Adriana Meyer - Desaparecer en democracia

El problema burocrático es tan grave que incluso cuando se encuentran cuerpos que se buscan puede ser imposible identificarlos, funciona más la casualidad que un plan sistemático de búsqueda. Maco Somigliana es antropólogo, integra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja a pedido de jueces y fiscales. “El síntoma más claro de la inexistencia de un sistema se ve todo el tiempo en los casos conocidos. En la medida en que se recolecta a una persona que apareció en determinadas circunstancias, y esto ya es azaroso, se define que no es López, o no es Cash, y queda ahí porque el funcionario que lleva ese caso no tiene forma de decir si no es López, entonces quién es. Hay que hacer un trabajo que no se hace: hacer un sistema en el que la pregunta no sea ‘¿es Julio López?’, ‘¿es María Cash?’, sino que la pregunta sea ‘¿Quién es?’”.36

Falla el sistema

“El sistema de identificación de personas falla”, asegura el antropólogo Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF hasta mayo de 2021 cuando partió a Suiza para unirse a la Unidad de Antropología de la Cruz Roja. Esa institución científica buscó formar una mesa de diálogo con el Gobierno para la unificación de protocolos y la creación de una base de datos única, porque, como quedó expuesto, en Argentina la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres sin identidad son dos universos que corren por vías separadas. “A eso se suma que cada jurisdicción tiene sus propias formas y la comunicación entre los actores que intervienen, judiciales, civiles y fuerzas, es casi nula, tanto a nivel provincial como nacional”.37 El EAAF, de probada trayectoria en casos de lesa humanidad, comenzó a ser consultado por fiscales a partir de los años 90, ante la nula o incompleta respuesta del Estado. “Desde que alguien desaparece, el Estado va dejando rastros de cómo procesó a esa persona, hasta que no aparece o que se perdió en la maraña burocrática”. El experto diferencia los casos de los años 70, cuando esa pérdida del cuerpo de la persona era intencional, de algunos ocurridos en democracia donde la desaparición es producto del “desorden que tiene el Estado para este tipo de investigaciones”. Y enuncia algunas sugerencias. “El sistema de identificaciones en Argentina se basa fundamentalmente en huellas dactilares, lo que limita mucho la respuesta del Estado. Sería mucho más simple que cuando llega un cadáver sin identificación a una morgue no se le tomen solamente huellas dactilares, que se le haga una batería de análisis y esa información, además de ir al expediente de ese caso, vaya a una base de datos. Entonces, cualquier investigador puede consultar cuántos hombres de entre 20 y 30 años tienen un tatuaje en el brazo derecho, y no tiene que mirar miles de expedientes que están desperdigados en diferentes jurisdicciones. Si una persona desaparece hoy en Chubut y aparece un cadáver en Tucumán, no hay una forma rápida y correcta de relacionarlos. Todo se basa en esfuerzos individuales, en llamados. Debería haber una base de datos de todo el país donde mirar cuántos cuerpos aparecieron en los últimos tres meses y contrastarlos con la información de la persona desaparecida. Por otro lado, en los cementerios de Argentina, como en todo el mundo, después de unos cinco años, si nadie reclama ese cadáver sin identidad, se lo remueve y se lo pasa a un osario común, donde se pierde. No sabemos cuántos casos de cadáveres sin identificación que han pasado por una autopsia han seguido ese destino. Tampoco las provincias tienen un sistema único de procesamiento. Cada una tiene su gobierno, su sistema forense y sus protocolos, cuando los tienen”. A criterio de Fondebrider, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad “es un buen intento de una gran base de datos, pero es insuficiente, porque falta sentar a la gente con capacidad política de decisión y ponerse de acuerdo para que haya procedimientos específicos, que todo el mundo colecte los datos de la misma manera y que las denuncias de cada familiar sean consolidadas en una base de datos única, como hay en Colombia”. Una vez unificada la información es necesario que haya acuerdos con cada provincia para que esto sea consolidado. “Tiene que ser una política que vaya más allá del gobierno de turno, tiene que ser una política de Estado”. Fondebrider cuenta que hace doce años que trabajan con funcionarios de los sucesivos gobiernos pero “hasta ahora fue imposible sentar a los que manejan cada ministerio a una misma mesa”. Y plantea dos caminos posibles. “Lo óptimo sería contar con una ley nacional de cementerios que establezca que un porcentaje de estos debe estar destinado a personas sin identidad hasta tanto se identifiquen”. Y una opción intermedia sería “una acordada entre fiscales” para que en las causas donde haya cadáveres sin identificar pongan “orden de no innovar en la sepultura”. Cuando los cadáveres están putrefactos, quemados, esqueletizados o las huellas fueron mal tomadas es fundamental extraer una muestra y contar con un “banco nacional de datos forenses que incluya datos genéticos”. Pero el ADN no es todo, hay otras evidencias que conducen a la identificación. La larga lista de errores pone en evidencia el problema de base: la falta de un sistema de identificación”.38

Desaparición forzada como crimen de Estado

Está dicho, un grupo de agentes del Estado comete una desaparición forzada y al mismo tiempo comienza el operativo de encubrimiento. El jurista Raúl Zaffaroni afirma que “ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante, siempre pretende estar justificado [...] En el crimen de Estado suele negarse el hecho mismo, como en el caso de negación turca del genocidio armenio o del holocausto por parte del nazismo, es decir, directamente afirmar que los hechos no ocurrieron o no fueron como se los describe. La negación de la víctima es la técnica de neutralización más usual. Eran terroristas, traidores a la nación, fueron los verdaderos agresores, no hubo crimen de Estado sino la legítima defensa necesaria”.39

El caso Maldonado demostró que aun en tiempos de vigencia del estado de derecho y gobiernos electos por el voto, la desaparición es uno de los métodos que las fuerzas de seguridad utilizan como forma de ocultamiento de un crimen, así como para generar un especial terror entre quienes rodean al desaparecido.40 La Gendarmería y Patricia Bullrich siempre supieron el destino de Santiago, que estuvo en la protesta social que ellos reprimieron, pero plantaron pistas falsas hasta el infinito, dejando en vilo a toda una sociedad que se movilizó por su aparición. El Estado y Gendarmería41 son los responsables de negar su destino durante todo el tiempo en que estuvo desaparecido, y también de su muerte. Myriam Bregman, abogada de derechos humanos, legisladora y dirigente trotskista, afirma que “el aparato represivo de la dictadura se recicló en los gobiernos constitucionales y siguió en funciones. Sólo algunos rindieron cuentas, los demás quedaron en las comisarías y unidades de las fuerzas de seguridad. Y eso tiene que ver con la impunidad de los hechos de la dictadura, no es un dato histórico. La desaparición de personas fue juzgada respecto de unos mil represores, un porcentaje ínfimo, entonces la señal hacia el aparato represivo es que esos crímenes los podés realizar desde el Estado en democracia en forma más restringida, y en dictadura con vía libre”. A criterio de Bregman, los funcionarios judiciales son cómplices del poder político, “por eso con este poder judicial no se puede hacer nada, la reforma real y democrática tiene que ser con jueces y fiscales elegidos por el pueblo, para empezar, con jurados que evalúen las sentencias, que digan si creen las versiones disparatadas de los casos López, Castro o Maldonado. Desde la constitución de Estados Unidos el Poder Judicial en esencia es contra mayoritario. Está pensado para que si quizás se cuela un atisbo de reclamo popular de parte de los otros poderes elegidos por el voto, el judicial los pueda corregir; son un cuerpo de élite, sobre todo la Justicia federal. Cuando recorría los juzgados pude observar que los abogados de los genocidas eran amigos y vecinos de los jueces”.