Luis Negró Acedo - Génesis del ideario franquista o la descerebración de España

Avanzando en el tiempo, después de haber descalificado a Sanz del Río, a su filosofía y, a pesar de lo que se afirma en el artículo, a sus no muy afortunados intentos de puesta en práctica, Artigas va a atacar al más notable y conocido de sus discípulos, que no podía dejar de desacreditar individualmente, por ser el fundador de la Institución Libre de Enseñanza: Francisco Giner de los Ríos, hombre calificado siempre de nefasto por su «desprecio o poco aprecio a la cultura tradicional», es decir a la cultura basada en el catolicismo.

Contra la «influencia difusa» que esas ideas estaban teniendo en la sociedad española, se había levantado el que para el franquismo será una suerte de gigante intelectual capaz de demostrar con su sabiduría esas ideas; una especie de genio benéfico, como en los cuentos, que sirve además de escudo, o de muralla defensiva contra todo lo que no sea el catolicismo: Marcelino Menéndez y Pelayo, a la obra «ingente» del cual, según Artigas, «es preciso volver ahora [1940] para tomar pie y alientos en la presente cruzada patriótica» (tendremos ocasión de volver sobre tal obra).

El texto sigue constatando la influencia de los institucionistas en la sociedad española, quienes, según el autor, «con sutiles y engañadoras artes han hecho cundir un indiferentismo religioso que ha asfixiado el pensamiento español, con ciencia importada sin espíritu español ni católico». Aquí la acusación roza el ámbito de la brujería –sutiles y engañadoras artes–, lo que se ajusta bien a los métodos inquisitoriales que empleaba el franquismo contra sus enemigos. Y el artículo termina con «casi habían ahogado el alma España. Que ahora anhela respirar aires que la tonifiquen». Para combatir esa influencia difusa y suprimir todo lo que pueda suponer un obstáculo a la respiración de la que habla Artigas, se escriben las alrededor de 250 páginas de los 19 artículos que siguen, cuya agresividad y despropósito está en relación directa con la dificultad de erradicarla, porque ha llegado a lo más profundo de la cultura. 9

Delimitado así el ámbito en que se estructura y desarrolla el institucionismo, cada uno de los trabajos que siguen va a tomar un aspecto o una parcela de ese ámbito para intentar, más que destruirlo, porque el resultado de la guerra civil ya ha acabado con sus organismos y sus hombres, desacreditarlos ante los grupos sociales cultivados del país, en particular en la universidad, ya que la mayoría de los firmantes de los artículos son catedráticos y profesores. Entre ellos encontramos al presidente y al secretario de la Comisión de Depuración universitaria establecida en Zaragoza: los catedráticos Antonio de Gregorio Rocasolano, y Cándido Ángel González-Palencia Cabello.

Rocasolano, vicepresidente, además, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, colabora con dos artículos; el primero, «La Táctica de la Institución», 10 es en realidad el preludio del segundo. Como para Artigas, para Rocasolano la labor de la Institución estaba «dirigida a desarticular nuestra propia cultura, atacándola en su base religiosa», y ello, dice, desde el Ministerio de Instrucción Pública, creado a principios del siglo XX, donde los institucionistas se habían introducido y desde donde regían la educación, aplicando una política partidista. En la pluma de un hombre encargado de dirigir la depuración de los profesores universitarios que no pensaran como quería la dictadura que había resultado de la guerra civil, la congruencia de tal afirmación es difícilmente aceptable; pero nos encontramos ante un sistema de ideas en el que lo primordial no es pensar o expresarse con la más mínima coherencia, o dentro de las normas básicas de la honestidad intelectual; la solidez de las afirmaciones no necesita ningún tipo de prueba, están refrendadas por la «verdad suprema de la religión católica»: todo lo que no está dentro de esa verdad es error, luego el ataque a ese error se hace forzosamente desde la verdad. Rocasolano continúa por ese camino, adentrándose ahora en la acusación de corrupción. Durante la República, escribe, la Institución «llegó a ser la entidad que, sin responsabilidad legal de gestión, disponía de todos los resortes de mando de la enseñanza», lo que le permitía, para el reclutamiento de profesores, realizar «oposiciones vergonzosas [...] con apariencia de legalidad», distribuir entre sus partidarios «cargos en congresos científicos, relaciones culturales, etcétera», y todo ello, «abonado copiosamente por el Presupuesto Nacional». Y a grandes males grandes remedios, parece decirnos el autor: «tales actuaciones hubieran producido males irreparables a nuestra Patria, si no se realiza el Gloriosos Levantamiento militar, salvador de España».

Pero eso es el pasado, para el futuro el autor propone que la influencia difusa de la Institución se combata impidiendo que «las Logias masónicas no puedan actuar sobre el Ministerio de Instrucción Pública», haciendo que los hombres como él opongan «a la funesta táctica internacionalista de la Institución una labor cultural de honda raíz española», al «servicio de Dios» y de «la España inmortal», «alejada de toda política de partido». La última afirmación nos pone una vez más ante un lenguaje cuyo referente no es el que aparentemente designa, ya que Rocasolano pretende ignorar con él una evidencia, a saber: que su texto se inscribe en un contexto en el que la política del partido fascista español, la Falange, al menos nominalmente, es el patrón por el que todo se mide. Más allá de la condena a la Institución por internacionalismo o laicismo, hay una acusación aquí cuyo alcance supera la mera condena discursiva o textual; los institucionistas son calificados de masones, calificación que aparecerá una y otra vez en los textos que componen el libro. Ahora bien, acusar a alguien de masón en la España de 1940 es pedir que se le aplique la ley contra la masonería y el comunismo, promulgada el 2 de marzo de ese año, que castigaba a los masones y comunistas con penas de cárcel, con la obligación de efectuar, en los dos meses a partir de su promulgación, «una declaración-retracción ante el gobierno, para que la administración investigue si ha habido o no excusa absolutoria para la persona que la presente. En caso negativo, se la apartará definitivamente de cargo o función pública». 11 La intención es clara: no solamente hay que separar a los profesores institucionistas de sus cátedras, hay que meterlos en la cárcel, o bien desacreditarlos ante sus posibles alumnos haciendo que se retracten de sus ideas.

El segundo artículo de Rocasolano, «La investigación científica acaparada y estropeada», 12 nos va a llevar al verdadero referente de su hiperbólico y contundente discurso. Aquí no será la educación en general, sino, como el título indica, de la investigación científica, y la acusación se dirigirá particularmente a la Junta de Ampliación de Estudios, acusada asimismo de disponer del erario público para sus fines, como hemos visto anteriormente. Lo que es en este texto significativo, es que va a desvelar los verdaderos motivos de esas encendidas acusaciones. La cita es un poco larga pero explica perfectamente lo que subyace bajo el discurso de la religión y de la España eterna: envidias y odios personales.

Mi laboratorio de Investigaciones no tenía todavía existencia oficial hace unos veinte años, pero de hecho existía desde 1902, practicando una labor modesta, pero propia. Un día se vio agasajado con la visita del señor Castillejo, secretario y animador de la Junta para Ampliación de Estudios; conversamos un rato y le hablé de los temas que por entonces estudiaba, y me decía que los jóvenes que quisieran hacer estudios de Bioquímica en el Extranjero debían estar previamente un curso en mi laboratorio, y así después aprovecharían mejor las enseñanzas que podían recibir fuera de España.