Lorenzo Antonio Bonilla Ballesteros - Protección de los animales en Colombia

42Sentencia de Tutela 296 de 2013.

43Auto 025 de 2015.

44Revisión de Proyecto de Consulta Popular con radicado 250002341000201501557-00 de 2015.

45Sentencia de Tutela 121 de 2017.

46Auto 031 de 2018.

47Cfr. Sentencia de Unificación 056 de 2018.

48Sentencia de Constitucionalidad 041 de 2017.

49Auto 547 de 2018.

50Sentencia de Constitucionalidad 133 de 2019.

51Presentado por el representante Juan Carlos Losada Vargas, Proyecto de Ley 64 de 2018, “por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”.

52Congreso de la República de Colombia. Ley 17 de 1981. Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”, suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973. Enero 22 de 1981. do 35.711.

53Y la creación de un título de delitos contra recursos naturales y el ambiente por la Ley 491 de 1999. Un repaso histórico y uno de los pocos estudios, si bien dogmático, de la figura delictiva puede consultarse en: María del Pilar García Pachón. El ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Una lectura desde el derecho ambiental. Eds. Óscar Darío Amaya Navas y María del Pilar García Pachón. Derecho sancionatorio ambiental. Editorial Universidad Externado. (2013). Pág. 319-343.

54Congreso de la República de Colombia. Ley 1453 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. Junio 24 de 2011. do 48.110.

55Además de forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticos.

56Se trató del caso de una persona proveniente del norte de Colombia sorprendida en el terminal de Bogotá portando restos de por lo menos tres tortugas hicotea (Trachemys scripta) en una nevera que contenía también restos de otros animales, alegando su tenencia para consumo personal. Cfr. Sentencia SP3202 de 2018.

57Cfr. Tratado ya críticamente por: Carlos Alberto Jiménez Cabarcas. La protección del medio ambiente a través de los delitos acumulativos en el derecho penal colombiano. Derecho Penal y Criminología 104. 2017. Pág. 203-242; pero, en general, pensada en el extranjero: Lothar Kuhlen. Umweltstrafrecht — auf der Suche nach einer neuen Dogmatik. Zeitschrift fur die Gesamte Strafrechtswissenschaft 4. 1993. Pág. 697-726; Roland Hefendehl. ¿Debe ocuparse el derecho penal de riesgos futuros? Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto. Anales de Derecho 76. 2001. Pág. 147-158; Miguel Bustos Rubio. Delitos acumulativos y delitos de peligro abstracto: el paradigma de la acumulación en el derecho penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 70. 2017. Pág. 293-327.105

58La argumentación de este punto en la decisión de la Corte es muy pobre y confusa. Aunque parecía que invocaría un error de prohibición, destinó nada más que los dos párrafos finales de la decisión para concluir que había “falta de culpabilidad” sin desarrollar en absoluto ninguna figura de dogmática penal aterrizada al caso.

59Fiscalía General de la Nación. Datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación. 2020. Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/

* Este libro comenzó proceso editorial en octubre 2020 para su publicación.

60Entre algunas de las excepciones, véase: María del Pilar García Pachón, supra, nota 53; Hernán Miranda Abaúnza. Delitos contra el medio ambiente. El principio de precaución como criterio para la imputación objetiva. Grupo Editorial Ibañez. (2017).

61Cfr. Con distintos matices: Camilo Sampedro Arrubla. Consideraciones político-criminales en torno al derecho penal ambiental. Eds. Ricardo Herrera et al. Justicia ambiental: las acciones judiciales para la defensa del medio ambiente. Editorial Universidad Externado. (2001); Carmen Eloísa Ruiz López. Protección penal del medio ambiente. Derecho Penal y Criminología 81. 2006. Pág. 173-194; Martha Isabel Gómez Vélez. Aproximación al derecho penal ambiental: ideas para su abolición. Estudios de Derecho 72. Julio-diciembre 2015. Pág. 309-329.

62Sara Zuluaga García. Tráfico ilegal de fauna: una amenaza para los ecosistemas y su salud. El Tiempo. Abril 6 de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/trafico-ilegal-de-fauna-una-amenaza-para-los-ecosistemas-y-su-salud-481664

63Mabel Rocío Hernández Chávez y Jorge Enrique Linares Hamann. El tráfico de especies silvestres como empresa del crimen organizado. Revista Criminalidad 48. 2005. Pág. 338-348.

64Cfr. John M. Sellar. The UN’s Lone Ranger: Combating International Wildlife Crime. Whittles Publishing. (2014); Jiwen Chang. China’s Legal Response to Trafficking in Wild Animals: The Relationship between International Treaties and Chinese Law. AJIL Unbound 111. 2017. Pág. 408-412; Radha Ivory. Corruption Gone Wild: Transnational Criminal Law and the International Trade in Endangered Species. AJIL Unbound 111. 2017. Pág. 413-418; Kristen Stilt. Trading in Sacrifice. AJIL Unbound 111. 2017. Pág. 397-401; Michael J. Lynch y Paul B. Stretesky. Wildlife Trafficking, Smuggling, and Poaching. Routledge. (2017). Pág. 161-188; Organization for Economic Cooperation and Development (oecd). The Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia. oecd. (2019).

65Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estrategia Nacional para la prevención y control al tráfico ilegal de especies silvestres: diagnóstico y plan de acción ajustado 2012-2020. MinAmbiente. (2012).

66Entre otros, este haría del tráfico de fauna un tipo penal específico (no combinado como hasta ahora con recursos forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticos), introduciendo criterios agravantes en razón al impacto ambiental de la conducta. Cfr. Juan Carlos Losada Vargas. Proyecto de Ley 283 de 2019. Por medio del cual se sustituye el Título xi, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la Ley 599 de 2000.

67Fiscalía General de la Nación. Datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación. 2020. Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/

68Congreso de la República de Colombia, Ley 1453 de 2011, supra, nota 54.

69Sobre la normatividad para experimentación en Colombia, ver infra.

70Además de agentes biológicos o bioquímicos.

71Proyecto de Ley 283 de 2019, supra, nota 66.

72Más allá de algunos comentarios, como los de aquí, generales, cfr. Jorge Caldas Vera y José Manuel Díaz Soto. Lecciones de derecho penal. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Editorial Universidad Externado. (2019).

73Fiscalía General de la Nación. Datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación. 2020. Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/

74Defendida a su vez en este delito por: Jorge Caldas Vera y José Manuel Díaz Soto, supra, nota 72.

75Cfr. entre otros, Remberto Torres Rico. Delitos y contravenciones como factores de criminalidad y de perturbación de la convivencia social. Revista Criminalidad 1. Enero-junio 2008. Pág. 85-98.

76En proyecto de ley, el Ministerio de Justicia intentó crear un título de contravenciones penales para la figura del acusador privado. Si bien la ley sí aprobó la figura de la acusación privada en el país, un tal título de contravenciones no prosperó. Cfr. Congreso de la República de Colombia. Ley 1826 de 2017. Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. Enero 12 de 2017. do 50.114.

77Debe aclararse, no obstante, que existen más relacionadas con animales. En este texto serán tratadas algunas de estas, sobre todo derivadas del epa de 1989 y su reforma con la Ley 1774 de 2016.