo mismo, hacer desaparecer un cadáver. Esto se realizó en la morgue policial el 10 de abril estando presentes el juez de garantías Guillermo Atencio, por orden de Ricardo Casal. Estaba el fiscal de la causa. Había Corte, procuración, poder político y policía. Mientras se labraba el acta en una computadora, en otra crearon otro archivo llamado ‘archivo fantasma’ donde pusieron un listado de 16 cuerpos que en la morgue no estaban para tramitar estas inscripciones falsas y enterrar cadáveres con falsa identidad. ¿Qué obtiene la policía con estas maniobras? Licencias de inhumación para cuerpos que no tiene. ¿Por qué hay una morgue en un cementerio? ¿Por qué las morgues las maneja la policía?”, se pregunta azorada la experta. Semejante escenario no solo deja vía libre a la desaparición intencional de una persona sino también a la imposibilidad de encontrar a alguien que muere sin sus datos de identidad.

El antropólogo Alejandro Incháurregui dijo a la periodista Mona Moncalvillo, en una entrevista de junio de 1992 en la revista Humor que “los cementerios fueron los primeros sitios donde pretendieron hacer desaparecer cadáveres durante la dictadura, implicaba no solo enterrar un cuerpo sino enterrar un pedazo de nuestra historia, en muchísimos cementerios hubo inhumaciones irregulares de N.N.”. Con toda esta intensa historia como experiencia, resulta increíble que aún no haya un registro único nacional de personas fallecidas sin identificar, es decir N.N. “La parte administrativa del Estado, que depende de los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales, es una burocracia ramificada de dependencias, circuitos y archivos incapaz de garantizar que una persona que muere en la calle, o en las vías del tren, o que fue asesinada y descartada en un baldío pueda reencontrarse con su identidad”.30 La abogada Natalia Federman trabajaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación y fue quien rescató las huellas de Luciano Arruga que nadie encontraba o buscaba. Según su experiencia, “las burocracias que gestionan la información sobre las muertes de personas no identificadas no valoran esos documentos como portadores de la historia de alguien que falta, como portadores de la certeza de una muerte que alguien llorará”.