Francisco Espinosa Maestre - Guerra y represión en el sur de España

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La presente obra ofrece un amplio panorama sobre las consecuencias del golpe militar del 18 de julio. Con los trabajos que contiene se pretende mostrar qué fue en la práctica la destrucción de la República a través de algunos hechos ocurridos en el suroeste a partir de las elecciones de febrero de 1936, prestando especial atención al destino de los alcaldes republicanos; romper mitos asentados sobre la implantación de los golpistas, especialmente en torno al gran foco sevillano de Queipo o a la ocupación de Badajoz, y ofrecer algunas claves sobre los estragos que un golpe militar, una guerra y una larga dictadura han causado en nuestra memoria colectiva y que llegan hasta nuestros días. Cada vez parece más claro que la lucha de memorias que vivimos desde hace unos años solo concluirá a base de historia y de adecuadas políticas de memoria que socialicen esos conocimientos.

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Sobre la tercera denuncia

La siguiente declaración fue la de Manuel García Conejo, repartidor de pan de 42 años y concejal del Ayuntamiento tras las elecciones de febrero. Contó al instructor lo ocurrido en cierta noche de enero en la que fue sacado de su casa a las once y media de la noche por dos guardias municipales, uno de ellos conocido por Montero y otro por el Cano Matamoros, quienes le llevaron al cuartel de la Guardia Civil. Ya allí se sentó en un banco, «y estando vuelto de espaldas recibió un culatazo en el hombro izquierdo que se lo dio el referido guardia de puerta, único que allí había; volvió la cara y le preguntó que por qué le castigaba contestándole que si hablaba una palabra más le rompería la cabeza». Luego llegaron más guardias y el cabo Carranza, al que preguntó si alguna vez había habido alguna denuncia contra él, a lo que el cabo negó y le dijo que se fuera a casa. García Conejo confesó al instructor que si el cabo Carranza hubiera estado allí nadie se hubiera atrevido a golpearle. Declaró no haber denunciado el hecho «por no creer que le harían justicia» y reconoció haber separado a Juan Durán Dopino y a otro cuando, borrachos, se peleaban.

Sobre la cuarta denuncia

Antonio Fernández Brajones, zapatero de 23 años hasta su nombramiento como guardia municipal el día 11 de marzo, recordó que sobre las 11 del día 9 de febrero se peleó con Pepe Mentiras por haber derramado este una copa de aguardiente que iba a beber. Reconoció que en el estado en que se hallaba no recordaba gran cosa, pero que sobre la una de la noche se presentaron en su casa varios guardias civiles y municipales y que se lo llevaron a la cárcel entre insultos y golpes. De allí salió a los cuatro días, pero no fue al médico por carecer de dinero.

Sobre la quinta denuncia

Pedro Godoy Rubio, otro zapatero de 19 años, dijo al instructor que cuando el día 1 de marzo paseaba por la calle Comercio (Larga) cantando con unos amigos se les acercaron dos guardias civiles, les arrebataron una insignia comunista que llevaban y les amenazaron con pegarles. Añadió que unos días después, yendo en iguales circunstancias, vino hacia ellos el cabo Carranza, les ordenó callarse y dio una bofetada a Antonio Dávalos y otra a Severo Campiñé , cacheándolos a ellos y a José Zapata. En cuanto a las otras denuncias enviadas a Madrid, declaró no haberlas presenciado. José Romero Pintor, jornalero de 18 años, declaró en el mismo sentido, aunque matizó que fue pasando ante el Centro, en la plaza de la República, y mientras animados cantaban Mandará Azaña , cuando salió de allí el cabo y se les encaró. Francisco Dávalos Tortonda, carpintero de 18 años, soltero, testificó el día 24 de marzo. Confirmó lo dicho por el anterior, añadiendo que el guardia que les quitó la enseña comunista la arrojó a un tejado y que el cabo abofeteó a su hermano Antonio y a otro amigo. Fernando Sáez Salamanca, albañil de 20 años, corroboró lo anterior, añadiendo que al poco rato se encontraron con Manuel Borrego Pérez, quien al contarle lo ocurrido los animó a que lo denunciaran en el Ayuntamiento, cosa que hicieron al día siguiente.

Otros testimonios

El siguiente declarante fue el encargado del Depósito Municipal en enero del 36, Antonio Hernández López, de 45 años y ahora obrero del campo. Se acordaba de la llegada de Durán Dopino y García Morán, y de que por orden del juez municipal quedaron unos tres días encerrados. Añadió que ambos individuos habían pegado a un hermano suyo esa noche. De Antonio Fernández Brajones no pudo precisar nada sobre su ingreso pues había pasado dos veces por la cárcel durante esos meses. Finalmente declaró que nadie había pasado más de tres días en el depósito, ya que cumplido ese plazo se trasladaba al preso a Almendralejo y se ponía a disposición del juez de instrucción.

El 24 de marzo, en relación con el caso de Rubio Pastor, prestó declaración Josefa Sánchez Rosa La Gabardina , de 35 años. Negó que en su casa hubiera ocurrido nada en la noche del 15 de febrero, indicando que había sido en otra cercana.

Álvaro Ruiz Merín, de 35 años, cabo de la Guardia Municipal antes de las elecciones y ahora bracero, reconoció haber acompañado al cabo Carranza y a otros dos guardias en la detención de Antonio Fernández Brajones, negando que en momento alguno este hubiera sufrido malos tratos. Por su parte, José Matamoros Sayago, otro ex guardia municipal de 57 años, ahora zapatero, recordaba haber detenido por orden del cabo y en unión de su compañero Juan Luna Santos a Manuel García Conejo, al que condujeron al cuartel de la Guardia Civil. Matamoros dijo no recordar ni la fecha ni quién era el guardia de puerta en el cuartel.

La instrucción subió de tono cuando el mismo día 24 el alférez Morín Clemente tomó declaración al cabo de la Guardia Civil Cristóbal Carranza Galván, 11 de 36 años de edad. Situó el punto de partida de los hechos ocurridos en enero, en la denuncia realizada a media noche por Santos Hernández López, quien estando tomando un café en el kiosco de El Bandurrio, uno de los de la plaza de la República, fue agredido con vergajos por Durán Dopino y García Morán. Debido a ello el cabo ordenó la detención de estos y su conducción al cuartel. Sobre los sucesos del 15 de febrero, Carranza afirmó que «salió a realizar cacheos en virtud de órdenes recibidas de la superioridad» y que una llamada de una casa de prostitución los condujo allí con objeto de detener a un borracho apodado El Cagarrache, quien no dejaba tranquila a una de las muchachas, y que una vez llevado a su presencia lo dejó irse a casa. De Manuel García Conejo dijo simplemente que lo dejó marchar al comprobarse que nada tenía que ver con lo ocurrido en el puesto de El Bandurrio. Sobre el suceso de la calle Comercio del 1 de marzo afirmó que nada sabía y que fue unos días después, al salir del cine instalado en el Centro, cuando al ver a un grupo de mozalbetes escandalizando por la calle los mandó callar, suceso que le acarreó un arresto correctivo impuesto por el jefe de línea. Efectivamente, cuando el instructor quiso ampliar este extremo, se le informó desde la Comandancia de Badajoz en el sentido de que «por haber reducido al silencio a unos paisanos que iban cantando y no le obedecieron cuando les mandó callar», hecho presenciado por el alcalde sobre las 10 de la noche del 15 de marzo, le fueron impuestos ocho días de arresto.

Antonio Dávalos Tortonda, alarife de 21 años, recordó este último hecho de manera diferente. El cabo, efectivamente, los mandó callar, pero Dávalos, al mirar atrás, vio cómo el guardia civil golpeaba a uno de los amigos; entonces el guardia se le acercó y le dio dos bofetadas. Luego todos siguieron hacia el Cine España y se encontraron con Manuel Borrego, quien les dijo que lo había visto todo y que se pasaran por el Ayuntamiento al día siguiente.

También declararon los guardias. Joaquín Ramos Rodríguez, el que detuvo a Fernando Rubio Pastor Cagarrache , declaró que todo se debió a una llamada telefónica por la que se les avisó de que en el prostíbulo de Ángela García Angarre, en la calle Enramada, andaba el mencionado Cagarrache «maltratando a las pupilas», concretamente a Josefa Sevillano. De lo demás poco pudo testimoniar pues, como dijo, pasó diversas noches pernoctando con otro compañero en la finca Las Bodegas. En el mismo sentido, y negando toda posibilidad de maltrato a los detenidos, declararon Victoriano Carrasco Delgado, guardia de puerta la noche de la detención de García Conejo; Juan Carrillo Santos, Guzmán Belmonte Matos, Pascual González Montes, Ildefonso Melo Ortiz, Ricardo Bozano Ros, José Rodríguez Romero y José Franco López. Solo el guardia González Montes reconoció haber intervenido en el suceso de la calle Comercio, pero responsabilizó de los hechos a su compañero José Franco López, que fue quien quitó a los jóvenes el palo con el emblema de lata y lo arrojó al tejado de la casa de Francisco Vara. Por su parte, Franco López añadió que les quitaron el emblema para evitar que cortaran a alguna de las muchachas a las que gastaban bromas con él.

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