Favio Farinella - El Derecho Internacional Público

La independencia de Kosovo formulada por representantes de dicho pueblo, ha sido reconocida por setenta y cinco países, pero, adicionalmente, ha sido caracterizada por la Corte Internacional de Justicia como un acto que no ha violado las normas jurídicas que componen el Derecho Internacional. No obstante, su legalidad sigue siendo cuestionada por un gran número de Estados, sobre todo por aquellos que mantienen cercanía con el gobierno serbio o por aquellos que ven en este acontecimiento un peligroso precedente que pudiera incentivar a ciertas regiones de su territorio a dar pasos semejantes. En tanto, el estatuto de Kosovo sigue siendo una tarea pendiente de la agenda internacional que dista mucho de conseguir consensos.

Bibliografía

Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion). Advisory Opinion. Fecha de consulta 23 de julio de 2010 en http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf.

Country Profiles: Kosovo, U. S. Department of State. Fecha de consulta 28 de enero de 2011 en http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/100931.htm.

Malcolm Noel, Kosovo. A short history, Harper Perennial, New York, 1999.

Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad sobre la situación humanitaria de Kosovo en http://daccess-dds-ny. un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/92/PDF/N9917292.pdf?OpenElement, consultada el 22 de noviembre de 2010.

Resolución 63. 3 de la Asamblea General. Solicitud de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia respecto de si la declaración de independencia de Kosovo se ajusta al Derecho Internacional. Consultada el 23 de julio de 2010 en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/471/00/PDF/N0847100.pdf?OpenElement.

Security Council Meetings Coverage. SC/10000, consultada el 4 de agosto de 2010 en http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc10000. doc.htm.

Troika Press Communiqué: the Baden Conference, 28 de noviembre de 2007, en http://www.ico-kos.org/pdf/TroikaBaden.pdf fecha de consulta 28 de enero de 2011.

Favio Farinella

Las vueltas de la historia fuerzan a que nuevamente se hable de la aplicación de un principio de Derecho Internacional varias veces centenario y altamente celebrado como es la libre determinación de los pueblos, al conflicto que mantienen Argentina y el Reino Unido en torno de las Islas Malvinas - Falkland Islands.

La novedad si es que la hay, es que comienzan a oírse en nuestro país ciertas voces que advierten sobre la necesidad de oír, respetar y en un crescendo, aceptar los deseos de los habitantes, mencionando que no podemos reclamar la libertad para algunos y negarla para otros. Esta posición entiende que la pretensión de soberanía Argentina sobre el territorio de Malvinas - Falkland implica como presupuesto la negación del derecho a la libre determinación de sus habitantes actuales.

No advierten estas voces que por convicción o por desconocimiento, están aceptando la última tesis elaborada por la diplomacia del Reino Unido, cuando descarta discutir el conflicto de soberanía con Argentina –típica cuestión del Derecho Internacional clásico–, reemplazándolo por una cuestión básica del DI contemporáneo: los derechos y libertades fundamentales de los actuales habitantes del territorio. Intenta así, cambiar el eje de la cuestión de un conflicto territorial hacia un conflicto humanitario, en el entendimiento que hacia el futuro será más receptiva, una posición favorable a los derechos de las personas que la opinión clásica que gira en torno de derechos de los estados.

Brindaremos razones presentes que fundamentan lógicamente la negativa rotunda a considerar a los habitantes del territorio en disputa, como un verdadero pueblo, titular del derecho a la libre determinación, conforme el mismo es reconocido por el Derecho Internacional contemporáneo.

En los cinco siglos que lleva la cuestión Malvinas - Falkland, podemos diferenciar dos etapas, definidas en torno del fundamento alegado por las partes en el conflicto. Para Argentina, lo relevante es el conflicto de soberanía. El Reino Unido ha variado su estrategia, hoy centrada en considerar la cuestión como un caso típico de colonialismo que se soluciona mediante la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos.

En 1945, la Carta de la Organización de Naciones Unidas recepta a la libre determinación como uno de sus propósitos fundantes (art. 1, inc. 2), y afirma que las relaciones pacíficas y de amistad se basan en el respeto a este principio (art. 55). La Carta ONU refiere entre sus propósitos:

‘desarrollar relaciones de amistad entre naciones basadas en el respeto de los principios de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.’.[220]

En tercer lugar, la Carta ONU recepta en el capítulo XI una Declaración Relativa a territorios no autónomos.

En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma el principio en su Preámbulo: ‘Los Estados Miembros se han comprometido a asegurar (sic) el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre’; y también en su articulado. El art. 2 postula el compromiso de la comunidad internacional de no efectuar distinciones fundadas en condiciones políticas, jurídicas o internacionales del país o del territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, añadiendo que el principio es aplicable tanto se trate de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

En 1966, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto I) como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto II), se suman al reconocimiento del principio, ambos en sus Artículos 1, donde proclaman que en virtud del mismo ‘los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural’, comprometiéndose cada estado parte a promover su ejercicio.

La Asamblea General ONU, mediante la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (Resolución 1514 - XV-1960),[221] afirma: ‘Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.’.

La CIJ se ha referido específicamente a la Declaración como ‘un importante paso’ en el desarrollo del DI en relación con los territorios no autónomos y como ‘base del proceso de descolonización’.[222] Algunos autores llegan a interpretar la Declaración como una interpretación autorizada de la misma Carta ONU.[223] Se afirma[224] que esta Resolución marca el tránsito desde el principio de libre determinación a un verdadero derecho de auto-determinarse en cabeza de los pueblos. A partir de la misma, la ONU solicita a los estados miembros que indiquen las posesiones coloniales que estaban dispuestos a descolonizar. El Reino Unido al efectuar su presentación, incluyó en la lista de territorios que se obligaba a descolonizar, a las Malvinas - Falkland.

Tras el llamado Alegato Ruda, en el contexto del Comité de Descolonización, y considerando los informes del Comité que afirmaban la existencia de un conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino unido, se dicta la Resolución 2065 (XX) que refiere específicamente la cuestión Malvinas-Falkland, sentando varios puntos importantes para el devenir de la cuestión: