Gustavo Zaragoza Pascual - Crónica del bienestar en tiempos de malestar

Del mismo modo que el desfile de la señora Chacón como ministra de Defensa supuso un importante icono por la igualdad y, por supuesto, dando por hecho que el nombramiento del señor Oliart está vinculado exclusivamente con su valía personal y profesional demostrada a lo largo de los años, no podemos dejar de lado que el importante cargo asumido pasados los ochenta supone un referente para las personas mayores. Precisamente por todo esto están fuera de tiesto los comentarios de reprobación que se han efectuado, que en Europa ya se identifican como «ageism», o lo que es lo mismo, discriminación por razón de edad. En el norte y centro del continente se está tomando muy en serio esta forma de crítica y empiezan a adoptar medidas para combatir esta injusticia. Así que, bienvenido sea el nuevo responsable de la radiotelevisión pública española y más vale que nos vayamos acostumbrando a este tipo de cosas, que van a seguir pasando porque afortunadamente los mayores son muchos, cada vez más, están sobradamente preparados y dispuestos a demostrar su compromiso con la vida de manera clara y evidente.

El Síndic Y la dependencia

6.10.2009 |

Una vez más y van... el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia. Nada menos que el 47% de las quejas presentadas tiene que ver con la gestión ineficaz de una ley que, supuestamente, debería ser prioritaria para cualquier Gobierno que realmente fuera sensible a lo que pasa en las vidas cotidianas de sus ciudadanos. Sensible ante personas mayores que necesitan cuidados y que carecen de recursos para ello; familias, en plena crisis económica, que se están endeudando para pagar los gastos de una residencia, un centro de día o una cuidadora en el domicilio de personas dependientes que, con la pensión que cobran, les resulta absolutamente insuficiente para atender a sus necesidades. Resulta extraña la forma en que, de manera reiterada, el Gobierno de la Comunitat acepta estos tirones de oreja del Síndic, sin sonrojo. El informe es una llamada de atención que no va acompañada de sanción, únicamente muestra la evidencia de incompetencia y falta de sensibilidad ante los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. Sí, hay mucha costumbre entre la clase dirigente de utilizar «lo que preocupa a los ciudadanos» para despejar a córner cuando les hacen preguntas incómodas o molestas, pero difícilmente podrán justificar estos evasores de la responsabilidad que la dependencia y sus consecuencias no preocupan a cada uno de los más de 150.000 valencianos que la están sufriendo, a sus familiares, y a todas aquellas personas que nos parece que se debería poner toda la maquinaria de la Administración al servicio de aquellos que más lo necesitan y además lo pagan con sus impuestos, no es un regalo, una dádiva, estamos hablando de prestaciones de derecho que se están incumpliendo. De momento, están anunciando esta falta de interés instituciones como el Síndic, pero seguramente no van a tardar en aparecer sentencias judiciales que, en este caso sí con sanción, condenen una mala praxis de los responsables del desastre por no atender debidamente aquello que realmente preocupa a los ciudadanos, y en este caso, la frase no es un latiguillo evasor.

Dependencia, unanimidad

25.05.2008 |

Una de las principales consecuencias que se han suscitado con la puesta en marcha de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en la Comunitat ha sido la aparición de un importante conflicto en el seno de la sociedad valenciana. El desarrollo de la norma ha venido acompañado de denuncias, concentraciones, manifiestos y opiniones muy discrepantes acerca de cómo se viene gestionando este tema por parte del Gobierno de la Generalitat. En sociedades desarrolladas como la nuestra no es extraño que se produzcan cruces de intereses enfrentados entre partes que provocan una visión absolutamente encontrada de una misma realidad. Estas discrepancias se escenifican a través de declaraciones contradictorias, actos reivindicativos e incluso mediante cruce de denuncias en los tribunales. Ahora bien, en lo que hace referencia al cabreo suscitado por el caso que nos ocupa, las dos posiciones enfrentadas están muy delimitadas: por un lado, se encuentra la Administración valenciana, y por el otro, se produce una absoluta unanimidad en su contra. Todas las voces interesadas han lanzado una misma denuncia: la falta de eficacia es un clamor recogido por asociaciones de discapacitados, sindicatos, colegios profesionales, universidades. La única voz discrepante es el propio Gobierno valenciano, que no ofrece explicaciones y se enroca en un discurso de negación de la realidad. Resulta bastante evidente que si el conjunto de los directamente afectados por la ley están manifestando esta disconformidad mediante concentraciones, demandas judiciales, manifiestos y denuncias públicas, algo no está funcionando de la manera adecuada, especialmente si tenemos en cuenta que nos estamos refiriendo a personas y grupos con enormes limitaciones y escasos recursos; por tanto, adquiere una especial relevancia el manifestar una opinión en contra del poder establecido. La excusa del cruce de intereses no es válida en esta ocasión, especialmente porque una de las partes enfrentadas tiene como obligación el cumplimiento y la aplicación de todas las leyes, le gusten más o menos. La actitud que ha mantenido hasta ahora la Conselleria de Bienestar ha llevado a un estado permanente de reacción por parte de los afectados. El pasado día 16 tuvo lugar una manifestación por las calles de Valencia para denunciar, una vez más, lo que está ocurriendo. Parece llegado el momento de que en el Gobierno valenciano se paren a valorar si la opinión de todos se puede ignorar y sería conveniente reconocer los errores, atender las demandas, cambiar su talante prepotente que no beneficia a nadie y ofrecer respuestas a las personas dependientes, que lo están pasando muy mal y requieren prestaciones que hasta ahora no están llegando, o lo están haciendo con un enorme retraso. Lo peor de todo es que el leitmotiv de la reclamación es algo que debería ser una prioridad para el Gobierno de la Generalitat.

La dependencia en cifras

4.02.2009 |

Resulta ocioso e incluso aburrido el debate acerca del desarrollo de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana. Por ese motivo y para evitar interpretaciones interesadas, recomiendo la realización de un ejercicio bien sencillo. Consiste en visitar la página web de la Secretaría de Estado de Política Social, en la cual se encuentran reflejadas las cifras oficiales facilitadas por las distintas comunidades autónomas. Los datos publicados nos ofrecen numerosos elementos de inquietud a los valencianos: una primera cuestión a considerar es el escaso interés que ha suscitado una ley tan importante como ésta entre la población valenciana. Las demandas efectuadas no ofrecen lugar a dudas: mientras que la media estatal de solicitudes, en relación a la población total, se encuentra en el 1,62%, las realizadas en Valencia están muy por debajo, concretamente el 0,7%, señal inequívoca de que algo está fallando en la difusión y sensibilización acerca de la importancia de la ley. Estos datos no hablan muy bien de la Conselleria de Bienestar Social, responsable de la implantación de las distintas prestaciones y por tanto de la información a los posibles dependientes.

Otro dato que hay que considerar es el del número de demandas resueltas. En el conjunto del Estado español se ha dado respuesta a un 1,32% del total de la población, mientras que en la Comunitat Valenciana únicamente se ha podido llegar hasta el 0,6 %. Una vez más los datos nos sitúan en la cola en cuanto a la eficacia e implicación del Gobierno autonómico a la hora de poner en marcha esta importante prestación social. Pero existen más elementos para la preocupación si analizamos el apartado de prestaciones reconocidas en el último balance, perteneciente al mes de enero de 2009. Este nos indica que el servicio de teleasistencia lo tienen reconocido, entre otros, 8.559 dependientes andaluces o 2.008 del País Vasco, mientras que, en la Comunitat Valenciana, la cifra que aparece en este mismo casillero es 0.También son destacables las cifras referidas al servicio de ayuda a domicilio. En este caso, la comparación es igualmente negativa para la Conselleria de Bienestar Social que reconoce no haber concedido ninguna, es decir, cero otra vez, mientras que, por poner algún ejemplo, Andalucía ha reconocido 24.801, El PaísVasco 4.384 y Cataluña cerca de 3.000.En el único apartado en el que la Comunitat se encuentra por encima de la media estatal, es el de los centros residenciales, circunstancia que hace pensar acerca de una gestión cautiva de aquellos dependientes que ya estaban atendidos en residencias públicas a quienes de oficio se les ha tramitado un servicio del cual ya se estaban beneficiando, mientras que las familias que siguen con el problema y realmente lo necesitan continúan sin recibir una respuesta sumamente necesaria.