Varios autores - Las independencias iberoamericanas en su laberinto

La denominada cómodamente Constitución de Cúcuta, vigente en Venezuela hasta 1830, fue jurídica e institucionalmente la primera constitución venezolana efectiva. Marcó una continuidad con los proyectos constitucionales precedentes, pero adaptó, en aspectos cruciales, las galas de la monarquía constitucional contempladas en la Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Quedaron sentadas, de esta manera, algunas de las bases para que funcionase la dinámica de continuidad y ruptura que rigió la que he denominado demolición selectiva de la Monarquía.

2. ¿Qué provocó la crisis de 1808?

La crisis de 1808 se gestó en lo colonial interno, como resultado del progresivo agotamiento del proceso de implantación de las nuevas sociedades, en sus dos sentidos, interrelacionados, el espacial y el social. En sentido espacial, por haber menguado, desde finales del siglo XVIII, el establecimiento de núcleos primeros y primarios de implantación que hicieran avanzar la frontera del área implantada. En sentido social, por la incapacidad del régimen socioeconómico colonial para generar factores dinámicos cuyo juego se tradujese en la evolución de la clase dominante colonial hacia su conformación como una burguesía primaria –lo que constituía una meta contemplada en la Constitución de la República de Colombia–. De esta manera, se configuró un área que aún requiere investigación sistemática: la de los fundamentos socioeconómicos de la sociedad colonial venezolana, comenzando por la valoración crítica de la productividad y, sobre todo, de la rentabilidad, de sus bases agropecuarias, aceleradamente agotadas casi desde el inicio de La disputa de la Independencia.

El factor crítico de origen colonial metropolitano se manifestó como la crisis del poder colonial, en el sentido de que el componente criollo de ese poder perdió rápidamente confianza en que el componente metropolitano de éste pudiese continuar cumpliendo, eficazmente, en tan complejo organismo políticoespiritual, su papel de fuente de la legalidad, representada por la Corona, y de la legitimidad, como expresión de la voluntad divina. Quedaría afectado, así, el requisito indispensable para preservar la estructura de poder interna de la sociedad colonial; fundada, en su versión «interna», en la condición del criollo como dominador cautivo, es decir, la de un súbdito cuya identificación –más que subordinación– con la Corona legitimaba la dominación por él ejercida sobre las demás clases y sectores de la sociedad colonial. El tener clara esta correlación parece haber sido determinante en el hecho de que la porción mayoritaria de los criollos venezolanos defendió su privilegiada ubicación en la estructura de poder interna de la sociedad colonial, enfrentándose tanto a los proyectos autonomistas-independentistas, en el seno de la colonia, como a los avances liberalizadores procedentes, primero de la Metrópoli, a partir de 1812, y luego de la República de Colombia, moderna y liberal.

Creo que se ha sobrevalorado el papel de los condicionamientos ideológicos, elaborados y sistemáticos. El estudio crítico de La disputa de la Independencia revela que el verdadero escenario ideológico-social estaba ocupado por las creencias, y que éstas giraban en torno a la conciencia monárquica cristiana católica. Estas consideraciones valen también para las repercusiones de la propia crisis de la Corona, interpretadas en su única expresión, metropolitano-colonial, en el marco de la monarquía colonial americana, que regía la condición genuinamente monárquica de la sociedad colonial. Simón Bolívar, ocupado en justificar su aparatosa derrota en el denominado año terrible, dejó una altisonante constancia de la fortaleza de esta condición de la sociedad colonial en el llamado Manifiesto de Carúpano, fechado el 7 de setiembre de 1814:

«La destrucción de un gobierno, cuyo origen se pierde en la obscuridad de los tiempos: la subversión de principios establecidos: la mutación de costumbres, el trastorno de la opinión, y el establecimiento en fin de la libertad en un país de esclavos, es una obra tan imposible de ejecutar tan súbitamente, que está fuera del alcance de todo poder humano...».

3. ¿Se puede hablar de revolución de independencia o, por el contrario, primaron las continuidades del Antiguo Régimen?

La historiografía materialista marxista elemental negó el carácter revolucionario de La disputa de la Independencia. Para este fin incurrió en excesos doctrinarios que aún perduran en la visión de los marxistas arcaizantes. Los expondré muy sumariamente:

a) Abrazó esa historiografía el concepto de que la tradicionalmente denominada guerra de independencia fue una guerra civil, señalado –que no descubierto– por Laureano Vallenilla Lanz. Al hacer esto, tales materialistas marxistas no sólo no advirtieron que toda revolución es, por definición de la lucha de clases, una guerra civil, sino que, lo que resulta más desconcertante aún, pagaron tributo a la historiografía patria, necesitada como estaba de desvincular drásticamente las guerras civiles, auténtica prolongación de la fase inicial de La disputa de la Independencia, pero consideradas no gloriosas, de la sí gloriosa guerra de independencia. No era admisible la semejanza que de otra manera se establecería entre Simón Bolívar y los caudillos abigeos.

b) Imposibilitados tales historiadores para adoptar la tesis de Laureano Vallenilla Lanz –además, por haber sido éste el más destacado teórico de la dictadura del general Juan Vicente Gómez Chacón (1909-1935)–, pero impedidos por razones doctrinarias marxistas para utilizar el concepto de revolución, como también obligados a preservar este concepto de su vulgarización al ser extrapolado para denominar las guerras civiles que sacudieron el siglo XIX y entraron en el XX, los historiadores marxistas primarios utilizaron el concepto de rebelión popular, para contraponerlo al de República mantuana, y explicar así los levantamientos de pardos y esclavos en defensa del nexo colonial, brotados tan pronto fue abolida la monarquía al ser instaurada la república.

c) La persistencia de este enfoque puede apreciarse en el hecho de que un marxista, que fue en lo fundamental crítico y creativo, y nada lego en el estudio de la historiografía venezolana de su tiempo, Rómulo Betancourt, sentenció el 24 de junio de 1945, a tres meses escasos de ascender revolucionariamente al poder: «La independencia se frustró como revolución burguesa y antifeudal precisamente porque la gran propiedad agraria no fue quebrantada en sus propios cimientos, y el latifundio pasó sin solución de continuidad de los terratenientes coloniales a los patricios civiles y caudillos militares de la República». Se reveló, de esta manera, su enfoque de nuestra historia republicana, la secuela de la tesis sobre la revolución agraria antiimperialista, predicada por la III Internacional Comunista, tan combatida por el citado.

De hecho, los observantes del historicismo marxista se basaron, al desconocerle a esa guerra civil el carácter de revolución, en la negación de haber transformado el sistema de producción, particularmente en lo concerniente a la liquidación del latifundismo, como tocaba a una sociedad por ellos clasificada como semicolonial. Esto, pese a que el estudio histórico crítico revela que, como resultado de La disputa de la independencia, ocurrieron resultados y cambios revolucionarios fundamentales, en diversos órdenes, que deben ser apreciados sin rendir tributo a todo inmediatismo, por ser éste esencialmente ahistórico:

a) La disputa de la Independencia significó el fin legal de la esclavitud en Venezuela; primero mediante la prohibición de la trata desde 1810 y luego al abrir el camino hacia la abolición definitiva, pasando por la manumisión, en 1854; es decir, apenas treinta años después de terminada la fase bélica primaria de La disputa de la Independencia (1824) y nueve años después de haber sido reconocida la independencia por nuestra Corona, el 30 de marzo de 1845. Recuérdese que en las colonias de la Francia revolucionaria, la esclavitud, abolida en 1794 y restablecida por Napoleón, fue abolida definitivamente en 1848 (¿?), es decir tan sólo seis años antes que en Venezuela.