En cuanto a las leyes y los decretos, su estudio goza de mala fama por cierta presunción de que se quedaron sobre el papel, mas aunque así fuera, el mero hecho de que alguien se tomó el trabajo de elaborarlos es indicativo de ideas e intenciones. Por añadidura, son de las fuentes más accesibles, por aparecer en las gacetas oficiales y recopilaciones que conservan las bibliotecas principales y que, en muchos casos, se han reeditado para generaciones posteriores. Muchas veces estas reediciones casi no se leen, lo que es lamentable, porque su contenido se presta a medir el grado de innovaciones intentadas o, por lo menos, pensadas en casi todos los campos de la vida nacional. Se presta también a las mil maravillas al estudio comparativo, en especial para las ex colonias de España, que nacieron a la vida independiente con una legislación homogénea de origen colonial y después fueron insertando innovaciones, cada una a un ritmo propio, aunque las más de las veces esgrimiendo las mismas formulaciones jurídicas. El averiguar si las leyes y los decretos se cumplieron cabalmente es cuestión bien complicada; pero se comienza contabilizando lo legislado.
6. Cuestiones que desee formular y que no hayan quedado registradas anteriormente.
Habiendo dedicado la mayor parte de mis propias investigaciones al período de la independencia, me es grato constatar el incremento reciente del interés por el tema entre investigadores latinoamericanos y latinoamericanistas. Sin duda, obedece en parte al bicentenario que se acerca, en especial en lo que se refiere a apoyo financiero de entidades oficiales y privadas. Pero seguramente representa también el reconocimiento de que, en años recientes, los estudiosos habían ido demasiado lejos en su reacción justificada contra las exageraciones patrioteras de la antigua historiografía y, a la vez, habían cometido excesos propios al huir de la historia política como si consistiera sólo en anécdotas irrelevantes en comparación con la realmente importante social y económica. Incluso parece abrirse paso ahora una mayor conciencia de que en los acontecimientos políticos yace siempre algún contenido social y cultural, etc. En todo caso, dentro de la historia intelectual latinoamericana –en particular de la historia de la historiografía–, quisiera que alguien rastreara los altibajos del tema de la independencia, desde los tiempos de Alamán y Restrepo hasta los de quienes lean estas páginas.
Otra cuestión para mí de verdad interesante que apenas toqué antes de paso es el de las independencias comparadas. Es verdad que abundan comparaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos –o sea, Bolívar y Washington–, no siempre bien concebidas, pero que resaltan los principales paralelismos y diferencias. Mas que yo sepa casi no se ha intentado nada similar con respecto a Latinoamérica y Canadá (que, por supuesto, encierra en sí mismo un bloque de latinidad) o Latinoamérica y la miscelánea de nuevas naciones del Caribe. Más fascinante todavía sería realizar un esfuerzo de comparación con los países africanos independizados desde mediados del siglo XX: fueron otro tipo de colonia, pero han exhibido en forma a veces exagerada muchos de los problemas que afligieron a los latinoamericanos después de su propia independencia. Una vez me comprometí con un colega africanista a ofrecer un seminario conjunto sobre este tema; no se realizó, pero sigo pensando que constituiría por lo menos un magnífico ejercicio mental.
GERMÁN CARRERA DAMAS
Universidad Central de Venezuela
Advertencias previas
Mis respuestas corresponderán, sobre todo, al estudio de la que denomino La disputa de la Independencia, en Venezuela, y en la que fuera la República de Colombia; si bien sus planteamientos, al responder también, en cierto grado, a un enfoque latinoamericano y euro occidental, es posible que tengan algún valor referencial para la comprensión de otros procesos sociohistóricos de la región. Debo precisar que con la denominación arriba expresada intento compendiar el prolongado juego de conflictos políticos, sociales, militares e ideológicos, que se desarrolló a partir de la abolición de la monarquía y de la proclamación de la república, en 1810-1811; y que se extendió, en Venezuela, a lo largo de los siglos XIX y XX, hasta el presente, configurando La larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia.
Lo dicho suscita otra aclaratoria: Por La disputa de la Independencia entiendo, consecuentemente, un proceso sociohistórico que no sólo es la columna vertebral de la historia de la Venezuela republicana, sino que forma parte esencial de su contemporaneidad. Esto, por guardar respecto del presente histórico una doble relación: de cercanía y de proximidad. Por la primera entiendo el relativamente breve período histórico del que se trata; por la segunda, la supervivencia de sus cuestiones básicas, es decir, de la correlación entre soberanía nacional y soberanía popular, como fundamento de los valores inherentes a la libertad y la democracia.
Mi conclusión, en este terreno, es que toda consideración histórico-crítica sobre la independencia, en el caso de Venezuela, requiere un enfoque global del proceso sociohistórico republicano –necesariamente apoyado en la persistente formación colonial– que lo hace propio de nuestra historia contemporánea.
1. ¿Cuál es su tesis central sobre las independencias?
El factor que disparó, y la nutrió de manera perdurable, La disputa de la Independencia, dándole su marcado y perdurable carácter de guerra civil, fue la abolición de la Monarquía, mediante la proclamación e instauración primera y primaria de la República; si bien la guerra mostró una creciente inclinación hacia su conversión en guerra internacional, sobre todo a partir de la ratificación, el 20 de noviembre de 1818, de la Declaración de la Independencia formulada el 5 de julio de 1811; y la consiguiente invasión del Virreinato de Nueva Granada por las fuerzas de «la República de Venezuela [que] por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española, y constituida en un Estado independiente, libre y soberano».
El resultado inmediato fue visto por Simón Rodríguez, en 1828, cuando invitó a los habitantes de los recién creados Estados –que iniciaban su difícil conversión de súbditos en ciudadanos, ya fueren activos, ya pasivos, en razón de su capacitación política– a decidir sobre si querían una república monárquica o una monarquía republicana. No escapaba, al agudo crítico, la comprobación de que no existía incompatibilidad entre la independencia y la monarquía, pero sí entre ésta y la república, salvo que se adoptasen fórmulas poco menos que aberrantes. Por su parte, Simón Bolívar, consecuente con las consideraciones constitucionales que hiciera en su discurso inaugural del II Congreso de Venezuela, reunido en Angostura, el 15 de febrero de 1819, concibió la fórmula constitucional mixta que propuso, el 25 de mayo de 1826, al Congreso Constituyente de la República Bolívar.
De hecho, la república liberal autocrática, surgida de la ruptura selectiva del nexo colonial, estuvo –¿y está?– más cerca de la monarquía absoluta que de la república liberal moderna diseñada por el Congreso general o constituyente reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta, y contenida en la Constitución de la República de Colombia, promulgada el 6 de octubre de 1821; dándose cumplimiento con ello a lo establecido en la Ley Fundamental de Colombia, aprobada el 17 de diciembre de 1819 en el Congreso de Venezuela, reunido en Angostura, y ratificada en la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, aprobada por el mismo Congreso constituyente reunido en Cúcuta, y promulgada el 18 de julio de 1821. La aprobación de la Ley Fundamental de Colombia buscó legitimar, sin lograrlo de manera convincente, la invasión del Virreinato de Nueva Granada, al considerarlo parte del nuevo Estado independiente.
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