Lorenzo Antonio Bonilla Ballesteros - Protección de los animales en Colombia

La primera gran línea gira en torno a un cierto antropocentrismo o soberanía humana sobre el mundo animal. De esta derivan la histórica cosificación2, la compasión humanitarista3 y el más contemporáneo bienestarismo antropocéntrico4. La cosificación representa al otrora tradicional modelo que llevó a la relación de subordinación de los animales como cosas sometidas a la voluntad y el patrimonio del hombre, visión recogida en prácticamente todas las codificaciones de los contextos jurídicos románico-germánicos. La compasión humanitarista predicó la existencia de deberes si bien no directos con los animales, sí indirectos con la propia humanidad, los cuales exigen conmiseración para evitar su padecimiento; esta idea fue muy consultada por los penalistas de la tradición germánica. Por último, el bienestarismo antropocéntrico contemporáneo considera la protección animal como una consecuencia de la ampliación del ámbito de protección del Estado de bienestar (liberal), en el cual deben establecerse unos mínimos humanitarios que eviten el sufrimiento en relación con el beneficio obtenido del animal, una idea que predomina en el ámbito de las políticas públicas y el sacrificio de animales para el consumo.

La segunda gran línea procura el descentramiento del hombre como medida de todas las cosas y gira en torno a posturas ecologistas o a la introducción de una nueva noción de “zoopolítica”. De esta se derivan la sustentabilidad, el equilibrio y la armonización con los animales5, el bienestarismo no especista6, el reconocimiento de derechos7 y su muy cercano abolicionismo8.

La sustentabilidad ecológica, tal vez la línea menos popular y a veces en pugna con algunos movimientos animalistas contemporáneos, demanda la conservación de la diversidad biológica (y con ella, la de los diferentes animales) dentro de los límites de los ecosistemas y la consecuente necesidad de elaboración de instrumentos de protección. El bienestarismo no especista persigue la idea de reconocer en el animal a un tipo de sujeto (jurídico) cuyas expectativas de existencia y no padecimiento propias de su especie merecen protección autónoma, aun cuando no se opone a la obtención de beneficios de los animales, por ejemplo, en pruebas médicas. Por su parte, el reconocimiento de derechos y el abolicionismo buscan ir más allá del mero alivio del sufrimiento causado al animal y abogan por que estos sean considerados como sujetos morales con personalidad, lo cual les concede estatus y entidad propia, y evita todo tipo de relación de explotación o dependencia en favor del hombre. Este último supuesto abarca también proyectos por la inclusión de los animales en teorías de la justicia9.

Ahora bien, lo anterior no implica que estas últimas propuestas no afronten serias críticas, sobre todo tratándose de su aterrizaje en el ámbito jurídico. Y es que más allá del bienestarismo, la materialización del reconocimiento de derechos para los animales afronta grandes retos en materia de practicidad. Juristas de renombre internacional han expresado ya sus reservas10 y tanto su titularidad como su justiciabilidad aún suelen poner en serios aprietos a los tribunales alrededor del mundo11. Esto permite entrever cómo el debate no solo debe mantenerse en el plano abstracto, sino que también ha de procurarse su aterrizaje en el plano forense y empezarse así a formular soluciones para cada contexto.

En cuanto al sistema normativo colombiano, bien puede decirse que este fue “cosificador” durante larga data12. Sin embargo, este paradigma varió en razón a dos hitos normativos. Aunque con algunos antecedentes importantes13, lo cierto es que el Estatuto de Protección Animal (epa) de 198914 y la Ley 1774 de 201615 constituyen la base del nuevo paradigma en Colombia en lo que a protección de los animales se refiere. El epa instauró los criterios de protección contra el sufrimiento y el dolor, enunció algunos deberes para con los animales, instituyó contravenciones contra el maltrato y reguló algunos aspectos del sacrificio de animales, el uso de estos en experimentación e investigación, el transporte, la caza y la pesca. La Ley 1774, por su parte, revalidó y posicionó la protección de los animales en la agenda nacional al modificar el Código Civil declarando a los animales como seres sintientes que “no son cosas”16; y normativizó las cinco libertades asociadas al bienestar, reforzando la protección animal como principio enlazado a la solidaridad social y, sobre todo, elevando a la categoría de delito ciertas conductas de maltrato animal.

Estos hitos normativos, la nueva legislación protectora y buena parte de la jurisprudencia que ha venido abriéndose paso en Colombia permiten percibir una línea bienestarista. Dado que en el Congreso suelen recogerse en buena medida las demandas de movimientos animalistas, las exposiciones de motivos de las iniciativas legislativas suelen inspirarse en un bienestarismo no especista e incluso en el reconocimiento de derechos.

En cambio, la jurisprudencia —sobre todo la constitucional—, más atada al sistema vigente, con todo y sus insólitos giros, ha venido diseñando una suerte de bienestarismo antropocentrista con visos ecologistas. Así, la Corte Constitucional ha reconocido (i) un deber moral y solidario que se predica del comportamiento digno de los humanos con los animales, enlazándolo con (ii) un deber de protección de la fauna a partir de la protección del medio ambiente, del mantenimiento de la biodiversidad y del equilibrio natural de las especies, como parte de su línea interpretativa que considera que la colombiana es una “Constitución ecológica o verde”17. En recientes decisiones, además, esta Corte ha desestimado una línea de reconocimiento de derechos18, desechando también las líneas intentadas por algunas decisiones del Consejo de Estado19.

En este nuevo panorama, los “estudios de derecho animal” han venido despertando mayor interés entre el sector académico colombiano. Existen ya algunas obras monográficas destacadas que brindan interesantes recuentos de enfoques históricos y teóricos20, y junto a estas se advierte un creciente número de artículos especialmente interesados en el trasfondo teórico de ciertas decisiones judiciales21. Estos trabajos han impulsado el interés que también empieza a constatarse en estudios que abordan escenarios de protección jurídica de los animales en concreto, como los que se pasan a tratar.

Conductas punibles

Delito de maltrato animal

En 2016, la Ley 1774 criminalizó por primera vez en el país el maltrato animal como un delito autónomo. Para hacerlo, la iniciativa legislativa tuvo que adaptarse a la fórmula jurídica de protección que ha venido defendiendo la Corte Constitucional, esto es, la que establece que la protección de los animales deriva de la protección constitucional del medio ambiente. De ahí que en su exposición de motivos el proyecto afirmase que la finalidad de la reforma no sería solo la protección de los animales: “[…] sino la protección de un medio ambiente saludable para el hombre […]”22.

Dado que el sistema jurídico-penal colombiano está fuertemente influenciado por el modelo alemán, el Código Penal suele dividirse por títulos, y su más o menos respetada técnica legislativa implica que estos se relacionen con el bien jurídico que buscan proteger. Así, la Ley 1774 incluyó un nuevo título en el Código Penal, ubicado junto al título de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Este declara la protección, a la manera de bien jurídico, de “la vida, la integridad física y emocional de los animales”23. Sobre este controversial bien jurídico no se ha pronunciado aún la academia penalista local24, aunque en países con sistemas similares ya viene abriéndose la discusión25.