Juan Luis Sancho Lluna - Anticatalanismo y transición política

Y en segundo lugar, 1962 es el año de la publicación de la obra de Joan Fuster Nosaltres els valencians , referente para la vertebración de un nacionalismo valenciano de raíz catalanista que causó un gran impacto entre la juventud universitaria de los sesenta; una obra que, en frase que hizo fortuna, «separaria la nostra “prehistòria” de la nostra “història”». 9 Nosaltres els valencians constituyó el punto de inflexión para la cultura autóctona contemporánea; una bocanada de aire fresco para aquella sociedad mediocre y provinciana. La obra de Fuster –escrita con un lenguaje incisivo– pulverizó el discurso oficial del régimen basado en la concepción histórico-organicista del «regionalismo bien entendido» de la burguesía colaboracionista con la dictadura, que a esas alturas había unido su propio destino al futuro del régimen.

En esta crítica coyuntura histórica, coincidiendo con la llegada de los primeros ecos de las huelgas de los mineros asturianos a la Universidad de Valencia, es cuando aparecieron los primeros síntomas de descontento estudiantil en la Universidad franquista. Estudiantes vinculados al PCE repartieron octavillas en el patio de la Universidad Literaria encontrando el apoyo de un grupo jóvenes socialistas y agitando las aulas al canto de «Asturias, patria querida», y a los gritos de «¡Mora la burgesia, visquen els miners!». 10La acción no encontró demasiado eco, quedando desarticulado el PCE de la Universidad.

Sin embargo, la represión que siguió a estos hechos estimuló la reorganización de los comunistas en la Universidad y la aparición de núcleos universitarios antifranquistas que desembocaron en la formación de partidos políticos democráticos y valencianistas. En 1964 se fundaba el Partit Socialista Valencià y en 1966, el Sindicat Democràtic d’Estudiants. 11De los dirigentes del movimiento estudiantil y núcleos de oposición que se fueron configurando durante esos años en la Universidad surgió parte de la élite política del último tercio del siglo XX, destacando, entre otros, Josep Vicent Marqués, Ciprià Ciscar, Eliseu Climent, Manuel Sánchez Ayuso, Emèrit Bono, Josep Guía, Josep Lluís Blasco, Rafael Blasco, Vicent Soler, Carmen Alborch, Ernest García, Alfons Cucó, Ricard Pérez Casado, etc.

1.1.1 La crisis final del franquismo (1973-1975)

Dicho esto, el contexto de cambio social y el paulatino despertar de la sociedad civil contrastaba abiertamente con las estructuras políticas de una dictadura cuya capacidad represiva continuaba inalterable. En este sentido, el Código Penal de 1944, aún vigente, constituía la piedra angular del ordenamiento jurídico de un régimen que tipificaba la huelga como delito de sedición y equiparaba la libre asociación de trabajadores como acción subversiva. Por tanto, como era de esperar, la respuesta del régimen a las huelgas mineras de 1962 fue la declaración del estado de excepción en Asturias y el País Vasco. Con la declaración del estado de excepción no solo se buscaba ahogar manu militari cualquier protesta social, sino también mantener en tensión a la sociedad y extender entre la ciudadanía una agria sensación de inquietud e inseguridad.

Pero, precisamente, en su capacidad represiva es donde residió la debilidad de la dictadura, pues su propia existencia se debió a que la legitimidad del sistema descansaba sobre el uso de todo el poder coercitivo del Estado. 12Es decir, el franquismo fue un régimen implacablemente represivo pero políticamente débil. Por ello, el mantenimiento del orden público mediante el empleo de la capacidad represiva del Estado fue el talón de Aquiles en la estabilidad de una dictadura que partía del tradicional concepto de «ley y orden», propio del pensamiento reaccionario español. El Ejército constituyó la columna vertebral de la dictadura, pero fueron los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Armada y la Guardia Civil, los que se emplearon a fondo en la represión de cualquier intento de oposición. Esta fue la naturaleza del Estado franquista, su verdadera cara.

Ahora bien, pese a su capacidad represiva y aparente solidez, con la crisis de Asturias, la dictadura acabó en esos años mostrando su incompetencia para resolver unos conflictos propios de una sociedad en profunda transformación, en tránsito hacia la modernidad. Y esto se constató especialmente a partir de los años setenta cuando –pese a la represión policial– «España alcanzó un nivel de conflictividad laboral comparable al de otros países capitalistas donde existía libertad sindical», 13motivo más que suficiente para que el régimen se sintiera desconcertado e inquieto.

Así, lejos de observarse un principio de cambio de la política, los conflictos sociales, desde la más rancia tradición del pensamiento reaccionario español, continuaron siendo una mera cuestión de orden público que debía resolverse mediante el empleo de la fuerza pública. Es por esto, por su propia naturaleza política, por lo que la dictadura contribuyó a exacerbar los conflictos sociales. De hecho, el franquismo, a lo largo de toda su existencia, no tuvo más respuesta (ni más salida) para la resolución de los conflictos sociales que aplicar una severa política de orden público. De este modo, en 1971, una circular del Ministerio de Trabajo incidía en que «el conflicto laboral es siempre un problema político y de Orden Público». 14Pero por entonces el régimen estaba ya a la defensiva, aunque esta perversa doctrina continuó inspirando la política de interior de los distintos gobiernos del tardofranquismo y la transición.

En conclusión, la nueva política de reestructuración y liberalización de la economía –el desarrollismo tecnocrático–, obligada por la bancarrota económica producida por la autarquía, aceleró la transformación de la estructura económica y social de España, desarrolló nuevas fuerzas sociales y creó las condiciones históricas que permitieron la posterior crisis final franquismo. Simultáneamente, en el País Valenciano, la aparición de un renovado y potente movimiento obrero y la formación de grupos políticos de inspiración nacionalista constituyeron los mimbres con los que se fue tejiendo, a lo largo del periodo 1962-1976, todo un movimiento social compuesto por la nueva clase trabajadora industrial, sectores de las nuevas clases medias y de la burguesía, hecho con escasos precedentes en toda la historia del siglo XX valenciano.

Llegados a este punto, durante el bienio 1973-1975 el franquismo se presentaba como un régimen caduco y agotado; un sistema político que había entrado en una irreversible fase de agonía. En esos años se produjo el asesinato del presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, 15la revolución de los claveles en Portugal y la muerte del general Franco. (Particularmente, la revolución portuguesa tuvo una influencia decisiva en las postrimerías del franquismo aumentando las contradicciones en el seno de un régimen desconcertado y en estado de shock , temeroso de que se produjera un contagio revolucionario en España). 16

Consecuentemente, para las élites una transición controlada se hacía urgente e ineludible. Pero las familias políticas más influyentes del régimen, tecnócratas y falangistas, no estaban en condiciones de liderar una reforma política de transición; carecían de experiencia política, de entidad para los grandes momentos, y por su integrismo estaban incapacitados para construir un proyecto político de reforma del Estado. Estas élites no fueron plenamente conscientes de que resultaba incompatible el deseo de mantener las estructuras políticas de la dictadura –con las consiguientes contradicciones internas que esta generaba– y el desarrollo de una política económica moderna de integración en el mundo capitalista occidental. Y a todo esto, las luchas internas por el control del Estado durante el tardofranquismo (1969-1975) habían dejado a las distintas familias del régimen (incluida la del entorno de El Pardo) en una situación de desgaste, por lo que llegaban a este momento histórico en un estado de debilidad que acabó favoreciendo la vía reformista de tránsito a la democracia.