Francisco Espinosa Maestre - Guerra y represión en el sur de España

Rosario Jiménez Maqueda, una joven viuda de 32 años que regentaba otro prostíbulo, declaró que efectivamente la noche del 15 de febrero estuvo en su casa el Cagarrache y que ella fue testigo de cómo lo sacó la Guardia Civil y fue golpeado en la calle con un vergajo.

En los primeros días de abril volvió a prestar declaración el cabo Cristóbal Carranza Galván. Hubo de recordar nuevamente en qué circunstancias fue detenido en la noche del 9 de febrero Antonio Fernández Brajones. Dijo que todo partió de la denuncia de un tal José al que apodaban Mentiras frescas o Pepe Mentiras , quien estando repartiendo propaganda electoral por las casas de prostitución fue agredido por El Apache (Fernández Brajones) y por otro conocido por El Pernales, motivo por el que fueron detenidos los dos agresores, entregándose al juzgado el atestado instruido. Sobre los sucesos del 17 de febrero recordó que si actuó fue a instancias del delegado gubernativo, quien lo llamó para que controlase a un grupo de manifestantes que habían tenido problemas con los municipales. En cuanto a los malos tratos lo negó todo tajantemente.

El instructor Morín Clemente elevó el informe definitivo al auditor de la I División, Constante Miquélez de Mendiluce y Peciña, el día 15 de abril, poniendo en evidencia las diferencias existentes entre las denuncias iniciales y las declaraciones posteriores, y las contradicciones entre unos y otros, caso de Durán Dopino y García Morán. Según el instructor, los malos tratos, sin testigos y sin informe médico, no podían probarse. Añadía que de haber sido tan grave la paliza hubieran requerido por fuerza asistencia facultativa y que no dejaba de resultar significativo que la denuncia hubiera sido hecha dos meses después y tras la victoria electoral del sector político al que pertenecían los denunciantes. No obstante, el instructor apreció una falta leve en el cabo Carranza por haber conducido a los detenidos a la Casa Cuartel, lo que estaba prohibido por la Inspección General de la Guardia Civil precisamente para evitar que ocurrieran hechos irregulares. Actuó en favor de Carranza Galván el llevar veinte años de servicio sin nota desfavorable. Con la denuncia de Fernando Rubio Pastor Cagarrache se plantearon idénticas dudas, siendo relegadas al olvido las declaraciones de quienes presenciaron la agresión. Del testimonio más directo, el de Rosario Jiménez Maqueda, decía el informe que era imposible que la Guardia Civil golpease con un vergajo al detenido ya que dicho cuerpo

no usa tales armas coercitivas, y muy bien pudo ser que por el estado de embriaguez en que se encontraba Rubio, le propinaran los guardias algún empujón con fusiles o cuchillos bayonetas envainados y a ella le pareciera vergajo, por ser de uso reglamentario en el Cuerpo de Asalto, que en sus servicios ha frecuentado aquella localidad, donde ha permanecido temporadas relativamente largas.

Por ello Morín afirmaba que los guardias Ramos, Carrasco, Belmonte, Franco y González «no dieron al detenido el trato considerado a que estaban obligados por el artículo ciento setenta y dos de la Cartilla del Guardia Civil» y además no debieron detenerle, ya que el problema inicial, la discusión con una de las muchachas en una casa de citas, carecía de importancia. Por todo ello, los cinco guardias podían ser sancionados.

La denuncia de Manuel García Conejo, en la que estaban implicados los guardias municipales Matamoros Sayago y Carrillo Santos, tampoco se podía probar al no existir ni testigos ni informe médico. Igual ocurría con la de Antonio Fernández Brajones. Finalmente, respecto a la denuncia de Pedro Godoy Rubio, José Romero Pintor, Francisco Dávalos Tortonda y Fernando Sáez Salamanca, los del emblema comunista, la única falta que veía el instructor era la de no haber comunicado el hecho a sus superiores.

El informe no dejó de reflejar que el único incidente por el que había sido corregido el cabo Carranza no había sido objeto de denuncia. De cualquier forma el instructor Morín estaba convencido, y así lo expuso, de que lo que se dilucidaba en el fondo no era un problema de malos tratos, sino una cuestión política tramada en el pueblo y canalizada por la Federación Socialista de Madrid. Pese a todo aconsejaba que tanto el cabo Carranza como los restantes guardias, salvo uno que había estado de baja en ese tiempo, fuesen trasladados a otra localidad. El informe del instructor fue recibido en Madrid el 21 de abril de 1936.

Algo debió de parecer mal al auditor Miquélez de Mendiluce cuando a comienzos de mayo se iniciaron nuevas diligencias, designándose para su instrucción al capitán de Infantería Olegario Briones Fernández y como secretario al sargento Francisco Esteban González. Es posible que en tal decisión influyera la escasa fiabilidad que para algunos pudiera tener la pertenencia a la Guardia Civil del anterior instructor; también puede, y parece más probable, que el auditor considerara «excesivo» el informe del alférez Morín Clemente. El 11 de mayo prestó nueva declaración Juan Durán Dopino, para entonces guardia municipal y vecino del número 29 de la calle general Prim, quien ahora redujo el número de horas pasadas en el Depósito Municipal de ochenta y dos a cuarenta y tres, mencionando de paso la reyerta que dio origen a la detención. Cuando se le preguntó que cómo no acudió a un médico tras la paliza o por qué no puso una denuncia ante el juez municipal, pese a haber pasado por el juzgado cuando salió del depósito, afirmó que temía ser castigado en cuanto el hecho fuera conocido por la Guardia Civil, de la que aseguró que usaba vergajos. Ese mismo día el juez instructor ordenó un careo entre Durán Dopino y Fernando Rubio Pastor, confirmando ambos haber sido testigos respectivos de los malos tratos sufridos.

Rosario Jiménez Maqueda se reafirmó en su testimonio anterior, citando a otra testigo de nombre Antonia. Esta, Antonia Lancharro Perera, de 25 años y natural de Real de la Jara (Sevilla), vivía en la calle Mendizábal. 12 Dijo al instructor que podría reconocer al guardia civil que aquella noche de febrero maltrató a Rubio Pastor ( Cagarrache ) con una goma en el poyete de su casa después de sacarlo a la calle. Recordó que fue ese mismo guardia el que golpeó a otro cliente que finalmente se escabulló hacia el corral y luego se fue. Otras mujeres que también debieron declarar ante el instructor fueron Josefa Sánchez Rosas y una tal Manolita, que presenció la paliza dada a Fernando Rubio Pastor y lo comentó a otras vecinas, como la mencionada Josefa. Practicado un reconocimiento en el cuartel, Antonia Lancharro reconoció a Joaquín Ramos Rodríguez como el que golpeó a Rubio. En careo posterior, en clara maniobra de confusión, el guardia Ramos afirmó que media hora antes de los hechos había visto a Antonia en estado de embriaguez en la otra punta del pueblo. Pero esta se reafirmó en su declaración.

Fue Ramón Marcos Claro, segundo teniente de alcalde, el que el día 12 de mayo certificó al instructor las horas pasadas por los detenidos en el Depósito Municipal: Fernando Rubio Pastor, tres cuartos de hora; Juan Durán Dopino, cuarenta y cuatro horas, y Antonio Fernández Brajones, sesenta y seis horas.

Uno de los que fue llamado a declarar ahora fue el juez municipal Joaquín Viñeta Pons, de 51 años y que en esos días vivía en Mérida, quien dijo no recordar detalles por el tiempo transcurrido y por estar alejado del juzgado con motivo de una baja por enfermedad de noventa días, aunque desde luego afirmó que no apreció lesión alguna en Durán Dopino, García Durán y Fernández Brajones cuando fueron a declarar, ni estos dijeron nada sobre malos tratos, ya que de haber sido así hubiera ordenado de inmediato el obligado reconocimiento facultativo. Cuando fue llamado a declarar el cabo Cristóbal Carranza Galván, se informó desde el propio cuartel de Villafranca que se encontraba prestando servicios en Sotrondio, cerca de Langreo; los demás guardias seguían en el pueblo. Finalmente, a mediados de mayo, el cabo Galván ofreció su testimonio en Badajoz, en el cuartel del Regimiento Castilla, ante el sargento Francisco Esteban González. Para entonces, y contra todo pronóstico, ya había vuelto a Villafranca como cabo comandante del puesto de la Guardia Civil. Una vez más Carranza Galván se reafirmó en todo lo dicho y volvió a negar cualquier posibilidad de malos tratos.