Marta Fernández Peña - Ciudadanos, electores, representantes

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Este libro ofrece un análisis de la construcción de la ciudadanía y la representación política en Perú y Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX, concretamente en torno a la década de 1860. La configuración y el funcionamiento del Parlamento son el punto de referencia fundamental en esta investigación, en la que resulta crucial el análisis del discurso, especialmente del parlamentario. Los representantes de este fueron los encargados de elaborar, debatir y promulgar todo tipo de textos legislativos que sentarían las bases del juego político. Además, fueron los responsables de diseñar el sistema electoral del que saldrían electos los propios congresistas. En este proceso era fundamental el desarrollo de los debates parlamentarios, especialmente aquellos que configuraban los contornos de la inclusión y la exclusión política. A partir de aquí, las élites políticas e intelectuales peruanas y ecuatorianas definieron las diferentes categorías políticas -ciudadanos, electores y representantes-, que dan título a esta obra. Para acceder a cada una de estas, los propios parlamentarios tuvieron que delimitar una serie de requisitos en los que entraban en juego aspectos como el territorio, el género o la raza, elementos que se cruzan en esta investigación. Además, los casos de estudio señalados se insertan en un contexto geográfico más amplio, utilizando para ello una metodología comparativa y un enfoque transnacional que permite abarcar varios niveles espaciales: el ámbito andino, el contexto iberoamericano y el espacio atlántico.

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En este capítulo, por tanto, voy a realizar un repaso de los aspectos característicos de Perú y de Ecuador en materia política, económica, social y territorial durante la segunda mitad del siglo XIX. Para llevarlo a cabo, se ha utilizado principalmente un corpus bibliográfico especializado en la historia peruana y ecuatoriana del momento, presentando así un estado de la cuestión historiográfica sobre el tema. No obstante, también se incluyen algunas referencias documentales propias, como ciertos pasquines políticos que circularon en la época e informaban sobre la situación política, artículos de prensa contemporánea, ensayos decimonónicos, correspondencia privada o algunas intervenciones parlamentarias. En definitiva, en estas páginas se trata de presentar el marco general en el que se implantó y desarrolló el sistema político liberal representativo que pretendo analizar en capítulos posteriores.

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA LIBERAL A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Como he comentado, en ambos países, hacia la fecha de 1860-1861 se inició un periodo político diferente al que se había desarrollado anteriormente. En este momento, el sistema liberal representativo implantado desde la independencia de las repúblicas se fue consolidando a través del desarrollo de una legislación que resultó ser la de mayor vigencia de la centuria –al menos, en el caso de Perú–, y que implantó los pilares básicos sobre los que se sustentaría el sistema político en la segunda mitad del siglo XIX. Medidas como la manumisión de los esclavos, la abolición del tributo indígena, la mejora de la educación pública o la amplitud de la libertad de prensa otorgaron el calificativo de «liberales» a los sistemas políticos instalados en estas fechas. No obstante, como se verá en las siguientes líneas, los elementos conservadores gozaron de un gran protagonismo en la mayor parte de la década de los sesenta tanto en Perú como en Ecuador. 3

En lo que respecta a Perú, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se dio paso a un sistema representativo liberal no democrático caracterizado por una mayor estabilidad política. Esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo, que se diferenciaba de la etapa anterior, definida por la preeminencia del caudillismo y por las frecuentes guerras civiles. En gran medida, esta nueva etapa estuvo protagonizada por un individuo, Ramón Castilla, que gobernó Perú entre 1844-1851 y 1854-1862. A pesar de su formación militar, Castilla poseía un profundo ideario republicano. Sus principios se basaban en el valor de la Constitución y de las leyes. Así, su deseo era acabar con las guerras civiles que asolaban el país en los años cuarenta, y conseguir la estabilidad política. De hecho, por primera vez desde la independencia, a partir de su mandato comenzaría un régimen político estable conocido como «Pax Andina». 4 No obstante, también se trataba de un individuo pragmático, que pensaba que la consecución de dicho objetivo solo era posible mediante la creación de un ejército nacional fuerte y cohesionado. En su opinión, mientras se lograba la paz en Perú, el país debía ser regido por una junta de militares. En este sentido, confluían en la persona de Ramón Castilla su experiencia militar y sus principios republicanos y constitucionales.

Todo esto le llevó a participar el 20 de mayo de 1843 en la Revolución Constitucionalista que se desató contra Manuel Ignacio Vivanco, al lado de su amigo y también militar Domingo Nieto. Durante este conflicto Castilla pudo demostrar sus habilidades como estratega militar y como político. Finalmente, los constitucionalistas triunfarían en la batalla de San Antonio (Arequipa). Resulta significativo que la victoria llegase precisamente en este lugar, pues uno de los objetivos de Castilla era integrar las provincias periféricas en el Estado nacional. Procedente de Tarapacá, Castilla sentía una profunda desconfianza por las élites limeñas y su política. A su parecer, era precisamente en la capital donde nacía la desunión del país. Así, una vez que hubo triunfado en Arequipa, donde asumió el mando, su próximo objetivo era la ciudad de Lima. Finalmente, los constitucionalistas vencerían en Carmen Alto el 22 de junio de 1844. Vivanco huyó a Ecuador, mientras que Castilla asumía el cargo de presidente de la república. 5 Se iniciaría así su primer gobierno, que duraría hasta 1851, y sería retomado posteriormente entre 1854 y 1862.

En 1854 Ramón Castilla sustituyó a José Rufino Echenique como presidente de la República peruana tras el triunfo de su «revolución liberal». Como ha señalado Víctor Peralta, habitualmente la historiografía ha considerado este suceso como liberal porque en él participaron intelectuales liberales como Manuel Toribio Ureta, Pedro y José Gálvez o Domingo Elías. Además, se ha puesto el acento en la consecución de medidas avanzadas como la abolición del tributo indígena o la supresión de la esclavitud, ambos acontecimientos fechados en 1854. 6 De hecho, esta revolución liberal pretendía llevar a cabo las promesas que se venían realizando desde la independencia del país en 1821: «manumitir a los esclavos, abolir las “castas”, y “liberar” a los indios del tributo». 7 No obstante, algunos historiadores, como el mencionado Peralta, cuestionan el liberalismo de Castilla y de sus seguidores, y consideran que la denominada «Revolución Liberal» se trató más bien de una «guerra civil»:

[...] el llamado ejército libertador liderado por el general Ramón Castilla apeló con éxito al principio liberal en la medida en que ello fue también acompañado de cooptaciones formales e informales de múltiples fuerzas e instituciones sociales y regionales que poco o nada tenían que ver con lo ideológico. 8

Comenzaba así el segundo mandato de Castilla, durante el cual, en 1856, se redactó un texto constitucional de tendencia liberal que, sin embargo, no convenció al presidente, pues reducía el poder ejecutivo a favor del legislativo, cumpliendo así el principio liberal de limitar el presidencialismo. De hecho, la promulgación de esta Constitución, así como otras actuaciones de tendencia liberal que tuvieron lugar durante su segundo gobierno, produjeron el descontento entre los sectores de población más conservadores que habían apoyado a Castilla durante el conflicto, produciéndose diversos levantamientos contra el presidente en algunas provincias como Arequipa o Moquegua. 9 Los años 1857 y 1858 se caracterizaron especialmente por «la coacción y la violencia en varias poblaciones de la República», e incluso algunos documentos llegan a hablar de guerra civil. 10 Todo ello, sin embargo, terminaría con un nuevo triunfo de Castilla.

En este contexto, en 1857 Castilla disolvió la Asamblea y convocó elecciones para formar un nuevo Congreso que redactara una Constitución más conservadora, alejándose desde este momento de los liberales y refugiándose en el ejército. 11 En 1858 se convocaron nuevas elecciones al Congreso, que dieron lugar a una Asamblea de corte conservador. 12 El nuevo Congreso, una vez instalado, realizaría algunas reformas de gran relevancia para el país, siendo la más importante de todas ellas la elaboración de un nuevo sistema normativo que se mantendría sin grandes variaciones hasta finales del siglo XIX lo que le convierte en el marco normativo más estable de todo el Perú decimonónico. Así, del trabajo realizado por el Congreso de 1860 surgieron la Constitución de 1860 y la Ley Electoral de 1861. La Constitución de 1860, que seguía el modelo de la Constitución de Estados Unidos de América, ha sido calificada por la historiografía como un texto profundamente conservador –es decir, se adscribía a la corriente más moderada del liberalismo–. En palabras de Graham H. Stuart, «el elemento conservador, aunque estaba dispuesto a aceptar algunos de los principios liberales de la Constitución de 1856, estaba decidido a hacer de la nueva ley orgánica un instrumento seguro para el gobierno». 13

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