Eduardo Valencia Hernán - La transición española

La llegada al poder de los nuevos líderes socialdemócratas europeos, Olof Palme141 y Willy Brandt142, supuso un fuerte impulso a la ardua tarea de los partidos de oposición en la lucha antifranquista. El gobierno por su parte estaba ocupado en aquellos calurosos días en solucionar el escándalo más llamativo al que tuvo que enfrentarse en los últimos tiempos, el llamado caso Matesa143.

La CCFPC valoró este acontecimiento como la evidencia de la corrupción generalizada dentro del régimen y la falsedad del mito del desarrollo español basado en una orientación puramente coyunturalista144. Sorprendentemente, la coordinadora recogió esta particularidad social como un asunto secundario ante la llegada de un nuevo 11 de septiembre, el día de la Diada Nacional de Cataluña, y a tal efecto repartió un folleto explicativo exigiendo el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 como base de partida para que el pueblo de Cataluña pudiese decidir libremente su futuro, reivindicando a la vez el derecho de autodeterminación para el resto de los pueblos de España145.

A finales de octubre, Franco dio a conocer el nuevo gabinete gubernamental con tres nuevas incorporaciones, todos procedentes del Opus Dei: Gregorio López Bravo (Asuntos Exteriores), José Mª López de Letona (Industria) y Alberto Monreal Luque (Hacienda). El almirante Luis Carrero Blanco conservaba la Vicepresidencia, mientras que Tomás Garicano Goñi pasaba de gobernador civil de Barcelona (sustituido por Tomás Pelayo Ros) a ministro de la Gobernación en sustitución de Manuel Fraga Iribarne, que junto con José Solís Ruiz salieron del gabinete.

Como era de esperar, la oposición calificó a este nuevo gobierno como una maniobra continuista condenada al fracaso y cuyo fin no era otro que prolongar la dictadura, cortando el paso a la democracia e imponiendo el continuismo de un franquismo sin Franco. En la práctica, el programa del gobierno se concentró en una serie de iniciativas ligadas a la negociación con el Mercado Común Europeo, ya iniciadas por el anterior gabinete, en un sistema educativo más justo, en el fomento de la exportación, en la participación de la juventud en la tarea nacional, y la descentralización de funciones a favor de las corporaciones locales. Aparentemente era un programa ambicioso, pero pronto se observó que carecía de contenido democrático, ya que, tres meses después de su puesta en marcha, seguía existiendo una política represiva sin voluntad de aceptar algún tipo de amnistía y manteniendo a la vez ocupadas las universidades con fuerzas policiales146.

Ese mismo mes el gobierno puso en marcha el intento de implantar una nueva Ley Sindical; a este respecto, la CCFPC hizo público un comunicado manifestándose a favor de la libertad sindical que significaba el derecho de los trabajadores a organizarse libremente con independencia de los patronos, el gobierno y los partidos, presentando también semanas después una declaración de alternativa democrática como apoyo y en respuesta al acuerdo contra la represión suscrita por el Partido Comunista de Euzkadi, ETA y algunos sacerdotes progresistas vascos147.

En estas fechas esta nueva plataforma política comenzaba a hacerse notar por sus actividades en apoyo de la lucha obrera y por las libertades democráticas; sin embargo, no llegó a funcionar a pleno rendimiento hasta mediados de diciembre de 1969 y uno de sus primeros resultados fue la declaración, previo acuerdo, de la condición indispensable de que el sistema político del futuro tendría que ser el que el pueblo hubiera conquistado mediante la expresión auténtica de su voluntad148. Sus siete puntos programáticos fueron:

1. Libertades democráticas: libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de manifestación, sufragio universal y garantías individuales.

2. Amnistía general, que habrá de afectar las responsabilidades políticas hasta el momento de la promulgación de la amnistía.

3. Libertad sindical, que significa el derecho de los trabajadores a organizarse libremente, con independencia de los patrones, del gobierno y de los partidos políticos.

4. Derecho de huelga.

5. Adopción de medidas inmediatas para mejorar la situación de las masas trabajadoras y para resolver los problemas más urgentes que el país tiene planteados en los aspectos sociales y económicos: enseñanza, política de salarios, sistemas de trabajo, colegiación profesional, asistencia social, sanitaria y de previsión.

6. Restablecimiento del Estatuto Autonómico de Cataluña del año 1932, como base de partida para que el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro, reivindicando también el derecho a la autodeterminación que tienen el resto de los pueblos del Estado español.

7. Convocatoria de unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, las cuales, dentro del marco de libertades, derechos y garantías mencionadas en apartados anteriores, configurarán para el futuro las instituciones políticas del Estado español, poniendo fin al periodo provisional149.

Sin duda, el punto de inflexión en la actividad unitaria en Cataluña fue la constitución en 1969 de la CCFPC, sobre la base de un programa que ofrecía una alternativa democrática a la dictadura. Desde su fundación esta coordinadora estuvo formada por sectores ampliamente representativos de la oposición democrática catalana, siempre y cuando fueran afines a la identidad catalanista, proponiendo una auténtica alternativa de libertad y de democracia frente al régimen franquista y ofreciendo una positiva perspectiva de futuro.

Sin embargo, fue en el III Congreso del PSUC, celebrado en febrero 1973, cuando Gregorio López Raimundo en el informe del Comité Central, presentó dentro de su informe general un apartado clarificador sobre la tarea ejercida por la CCFPC a través de sus años de existencia. En el documento se hacía referencia a que las fuerzas políticas catalanas habían dado pasos importantes en la coordinación de su acción y ocupaban un lugar de vanguardia en la búsqueda del acuerdo general de la oposición española que los comunistas denominaban Pacto para la Libertad y que, para apreciar esos progresos alcanzados, bastaba recordar que el II Congreso del PSUC había hecho un llamamiento a todos los partidos y grupos de oposición catalana para elaborar juntos un proyecto de programa de alternativa a la dictadura. A continuación, se afirmaba que desde hacía años el PSUC mantenía relaciones amistosas con el MSC, el FNC y otros grupos políticos; no obstante, solo después del II Congreso se dieron pasos serios hacia la unidad de las fuerzas políticas en Cataluña, desplegándose una actividad persistente y organizada, dirigida a lograr la unidad de toda la oposición española.

Seguidamente se describía cómo, poco después del II Congreso, se había creado en Barcelona la Mesa Redonda (Taula Rodona), que funcionó como una Comisión Cívica abierta en la que se encontraban dirigentes y personalidades de la más diversa significación, y que durante esos años promovió formas de lucha y de organización unitarias, como la Comisión de Amnistía y la Comisión de Solidaridad, que eran parte integrante del complejo de relaciones unitarias existentes en Cataluña.

La favorable acogida dispensada en medios tan distintos a la alternativa democrática propuesta por la CCFPC, fructificó en el proyecto de organización de la Asamblea de Cataluña concebida por la CCFPC como un posible marco de diálogo, de confluencia y coordinación de esfuerzos, no solo de los partidos políticos, sino también de los movimientos sociopolíticos de oposición y de todas las organizaciones, entidades y personas interesadas en el cambio democrático prefigurado en el programa de alternativa de la CCFPC. A su vez, esta organización buscó y mantuvo formas de relación bilateral y multilateral con partidos y grupos de la oposición que no estaban en ella, como la Federación Catalana del PSOE, el PSAN, los carlistas, los monárquicos, Bandera Roja, el PCE (m-l), etc. La Coordinadora se esforzó asimismo por relacionarse y discutir su plataforma de alternativa con los partidos y grupos de la oposición democrática de las demás tierras de España. Con este fin, representantes de la CCFPC se desplazaron a Madrid, Valencia, Canarias, Baleares, Zaragoza, Galicia, Euzkadi, Sevilla y otras partes de España, y de esta forma se consiguieron establecer relaciones con organismos unitarios o de coordinación de la oposición antifranquista de diversas zonas del país, intentándose concluir en un pacto entre toda la oposición española para crear formas de coordinación a escala de toda España150.